Desde el Auditorio del Edificio Moneda Bicentenario en la comuna de Santiago la Presidenta Michelle Bachelet encabezó este lunes la ceremonia de entrada en vigencia de la Ley Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, una de las principales iniciativas de la Agenda de Probidad y Transparencia que impulsa el gobierno.

"Los ciudadanos nos han exigido más transparencia y poner coto a la corrupción; y esta es nuestra respuesta como sus representantes", dijo la Mandataria en la ocasión, añadiendo que desde ahora "habrán "nuevas reglas del juego, severas y para todos los que ejercen cargos de dirección pública".

El objetivo de la ley es regular y prevenir los conflictos de intereses en la función pública y establecer mayores exigencias a las autoridades. Para esto, la iniciativa aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses, endureciendo las sanciones para quienes transgreden la norma.

¿Quiénes deberán declarar sus intereses?

Entre los sujetos que deberán declarar sus intereses - y que estarán bajo control ya sea de la Contraloría o de los sistemas internos de cada organismo- destacan el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules.

También se someterán a este proceso los consejeros del CDE, del Servel, del Consejo para la Transparencia, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Televisión, entre otros.

Asimismo los alcaldes, concejales y consejeros regionales, así como también los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

¿Qué deben declarar?

Los funcionarios públicos deberán declarar todos los bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes, entre otros aspectos.

Asimismo, los funcionarios que tengan un patrimonio en acciones o valores sobre 25.000 UF ($655 MM aprox) deberán delegar su administración a un tercero. Además, en caso de que altas autoridades tengan participación o posean empresas que provean servicios al Estado, tendrán que acogerse a un “mandato especial de cartera de valores”, figura también conocida como fideicomiso ciego.

Procedimiento

Para concretar este trámite, los funcionarios deberán completar un formulario electrónico único, disponible en el sitio web www.contraloria.cl, en tres diferentes momentos:

1) Al inicio de la función pública: Dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de asunción al cargo;

2) Durante el ejercicio de la función pública: Como actualización obligatoria anual, durante el mes de marzo de cada año, y no,

3) Al término de la función: Dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones.

Sanciones

Quienes no lo hagan o entreguen información incompleta e inexacta, arriesgan sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo, lo que no estaba sancionado en la normativa que operaba anteriormente.

Según expresó el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, "lo que estamos haciendo es poner en ejercicio una ley que nos obliga a todos los funcionarios del Estado a tener transparente lo que son nuestros intereses, nuestros dineros, a objeto de que nadie venga aquí a servirse en vez de servir".

"Cualquier enriquecimiento ilícito, cualquier acción que nos favorezca a nosotros mismos queda inmediatamente penalizada, esto está observado directamente por la Contraloría. La única forma en que la gente va a creer que de verdad las elites están acá para servir es que vean que no tenemos privilegio alguno", añadió.