Las claves del caso que remece a Arica

Casi por 20 horas se extendió la formalización de los 18 implicados en la supuesta red de corrupción que operaba en el municipio de Arica, acusada de cometer fraude con dineros municipales, cifra que asciende a los 3 mil 960 millones de pesos. Entre los imputados se encuentran seis concejales de distintos partidos políticos, el inhabilitado alcalde PPD de Arica, Waldo Sankán y un grupo de empresarios de la zona.

La Justicia determinó prisión preventiva para 16 imputados y arresto domiciliario para dos de ellos por ser considerados un peligro para la sociedad.

Según lo expuesto el día de ayer por Fiscalía, los hechos datan del año 2004 cuando la organización partió con los empresarios Jorge Frías, Rodrigo Ortiz, y el funcionario municipal Rodolfo Hernández a los que se sumó el inhabilitado alcalde de Arica, Waldo Sankán el año 2010, junto al ex funcionario Arnaldo Salas y el concejal Javier Araya. Todos ellos junto a concejales, funcionarios y ex funcionarios municipales están acusados de montar una red de corrupción en la zona que favorecía a empresarios. A cambio de los votos de los concejales se cancelaban sobornos que permitían la aprobación de los proyectos.

La fiscal Javiera López, sitúo a Sankán como el líder de la organización ya que se le acusa de gestionar votos con concejales para aprobar proyectos como por ejemplo el vertedero municipal, lavado de tarros de basura y la construcción de un parque acuático. Ninguno de esos proyectos cumplió con los estándares técnicos por los cuales se aprobaron los proyectos, y los dineros percibidos de manera fraudulenta habrían ido directo a las arcas personales de los imputados.

Los implicados promovieron la concesión de la empresa Asevertrans, propiedad de Frías y pagaron un proyecto de aseo ejecutado parcialmente, la indicación contemplaba la compra de 4.500 tachos de basura, pero sólo había 1.578 de estos.

Así se expuso por parte de la Fiscalía que por ejemplo, Sankán, remodeló su casa, pagaba la venta de una radio local y simuló la compra y venta de una propiedad por 30 millones de pesos a un pariente. Dicho dinero fue exigido por este para extender un contrato a Frías y a Araya. Así mismo habrían blanqueado bienes raíces y adquirido automóviles con dinero ilícito. Todas estas pruebas constan en una carpeta investigativa de 18 tomos.

El Ministerio Público formalizó a los 18 implicados por asociación ilícita, fraude al Fisco, cohecho y malversación de fondos, luego de cinco años de investigación. En la actualidad continúan las indagatorias por la situación del paruqe acuático.

Un nuevo implicado se entregó a la policía en horas de la noche, siendo identificado como el empresario Ruperto Ojeda, quien habría pagado 30 millones de pesos a Sankán para que este interceda en favor de su propuesta de mantención de áreas verdes.