Las claves del caso que tiene al Ministerio de Vivienda en medio de dos investigaciones

El 19 de abril, Magdalena Matte renunció al ministerio de Vivienda en medio del caso Kodama, que involucra a la cartera en el pago de $17 mil millones a esa empresa. Kodama exige el dinero por sobregastos en la construcción de un corredor del Transantiago en Avenida Pedro Aguirre Cerda.

La ex ministra, había entregado los antecedentes del caso al Ministerio público el pasado viernes 8 de abril, sin embargo, ello no bastó y dejó el cargo para evitar "un conflicto político innecesario", como ella misma dijo.

En forma paralela, la Contraloría realiza una investigación por el mismo caso, pedida por el senador del MAS Alejandro Navarro, y que debería tener una resolución en los próximos días.

Dentro de las pesquisas realizadas por la fiscalía Centro Norte, ya se han incautado computadores del Ministerio de Vivienda y el 13 de abril el fiscal José Morales interrogó al subsecretario de la cartera, Andrés Iacobelli. Revisa a continuación las principales claves de la controversia en que está implicado el Ministerio de Vivienda.

El Consorcio de Construcciones Kodama Ltda. se adjudicó en noviembre de 2006 la construcción del corredor del Transantiago en Av. Pedro Aguirre Cerda, por un monto de cerca de $25.500 millones. Este monto creció más tarde debido a una serie de cambios en el proyecto, que no estaban contemplados, llegando a más de $31 mil millones.

La empresa debía terminar los trabajos en 2007, pero tuvo que modificar los planos originales, según ellos hubo 130 modificaciones al proyecto, lo que habría generado los sobrecostos que fueron aprobados por el Serviu. Finalmente, la obra fue terminada en mayo de 2010, 899 días más de lo que establecían los plazos iniciales.

En julio de 2010 la Contraloría falló en contra de un pago adicional de $7 mil millones a Kodama, por considerar que no se ajustaba a derecho. La resolución hace referencia a un colector de aguas lluvia en el sector de Lo Errázuriz, que fue encargado a Kodama en forma adicional a la construcción del corredor del Transantiago en febrero de 2010.

La Contraloría estimó que no correspondía el pago, ya que la construcción del colector debió ejecutarse mediante una licitación independiente, y además señala que no debía pedirse una indemnización por el total de la obra, sino que por cada tramo. Para ese tramo específico, se fijó un pago de $95 millones.

En este fallo se basa el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien señala que no se debió negociar nada más con la empresa.

Kodama calculó que los sobrecostos por la construcción del corredor del Transantiago ascendían a $41 mil millones adicionales, los que debían ser cancelados por el Serviu. En diciembre de 2010, realiza una primera demanda por el pago de esa cifra. Sin embargo, antes del vencimiento del plazo fijado por el 10° Juzgado Civil de Santiago para un comparendo de avenimiento, la ministra Magdalena Matte toma conocimiento del Decreto Exento N° 8.

Ese decreto había sido visado por el asesor jurídico de la ministra, Alvaro Baeza. Tras la firma de Matte, se sella el acuerdo por el cual Kodama desiste de toda acción legal por el pago de $17 mil millones.

La demanda por $41 mil millones interpuesta por Kodama, se sustentaba en un estudio encargado y pagado por la misma empresa, del Dictuc de la Universidad Católica. Por esto, en el ministerio se consideró que llegar a un acuerdo que cubría el 40% del total era beneficioso.

El 25 de enero se registró la transacción en una notaría entre un representante de Kodama y el director del Serviu, Antonio Llompart.

Al volver de vacaciones, el subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli toma conocimiento del decreto firmado por la ministra Matte. Entonces, analiza los antecedentes y cuestiona el sustento para cancelar los $17 mil millones. Se lo hace ver a Matte, quien decide paralizar la tramitación del decreto.

Entonces, la ministra decide ordenar un estudio anexo al Idiem de la Universidad de Chile, y se ordena un sumario interno dentro de la cartera. Además, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola. Según indicó la ministra el sumario no alcanzó a determinar responsabilidades porque los antecedentes fueron solicitados por la Contraloría.

En marzo de este año el senador del MAS, Alejandro Navarro presentó los antecedentes a la Contraloría, pidiendo una investigación del caso, aludiendo a una falta de probidad dentro del Ministerio.

Por su parte, la ministra Magdalena Matte envió el pasado 8 de abril los antecedentes al Ministerio Público. La fiscalía Centro Norte está a cargo de la investigación del caso. Dentro de las diligencias, el martes 12, el fiscal José Morales ordenó la incautación de los computadores pertenecientes al director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart.

Según dijo la misma ministra, también se requisaron los computadores de Mirna Jugovic, jefa de la División Jurídica del Ministerio; Guillermo Rolando, subsecretario subrogante, y Alvaro Baeza, ex asesor jurídico de la ministra.

La fiscalía interrogó el pasado 13 de abril, por cerca de dos horas al subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, siendo la primera autoridad en ser llamada por el fiscal Morales, tras la incautación de los computadores.

Por su parte, el abogado Alvaro Baeza, que se desempeñó como asesor jurídico del ministerio, y que había trabajado antes con Matte en empresas personales de la ministra, presentó su renuncia hace unos días a raíz del caso, la que fue aceptada.

La Contraloría tomó declaración a Magdalena Matte el lunes 18 de abril, como parte de la investigación.

El 19 de abril la entonces ministra Magdalena Matte presentó su renuncia indeclinable al Minvu, aludiendo a su responsabilidad política por el caso Kodama. Dijo que con su salida, evitaba un "conflicto político innecesario", cambiando así el escenario del caso. Sin embargo, se mostró dispuesta a colaborar tanto con la fiscalía como con la Contraloría.

Tras la renuncia de Matte, la Cámara de Diputados optó por rechazar, el 20 de abril, la idea propuesta por algunos parlamentarios de la Concertación de crear una comisión investigadora para el caso, por no contar con el quórum necesario para aprobar la idea.

Por su parte, el 25 de abril renunciaron a su cargo el director del Serviu, Antonio Llompart junto con el subdirector de la División Jurídica, Rafael Marambio, y el subdirector de Pavimentación y Obras Viales, Franz Greve.

Con estas dimisiones, quedan fuera de sus cargos los principales implicados en el caso, mientras se espera que la fiscalía y la Contraloría entreguen los resultados de sus respectivas investigaciones.