La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que termina con los "abusos del Dicom", una propuesta que se presentó durante el año 2010 y que ha contado con un amplio apoyo de la ciudadanía, llegando a juntar un millón de firmas de apoyo.
Entre las claves de este proyecto de ley, destaca una serie de beneficios para los ciudadanos que antes se veían perjudicados al encontrarse en los registros de Dicom, limitando su acceso a una serie de servicios, como salud, educación e incluso empleo.
PERDONAZO BICENTENARIO:
Entre las modificaciones que impulsa el proyecto de ley destaca el "Perdonazo Bicentenario", que implica la eliminación de los registros del Dicom de aquellas personas que mantengan deudas publicadas hasta el 31 de diciembre del 2011 y que sean inferiores a 2.500.000. En estos casos se borran los antecedentes, no la deuda.
SOLICITUD DE DOCUMENTOS:
También prohibirá a los servicios de salud (centros asistenciales, hospitales) la solicitud de documentos comerciales antes de prestar una atención médica. Esto también se aplicará para la contratación de servicios educacionales en todos sus niveles (pre escolar, escolar y superior).
En ese mismo contexto, el proyecto impide que los antecedentes comerciales sean utilizados para discriminar en el proceso de selección de personal o contratación para un determinado trabajo.
ELIMINACION DE REGISTROS:
Además, las empresas tendrán la obligación de eliminar de sus registros las deudas que hayan caducado o hayan sido canceladas. Para esto, tienen un plazo máximo de 72 horas.
La iniciativa prohíbe expresamente la publicación de registros comerciales de deudas repactadas, renovadas o que cuentan con convenio de pago. Además, establece que todas las empresas tendrán que contar con un responsable del manejo de datos. El nombre de esta persona deberá aparecer en la página web de la empresa, para que los afectados puedan dirigirse directamente a él en caso de un problema.
REGISTRO DE CONSULTA:
El proyecto también plantea que las entidades distribuidoras de datos tendrán que mantener un registro que indique que persona y porqué razón consultó los antecedentes comerciales de un individuo. Esto implica que cualquier persona podrá revisar, de forma gratuita, sus antecedentes comerciales.