1. LOS ESCASOS RECURSOS
Chile es uno de los países donde las familias financian, en mayor medida, la educación superior de sus hijos. En promedio, sólo el 17% de los ingresos de las universidades proviene de fondos públicos, según consigna la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde). Los recursos son escasos y no hay señales de que aumenten. De allí, el recelo por cuidarlos.

Del total de recursos públicos, los planteles privados, creados después de la reforma de 1981, sólo acceden a los fondos concursables de investigación y al Aporte Fiscal Indirecto (AFI), monto que entrega el Estado por matricular a los 27.500 mejores alumnos de la PSU.

Pero estos son una pequeña parte de los recursos públicos: en 2008, el AFI fue de $ 19 mil millones. El Aporte Fiscal Directo, en cambio -que sólo se reparte entre los 25 planteles del Consejo de Rectores (Cruch)- ascendió a $ 122 mil millones. El Cruch es poderoso: también administra la PSU, lo que lo pone como único interlocutor válido ante el Mineduc. Su composición es heterogénea: conviven planteles estatales, como la U. de Chile, y privados anteriores a 1981, como la UC.

Si las otras universidades privadas participan del consejo, tendrían que beneficiarse también con los recursos. Y eso, de momento, casi ningún rector de los planteles tradicionales está dispuesto a aceptarlo. Pero sólo en ese aspecto hay relativo consenso en el Cruch: la división de los recursos que llegan directamente a sus arcas explican, en gran parte, el debate de los últimos meses.

2. LOS DOS BANDOS
Hasta hace poco los integrantes del Cruch actuaban como bloque en la defensa de sus intereses. Sin embargo, en enero comenzaron los primeros signos de división. El rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, pidió un "nuevo trato" del Estado con las universidades públicas, solicitando que el Fisco financiara el 50% del presupuesto de estos planteles.

El reclamo no era al azar: el dinero público que llega a las arcas de las universidades del Cruch no distingue entre privadas o públicas. Un ejemplo: en 2006, según consigna la Ocde, los aportes fiscales a la U. de Concepción (privada) correspondieron a un 27% de sus ingresos. Para la U. de Chile, en cambio, sólo representaron un 12%. De allí que el organismo recomendara, junto con ampliar el Consejo de Rectores a las privadas, priorizar a los planteles estatales en la asignación de recursos públicos.

La petición de Pérez gatilló que en marzo, y sin avisar a sus pares, cinco planteles privados del Cruch crearan la red Cruz del Sur: las universidades Santa María, De Concepción, Austral, Católica de Valparaíso y la UC.

3. EL EQUILIBRIO DE FUERZAS
Este es un tema complejo y motivo de roces al interior del Cruch. La ventaja numérica la tienen las universidades públicas: ellas suman 16, mientras las privadas son sólo nueve. Además, las primeras suelen actuar como un bloque y, a través del llamado consorcio de universidades estatales, elevan peticiones como el "nuevo trato" de parte del Fisco.

Un desequilibrio importante que ocasiona, según fuentes del Consejo, que los privados se sientan con menos poder a la hora de negociar. Como sucedió, por ejemplo, cuando el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, encabezó la petición de dineros por $ 88 mil millones para jubilar a los funcionarios de las instituciones estatales. Tanta fue la molestia, que cuando Zolezzi pidió ayuda a los rectores, los de las privadas tradicionales condicionaron su apoyo a la participación que tendrían en los dineros.

La inferioridad numérica explicaría, en parte, la creación de la red Cruz del Sur. De allí los llamados de ésta a integrar sus filas a las instituciones particulares creadas después de 1981. En junio, el rector de la UC, Pedro Pablo Rosso, declaraba que estaban abiertos a recibir a otros planteles siempre que cumplieran con altos niveles de investigación y, que este grupo, lejos de querer desarmar al Cruch, se había creado para sacarlo de la "irrelevancia social" en la que estaba.

4. EL FACTOR ROSSO
El rector de la Universidad Católica ha sido uno de los protagonistas de las desavenencias del Consejo. Según diversas fuentes, fue uno de los impulsores de la Red Cruz del Sur y también de la idea de crear una instancia que agrupara a todas las universidades acreditadas, independiente de la fecha de su creación.

Sin embargo, su última jugada pública "se le fue de las manos", como señala un miembro del Cruch. El pasado 10 de julio, en la reunión que Universia organiza para todos los rectores, Rosso habría pedido la firma de varios rectores, entre ellos Zolezzi, de la Usach, y Sergio Bravo, de la U. de La Frontera, para que apoyaran la idea de abrir el debate para la inclusión de las privadas. La idea fue interpretada como la fundación de un nuevo bloque, algo que no todos los firmantes respaldaban.

El rector tuvo que dar explicaciones en privado a sus pares. Y aunque el impasse fue superado públicamente al otro día, Rosso debió dar otra señal de unidad al interior del Cruch, al asistir al consejo del pasado jueves en la Usach, reunión a la que habitualmente asiste el prorrector de la UC, Carlos Williamson.

EL MAPA DE LAS UNIVERSIDADES
Hasta 1981, todas las universidades del país, públicas y  privadas, participaban del Consejo de Rectores. La reforma de ese año permitió la existencia de nuevos planteles, a la vez que separó a los de regiones de sus casas centrales.

Así nacieron, por ejemplo, la Universidad del Bío Bío, derivada de la U. Técnica (hoy Usach); la Umce,  nacida bajo el alero de la U. de Chile; y planteles como las católicas de la Santísima Concepción y Del Maule, derivados de la privada Universidad Católica. Tanto el financiamiento público como la pertenencia al Cruch quedaron reservados para sus antiguos miembros y los que surgieron al alero de las casas centrales.

Por su parte, las nuevas universidades, creadas a partir de 1981, no participaron del Consejo de Rectores y sólo pueden acceder a fondos concursables y a los recursos que se entregan a quienes reciben a los mejores alumnos de la PSU. Entre las pioneras, figuran la Universidad Diego Portales y la U. Gabriela Mistral.

LAS RECOMENDACIONES DE LA OCDE
Ampliar financiamiento: Que en los recursos que se entregan directamente a los planteles se incluya a todas las universidades privadas acreditadas. Estos dineros deben estar relacionados con calidad, transparencia financiera y aranceles.

Diferenciar a las públicas: Las 16 universidades estatales debieran ser las únicas que reciban financiamiento directo a cambio de cumplir funciones de bien público, como programas de posgrado en investigación que necesitan infraestructura costosa.