La suerte del presidente paraguayo, Fernando Lugo, se definiría esta tarde en un juicio político impulsado por aliados y opositores que buscan destituirlo, mientras su equipo legal intenta demorar el proceso y los cancilleres vecinos bregan por una solución negociada. 

En un proceso inéditamente rápido de dos días que concluirá esta misma jornada, el juicio busca determinar si el mandatario incumplió sus funciones al permitir una mayor conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes pasado cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.

ACUSACIONES
Le atribuyen a Lugo responsabilidad en la violencia reinante en el país, y su presunta connivencia tanto con dirigentes del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como con líderes violentos de los "sin tierras".

Cuestionado por la firma del Protocolo "Ushuaia II", que según el diputado Cárdenas atenta contra la soberanía nacional, al permitir la intervención de otros países ante una simple denuncia del Presidente.

Acusado también de haber permitido una reunión de jóvenes izquierdistas latinoamericanos en un cuartel militar, siendo que las fuerzas armadas son apolíticas.

Acusado de presunta corrupción en el intento de compra de unas tierras para reforma agraria, cuyo acuerdo inicial ya fue firmado por él, y que fue abortado mediante denuncias de la prensa de su precio enormemente sobrefacturado.

Se le atribuye nepotismo.

JUICIO POLITICO
Por amplia mayoría la Cámara Baja aprobó el inicio del juicio político, propuesto el miércoles pasado por el opositor partido Colorado y apoyada por el, hasta ese momento aliado del gobierno, Partido Liberal  Radical Auténtico (PLRA).  En el Senado al mandatario le quedaría el apoyo de unos seis senadores de izquierda. La oposición sólo necesitan los votos de 30 de los 45 senadores para destituir al Presidente.

Si el ex obispo católico es destituido, el Partido Liberal Radical Auténtico, de la mano del vicepresidente Federico Franco, volverá a ocupar la presidencia del paí­s luego de 76 años.

ANTECEDENTE
El último juicio político a un mandatario fue en 1999 cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que el juicio concluyera, apunta Reuters.

UNASUR
El jefe de Estado recibió anoche el respaldo personal de los cancilleres de nueve paí­ses integrantes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). El venezolano Alí­ Rodrí­guez, secretario general de la organización, dijo: "Dentro de la recta administración de justicia está el debido proceso con todas las garantí­as para que un acusado pudiese defenderse, eso queremos en esta ocasión. El viernes nos reuniremos con el Parlamento y partidos polí­ticos para buscarle una salida no cruenta a la situación porque en casos así­ los hechos a desencadenarse son imprevisibles".

En tanto, el Presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que la Unasur podrí­a "no reconocer al nuevo gobierno (paraguayo) e incluso llegar al cierre de fronteras como lo establece la cláusula democrática de Unasur. Internamente ellos pueden hacer lo que quieran, pero para ser reconocidos a nivel internacional depende de nuestra decisión". Añadió que "ojalá entendamos la gravedad del asunto, esta época estaba siendo superada en América Latina".