Desde que Evo Morales asumió el poder en enero de 2006, los sindicatos de cocaleros han sido su principal sostén. Pero también los mineros informales, llamados cooperativistas, cuya fuerza se calcula en más de 110 mil trabajadores en todo Bolivia. En los últimos días este sector ha puesto en jaque al gobierno del Presidente boliviano con violentas protestas y cortes de carreteras, al punto que la administración de Morales debió suspender el martes la discusión de una ley minera en el Congreso.
Son conocidos por sus cascos de tono dorado y su particular carácter. Los mineros cooperativistas están indignados, porque Morales les prometió aprobar una ley que luego fue modificada en la Cámara de Diputados. Ellos exigen que la normativa les permita asociarse con privados o transnacionales, algo que es rechazado por el gobierno.
Ambas partes iniciaron ayer un diálogo, que rápidamente se trabó, porque los mineros persisten en el bloqueo de caminos en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Hasta ahora, las protestas han dejado dos muertos, 132 heridos y tres vehículos de la policía quemados.
Según los analistas bolivianos, el tema tiene muy complicado a Evo Morales, en vista de las elecciones de fin de año en las que busca su segunda reelección. En ese marco se entiende la suspensión de la ley y el diálogo con los mineros informales, que, cuando Morales asumió la Presidencia, llegaban a 40 mil.
Los cooperativistas han sido protagonistas en Bolivia. En octubre de 2003 fueron clave en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. De hecho, esa crisis comenzó cuando un minero cooperativista murió después de que le estalló una dinamita que pretendía lanzar durante las protestas.
"Sánchez de Lozada dejó el gobierno al ver que miles de cooperativistas avanzaban hacia La Paz, dinamita en mano, para terminar de ahogar a esta ciudad, ya puesta en jaque por organizaciones de la vecina ciudad de El Alto", comentó a La Tercera el cientista político paceño Alvaro Zuazo.
Zuazo, ex corresponsal de The Associated Press en La Paz, sostiene que "la alianza entre Evo Morales y los mineros cooperativistas siempre fue un matrimonio por conveniencia, por interés. A cambio de tantos favores, Morales reclama la contraprestación: votos y constante apoyo a su estabilidad, incluso como fuerza de choque contra sectores rebeldes".
Se calcula que estos mineros informales ganan US$ 200 mensuales, por lo que viven en precariedad, la mayoría de las veces arrastrando y llevando la producción minera al hombro. A su vez, se estima que los cabecillas de los mineros informales pueden recibir US$ 15 mil, por lo que en este grupo suelen haber fricciones.
En 2008, los cooperativistas pasaron desde tener el 3% de las hectáreas concedidas para la explotación minera, al 11%. Además, el gobierno los eximió del pago del impuesto a las utilidades. Así, según el oficialismo, lo que exigían los cooperativistas podría generar que los privados se aprovecharan de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a este sector y se apropiaran de los yacimientos.
"Los cooperativistas son un grupo muy movilizado y violento. Probablemente el gobierno hará algunas concesiones y prebendas y negociará una salida", señaló a La Tercera el cientista político boliviano Sergio Molina, quien agrega: "Los cooperativistas son un sector que creció al calor del incremento de los precios del mineral, pero cuando baje disminuirán radicalmente".
En medio de este clima, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Alejandro Santos, lanzó ayer una dura advertencia: "Los bloqueos se radicalizan al ciento por ciento, incluso con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, de manera general hasta hacer prevalecer nuestros derechos".
