El pasado 10 de marzo, en los inicios de una crisis política marcada por los casos Penta, Caval y SQM, la Presidenta Michelle Bachelet presentó en La Moneda una comisión asesora contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. A esa instancia -que se compuso de 15 integrantes, encabezados por el economista Eduardo Engel- se le encargó elaborar una propuesta para regular, entre otras cosas, la relación entre la política y los negocios.

En medio de una alta expectativa, el pasado 24 de abril la comisión le entregó a la Mandataria un documento de 217 páginas, en el que se incluyeron 21 temas con numerosas propuestas. Entre ellas, requisitos para el financiamiento de partidos políticos, reinscripción de todos los militantes, eliminar los aportes de empresas a campañas y reducir los límites del gasto para todo tipo de elecciones.

Cuatro días después, Bachelet anunciaba, a través de una cadena nacional de televisión, una batería de iniciativas, enmarcadas en lo que se definió como una potente agenda de probidad y transparencia que -recalcó la Presidenta- marcarían el “legado” de su gobierno.

Hasta ahora, el Congreso ha aprobado iniciativas clave, como la reforma que le otorga autonomía al Servel y el proyecto que endurece los principios de probidad para funcionarios públicos.

Sin embargo, transcurridos casi cinco meses desde el anuncio de Bachelet, la discusión y tramitación de los distintos proyectos en el Congreso ha generado varios cuestionamientos de los propios miembros de la comisión Engel, quienes han evidenciado diferencias sobre cómo quedarán finalmente establecidas las nuevas regulaciones, en comparación a lo que ellos propusieron en abril.

El propio Engel ha emitido críticas, entre otras, hacia lo que considera una reticencia del mundo político a iniciar la reinscripción del padrón electoral de los partidos, mientras que otros integrantes de la comisión han exteriorizado sus reparos por los tiempos legislativos. La abogada Olga Feliú dijo hace algunas semanas que “he visto un grado de avance lento en la tramitación”.

Inconvenientes para nuevos partidos políticos
En el tema específico de los aportes económicos que pudieran hacer personas naturales a un partido o a una campaña, la comisión Engel tuvo dos posturas. El 50% de sus miembros propuso que las donaciones fueran públicas. El otro 50% de los integrantes -entre los que se encontraba su presidente, Eduardo Engel- propuso, en cambio, mantenerlos como anónimos, pero reducir los montos actuales, para que estos no fueran mayores a UF 20.

El proyecto que se aprobó en la Comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado aceptó donaciones anónimas de personas naturales, pero con montos límites. Por ejemplo, para el rango de Presidente de la República se aprobó un máximo de UF 50; para senadores, UF 30; y para diputados y alcaldes, UF 20.

La comisión también planteó financiamiento público a  los partidos por dos vías: un aporte basal repartido de manera igualitaria entre todos aquellos legalmente constituidos y un aporte variable ligado a la representación y repartido proporcionalmente de acuerdo a la votación en la última elección de diputados.

“Propusimos que se diera un 20% a los partidos legalmente constituidos, y 80% a repartir en proporción a los votos de la última elección de diputados. Lo que quedó es un mecanismo que perjudica bastante a los nuevos partidos”, explica Claudio Fuentes, miembro de la comisión.

De hecho, lo que se estableció en el proyecto del Ejecutivo es que el financiamiento se entregue a aquellos colectivos con representación parlamentaria. Es decir, deja fuera a partidos que no cuenten con legisladores, aunque tengan alcaldes y/o concejales.

Durante la tramitación incluso se han votado indicaciones aún más restrictivas, como que la representación parlamentaria deba lograrse  estando el partido que recibirá los aportes ya constituido. Si bien esta enmienda apuntaba a evitar la entrega de recursos a partidos fundados por parlamentarios que fueron elegidos siendo militantes de otra tienda, también afectaría a independientes que posteriormente a su elección lograron la institucionalidad de sus movimientos.

Las deficiencias del padrón electoral
La comisión Engel profundizó en sus conclusiones sobre la actual compra de armamento a través de fondos de la Ley Reservada del Cobre, que asigna el 10% de las exportaciones de Codelco de manera equitativa entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas.La propuesta fue eliminar esta ley, argumentando que su uso "no es transparente" ni tampoco existe un control. La instancia sugirió preservar la confidencialidad sólo en casos específicos, "en base a criterios conocidos y formulados con la participación de expertos independientes".

Sin embargo, hasta ahora, tanto en el gobierno como en el Congreso reconocen que no hay ninguna iniciativa que recoja esa propuesta.

No hay proyecto
La comisión Engel propuso que los partidos políticos realicen una reinscripción  total de sus militantes, como requisito para acceder a financiamiento público. Esa iniciativa planteó, además, la propia Presidenta Bachelet el pasado 28 de abril, durante una cadena nacional.

Sin embargo, en el proyecto del gobierno sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que actualmente se discute en el Congreso, se plantea un proceso parcial: la reinscripción en al menos tres regiones contiguas de un número de militantes equivalente al 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados, cifra que no podrá ser inferior a 500 personas.

Como modificación, el Congreso debe votar una indicación para aumentar al 0,5% dicha cifra, que fue solicitado por diversos sectores para evitar la proliferación de colectividades.

Según la abogada María Jaraquemada, integrante de Espacio Público, la iniciativa es insuficiente. “El problema es que los padrones están bastante inflados. Del total de afiliados han votado  apenas un 15% en sus elecciones internas.

Además, hay casos de personas inscritas en los partidos sin siquiera saberlo, y también  existe el problema de los ‘caudillos’, que son personas que manejan padrones en sus zonas y sólo ellos tienen acceso a esos afiliados”, afirma.

No incluye parejas con separación de bienes
En el proyecto de Probidad en la Función Pública, el Congreso aprobó la iniciativa que amplía y hace más estricta la obligatoriedad de funcionarios públicos y autoridades de realizar una declaración de patrimonio e intereses. Dentro de otros aspectos, la norma exige que se declarare e individualice a todos los parientes directos, desde los nietos hasta los abuelos.

Sin embargo, un aspecto que propuso la comisión Engel y que no fue considerado era que se incluyera en la declaración de patrimonio todos los bienes e intereses del cónyuge o conviviente civil de la autoridad respectiva, independiente  del régimen patrimonial existente entre ellos.

La obligatoriedad de la declaración de patrimonio, sin embargo, quedó establecida sólo para cónyuges que estén casados en sociedad conyugal o conviviente civil en régimen de comunidad de bienes. Es decir, excluye a aquellas parejas con separación de bienes. Al respecto, según el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Leonardo Soto (PS), esto se debió a que “respecto a bienes separados, se estimó que jurídicamente no se puede obligar  a una persona a entregar información que no depende de ella, sino de otra persona con la cual tiene bienes separados”.

Ampliación ChileCompra
Si bien en el Congreso se ha avanzado en modificar el reglamento de ChileCompra, la comisión Engel propuso ampliar el uso del sistema de manera obligatoria al Parlamento, FF. AA. (salvo gastos complejos en armamento) y municipios. El gobierno no ha enviado un proyecto de ley en la materia y tampoco los parlamentarios han discutido la posibilidad. En este sentido, el presidente del Senado, Patricio Walker (DC), aclaró que hace un tiempo se propuso la utilización del sistema para ambas cámaras. Y agregó: "El Ejecutivo esta semana nos aprobó la propuesta. Esperamos que ChileCompra se incorpore en todas las compras del Congreso".

Identificar partidos
En las propuestas de la comisión Engel para las campañas políticas se incluyó la obligación para que los candidatos expongan, en la propaganda electoral, los logos de los partidos a los cuales pertenecen.

El documento propone que las imágenes de sus colectivos se instalen “en forma clara y visible, durante toda su propaganda electoral”. La iniciativa también incluía el avisaje radial. Además, se planteó administrar un servicio de transporte público gratuito en día de elecciones para evitar denuncias de “acarreos” de electores. Hasta ahora, no obstante, ninguna de esas propuestas ha sido acogida en la tramitación del Congreso.

Sin fiscalía especial ni consejo directivo fuerte
La comisión Engel proponía fortalecer el consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), junto con crear una fiscalía que centralizara la labor investigativa.

Sin embargo, ninguna de las iniciativas fueron acogidas: el Ejecutivo sólo definió fortalecer el rol del director ejecutivo de ese organismo, estableciendo mayor autonomía y nuevas facultades de fiscalización de gastos e ingresos de los partidos políticos y sus candidatos.

Según la abogada María Jaraquemada, “era importante enriquecer el poder del consejo directivo, porque de esa forma las cosas dependen de cinco personas, y no sólo de una”. A su juicio, “podría pasar que el director no tuviera la fortaleza para tomar decisiones o que fuera capturada por un sector político, situación que es más difícil con cinco integrantes”.

Además, la propuesta de la comisión Engel incluía que en la designación del consejo directivo se tomaran en cuenta aspectos técnicos de los profesionales. Esto, con el objetivo de evitar miembros “politizados”.

Así, se propuso que el Sistema de Alta Dirección Pública presentara una lista de candidatos a la Presidenta de la República, y que el nombre elegido por la Mandataria se ratificara posteriormente en el Senado. Sin embargo, en el proyecto actual no se consideró esta alternativa.