Diez meses de plazo tiene la fiscalía Metropolitana Sur para recolectar pruebas que acrediten la presunta responsabilidad de los tres imputados, formalizados hoy por colocación de artefacto explosivo terrorista.
Esto pese a que el ministerio público pedía un año para investigar los hechos.
Según explicó el fiscal con dedicación exclusiva para indagar los bombazos en la capital, Christian Toledo, el plazo para investigar se justifica, pues aún hay diligencias de largo aliento que están pendientes.
Entre ellas, dijo el persecutor, se encargará un acabado análisis del tráfico de llamadas de "varios" teléfonos móviles, incautados en los 6 domicilios allanados el día de la detención.
Además se pedirá peritajes a discos duros y pendrives encontrados en poder de los imputados, y se investigará su posible participación en atentados anteriores al ocurrido en el Metro Los Dominicos.
Según precisó Toledo, parte de las diligencia pendientes es realizar un avalúo al los daños en cada uno de los sitios del suceso, entre ellos el Metro los Dominicos, el centro comercial SubCentro de Escuela Militar, la 1° Comisaría de Santiago y la 39° Comisaría de El Bosque.
Otra de las pruebas que el ministerio público encargará dentro del plazo establecido por el tribunal, es un análisis genético y químico de las evidencias halladas en los lugares de los atentados.
Finalmente, la fiscalía manifestó que encargará al Servicio Médico Legal realizar informes siquiátricos y sicológicos a los tres detenidos, prueba a la que –en esta instancia- la defensa de los imputados se negó.
