INCERTIDUMBRE. Esa es la palabra que más se repite entre sostenedores y empresarios ligados al rubro de la educación. En poco más de 100 días, el gobierno presentó tres proyectos de ley que apuntan a cambiar el escenario legal que hoy rige a la actividad particular subvencionada.
La primera señal de alerta para el sector vino acompañada de la presentación de la misiva que crea la figura del interventor o administrador de instituciones de educación superior en crisis, que hoy se discute en la Comisión de Educación del Senado. Una iniciativa que también tiene impacto a nivel escolar, ya que reforma una institución que existe hoy en el sistema y que le permite a la Superintendencia de Educación designar un interventor para velar por los intereses de la comunidad escolar cuando ésta vea amenazada su continuidad de estudios o acompañar el cierre del colegio por un plazo de un año. De aprobarse la nueva ley, este plazo se podrá extender indefinidamente.
Entre los dueños de colegios particulares subvencionados reina la preocupación y, en algunos casos, la desconfianza. Es por esto que una vez que ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago, no pocos hicieron una asociación que inquieta. Sucede que esta última iniciativa define la educación como un derecho social y, por lo tanto, como una responsabilidad permanente del Estado. Es decir, ambas iniciativas enlazadas legalmente abren espacio para que algunos interpreten que el Estado, bajo el argumento de defender la continuidad de estudio de los alumnos, pueda condicionar la salida de aquellos sostenedores que decidan dejar la actividad académica.
El abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), Rodrigo Díaz, explica que la ambigüedad del texto abre espacio a estos riesgos: "El texto legal permite inferir que si tú quieres cerrar el colegio, tienes que reubicar a los alumnos y terminar con el servicio educacional. Si bien es una interpretación, tal como está la ley da para pensar así".
Para el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), Hernán Herrera, el temor de los sostenedores recae en que "esta posibilidad de cierre no sea tal y simplemente se tenga que seguir con el proyecto educacional hasta que egrese el último niño, lo que es ridículo, porque no son las condiciones que se pactaron en un comienzo".
El jefe de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, explica, sin embargo, que "la opción es absolutamente voluntaria. El Estado no puede obligarlo a hacer con su propiedad lo que queramos. Por lo tanto, no es nuestra intención que las opciones que estamos planteando no las puedan ejercer. Es una mala interpretación legal, porque no hay barreras de salida".
El abogado y director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe) de la U. Católica, Andrés Bernasconi, recuerda que el proyecto obliga a los sostenedores que persiguen lucro a convertirse en corporaciones y les da la opción de vender su infraestructura al Estado, bajo condiciones establecidas por el propio Fisco o, en caso contrario, podrá optar por la privatización o la salida del sistema. "De comprarla el Estado, éste fija el valor de acuerdo a la matrícula y no puede superar las 105 UF por estudiante. Las condiciones de esa venta son poco favorables para el sostenedor, porque se les paga a 12 años y no es el valor de mercado. Ahora, si quisiera salirse del negocio, tampoco tiene muchas salidas, porque con la propuesta del administrador provisional, la superintendencia queda habilitada para asignar a un 'interventor' para terminar con el funcionamiento del colegio, el cual es indefinido", detalla.
Ricardo Paredes, economista de la UC y experto en educación, agrega que "después que tasaron el colegio por un precio bajo el mercado, no le permiten al sostenedor vender ni gestionar por 14 años, hasta que termine de estudiar un alumno, por ejemplo. Entonces, el dueño tendrá que venderlo al precio que el Estado diga. La amenaza es muy grande".
En esa lógica nace la pregunta: ¿es mejor, entonces, vender antes que aprueben la ley? Según Bernasconi, "si quisiera salirse del rubro, le conviene hacerlo ahora".
Para ello, los sostenedores manejan tiempos acotados, ya que tienen plazo hasta el 30 de agosto para avisar sobre el cambio de modalidad de financiamiento en 2015, es decir, si dejan de recibir subvención y se traspasan a particular pagado. Ahora, si los sostenedores quisieran abandonar el rubro y dedicarse a otro negocio a partir de 2016, tienen fecha límite para informar al Mineduc hasta el término del año escolar, en diciembre. Para llevar a cabo el cierre, se debe avisar a los apoderados por lo menos con un año de anticipación. Una alternativa que ha sido analizada por el Mineduc y que aseguran no ocurrirá masivamente.
