En el aniversario número 18 de la creación del Ministerio Público, festejado el 17 de octubre pasado en la Fiscalía Nacional, el ambiente se sentía tenso. Más allá de la conmemoración por la "llegada a la mayoría de edad" del organismo encargado de la persecución en el sistema penal en Chile, la atención de varios directivos de la fiscalía estaba en la Sala Penal de la Corte Suprema.

Ese día se realizaban ante el máximo tribunal los alegatos por el amparo presentado por las defensas de los imputados de la denominada Operación Huracán, donde el Ministerio Público defendía las pruebas recabadas por Carabineros que permitieron detener a ocho comuneros mapuches sindicados como autores de una asociación ilícita terrorista que se coordinó para atentar contra camiones en la zona.

Un eventual revés judicial, o un "supremazo", como le llaman los abogados, en la entonces exitosa investigación originada con información recabada usando la Ley de Inteligencia era observada atentamente por las autoridades del Ministerio Público. Por primera vez en la zona se concretaban diligencias de detención y allanamientos usando información que fue liberada por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) y que fue validada por autorizaciones de medidas intrusivas, tal y como sostiene la legislación al respecto.

Ya casi finalizaba el vino de honor ofrecido a los asistentes cuando llegó hasta el recinto ubicado en calle Catedral 1437, pleno centro de Santiago, el abogado Pablo Campos. "¿Cómo te fue, Pablo?, le preguntaron. El jefe de la Unidad de Recursos Procesales de la Fiscalía Nacional levantó las cejas y con un gesto con hombros y manos alzadas demostró su incertidumbre.

Dos días después, el máximo tribunal acogió el amparo presentado por los defensores penales de los comuneros y liberó a los imputados de la Operación Huracán, incluido Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien ya desde ese entonces acusaba un montaje en su contra.

El "supremazo" caló hondo en el Ministerio Público. A eso se sumaría el 25 de ese mismo mes la absolución de los 10 acusados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, fallo que, además, contenía una dura crítica por parte del Tribunal Oral de Temuco a las pericias desarrolladas por Carabineros en el sitio del suceso y actuaciones de la policía, dirigidos por la fiscalía de la zona, con presunta infracción de garantías constitucionales.

La orden en el Ministerio Público fue clara: había que mejorar la calidad de las evidencias en las indagatorias por violencia rural. Y se decidió volver a requerir las órdenes de detención de los imputados de "Huracán", pues el máximo tribunal acogió los amparos por una vulneración del proceso, sin pronunciarse sobre la licitud o calidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Estas eran, según la formalización, principalmente conversaciones de mensajería WhatsApp y Telegram que Carabineros había interceptado desde los dispositivos tecnológicos de los imputados.

La fiscalía ya no estaba para un nuevo revés, por lo que -para asegurarse- llegarían ante el juez de garantía con múltiples peritajes a los celulares, computadores y tablets incautados. Pero los requerimientos de información a la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE) de Carabineros -rama de Inteligencia que trabajó el caso- comenzó a evadir las respuestas. Los fiscales querían hacerse, ya no sólo de los informes en papel de los peritajes informáticos, sino de los respaldos digitales forenses. Pero las respuestas no llegaban.

El 13 de noviembre pasado, el fiscal Felipe González pidió 27 diligencias a la UIOE con un plazo de 20 días. Un mes después, la policía pidió ampliar el período para responder al Ministerio Público y se le otorgaron 20 días más, sin embargo, tampoco hubo resultados.

Las alertas del Ministerio Público se activaron y se le pidió cuenta a Carabineros. Hasta hoy sólo se respondieron tres de las diligencias, quedando pendientes 24 pesquisas, lo que en la fiscalía fue calificado de "desidia" de parte de los uniformados.

El vuelco

El 28 de diciembre llegó a manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, un correo de Felipe González, uno de los investigadores de Alta Complejidad, quien estaba a cargo de las pericias de la Operación Huracán.

El asunto era de total gravedad. La Fiscalía Nacional enviaba los resultados de un peritaje encargado el 11 de diciembre, luego de que al revisar los informes y preinformes de la unidad de inteligencia se detectaran incongruencias. En un documento se encontraban plasmadas supuestas conversaciones entre los imputados presuntamente extraídas desde el teléfono móvil de Martín Curiche, pero en un segundo informe, otro oficial indicaba que no se habían encontrado "chats" al interior del dispositivo. La preocupación de los fiscales de La Araucanía escaló y llegó hasta la Fiscalía Nacional, dirigida por Jorge Abbott.

Ese mismo día, el jefe de inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, libera una nueva información. El informe N° 202 de inteligencia establecía que una abogada asistente de la Alta Complejidad de Temuco estaba presuntamente filtrando diligencias a uno de los imputados. El modus operandi coincidía con el utilizado para inculpar a Llaitul y los otros siete detenidos: la policía había interceptado mensajería.

A diferencia de la vez anterior, la fiscalía abrió una investigación, designó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y éste decidió personalmente incautar el celular de la funcionaria. Pero se perició el aparato y no se hallaron las conversaciones registradas en el informe del general de Inteligencia. Tampoco los presuntos "chats" en que se develaba una supuesta relación sentimental con su superior, el jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo, quien la habría estado encubriendo.

Investigador y funcionaria denunciaron ser objeto de una calumnia por parte de los uniformados y Arroyo se querelló el 20 de enero, acusando un montaje que busca perjudicar su carrera.

El 28 de diciembre, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Crimen Organizado, a través de un correo daba luces de que todo, al menos para el Ministerio Público, se trataría de un montaje. Tras analizar siete celulares incautados a los imputados, la Fiscalía Nacional concluía: "Hay irregularidad en la información entregada por Carabineros".

Usando un software de análisis forense (Ufed) "se pudo constatar la existencia de algunos archivos que no guardarían relación con las formas en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos", se lee en el informe. Las conclusiones de los documentos del Ministerio Público establecen que se encontraron cinco archivos de extensión "TXT" que no corresponderían a archivos de WhatsApp o Telegram, "sino que se trata de archivos de texto plano, es decir, formado exclusivamente por texto; sin ningún formato" y que no contenían "TimeStamp" (una marca temporal), ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería. Incluso, en el celular de Curiche había en cuatro directorios distintos la implantación de textos, lo que "se estima como irregular".

El espasmo era total. Paredes y su equipo, además de los directivos de la Fiscalía Nacional, evaluaron que estaban frente a una de las situaciones más graves de los 18 años del Ministerio Público, y en ese minuto la duda se apoderó del organismo: ¿Era posible que en Carabineros se estuvieran fabricando pruebas para inculpar a terceros amparados en la Ley de Inteligencia? Se decidió, entonces, realizar un segundo análisis a cargo de un perito externo.

El miércoles 24 llegó a manos de Paredes un segundo informe técnico. "Sólo dos de los equipos telefónicos incautados cuentan con aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp instalada, sólo uno de ellos con Telegram", se lee en el informe. Agrega que uno "no tiene ninguna aplicación de mensajería instalada". Este es uno de los dos celulares incautados a Llaitul que desde que fue detenido aseguró que no usaba WhatsApp.

A esto, se establece en el segundo documento, se suma que "tres de los archivos encontrados al interior del equipo telefónico marca Samsung NUE 2532861, de Martín Curiche Curiqueo, tienen fecha de registro en el equipo posterior a la fecha de incautación" y no corresponden a archivos de mensajería, ni de mensaje de texto SMS. También se estableció que los celulares fueron incautados el día de la detención -el 23 de septiembre, pasadas las 14.15 y que las supuestas conversaciones -que la fiscalía investiga fueron instaladas- se registran a las 20.50 horas y las 22.35 horas, cuando los dispositivos ya no estaban en manos de los imputados, sino de personal del Laboratorio de Criminalística de Temuco.

El jueves 25, la Fiscalía Regional de La Araucanía ingresó un escrito en que pide no perseverar en la investigación denominada Operación Huracán y se abrió la disputa con el Alto Mando de Carabineros -ya desgastado por las investigaciones por el megafraude de recursos fiscales- que desconcertó a La Moneda y que alcanzó un punto particularmente tenso cuando la institución uniformada impidió el allanamiento de un recinto en Temuco amparados en la norma que obliga a avisar 48 horas antes de realizar una pesquisa en un recinto militar.

La alerta de la ANI

La disputa golpeó al ministro (S) del Interior, Mahmud Aleuy. En septiembre pasado, Aleuy había puesto su capital político en juego para defender al interior del gobierno la estrategia policial en La Araucanía, incluso sosteniendo un inédito impasse con la Presidenta Michelle Bachelet.

La querella presentada por el fiscal Arroyo en contra de la Inteligencia policial sorprendió a Aleuy en medio de una reunión con la mayoría de sus colaboradores en Interior. El ministro (S) pidió a todos salir del despacho, con la excepción del director jurídico de la cartera, Luis Correa Bluas; a su jefe de asesores, Guillermo Miranda, y al director (S) de la División de Investigaciones.

Para evitar tomar inicial partido por una de las dos instituciones en batalla, la decisión era exigir que se investigara a fondo –tanto a nivel del sumario interno en Carabineros, como en el proceso judicial abierto por la fiscalía-, y con la mayor celeridad. Ante sus colaboradores, Aleuy debió reconocer que tenía muy poco margen de acción, debido al poco tiempo que resta para el cambio de autoridades. Y aunque se evaluó el regreso anticipado del ministro Mario Fernández de sus vacaciones, al cierre de esta edición eso no se había concretado.

Según fuentes de Interior, el ministro (S) estaba molesto con el director de la ANI, Gustavo Villalobos. El organismo de inteligencia le había entregado la primera señal de que algo no estaba bien, pero no había alertado al gobierno de la magnitud de las eventuales irregularidades que habría cometido Inteligencia de Carabineros en el manejo de los WhatsApp relacionados con la Operación Huracán.

Días antes, la ANI había descartado la existencia de una filtración de antecedentes relacionados con la causa mapuche desde algún computador de la Agencia Nacional de Inteligencia. El sumario realizado por el organismo estableció que el IP del computador al que hacía referencia Carabineros no pertenecía a la ANI, como tampoco se había podido identificar la identidad del supuesto informante de los dirigentes mapuches. El jueves 25, en el marco de la querella presentada por el fiscal Arroyo, funcionarios de la PDI realizaron diligencias en las oficinas de la ANI para corroborar ese hecho.

Pero lo que la ANI no advirtió al gobierno es que, al parecer, todos los WhatsApp incautados por la Dipolcar para sustentar la Operación Huracán serían falsos.

Desde que estalló la crisis, Aleuy ha mantenido contacto permanente con la Presidenta Bachelet. Para La Moneda, la crisis tiene un elemento adicional de preocupación. En febrero está agendado un viaje de la Mandataria a La Araucanía en el marco de sus giras regionales de despedida.

Bachelet, le habría dado instrucciones expresas a Aleuy de evitar al máximo que escale una confrontación entre el Ministerio Público y Carabineros, y que se hicieran todos los esfuerzos para bajar la tensión. En ese marco, Aleuy se contactó con Abbott y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos. "Que esto no se transforme en una guerra entre instituciones", les habría dicho a ambos.

La crisis fue abordada el viernes en el comité político de La Moneda. "De ser cierto (la manipulación de pruebas por parte de Inteligencia de Carabineros, denunciada por la fiscalía), estos hechos son graves", señaló la vocera de gobierno, Paula Narváez, al término de la cita.

"Si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda", había afirmado horas antes Aleuy.

Pero -al cierre de esta edición- la situación estaba lejos de calmarse. Poco después de que el propio general Blu defendiera la investigación de la Operación Huracán, el ministro (S) debió intervenir para que Carabineros accediera a que miembros de la PDI ingresaran e incautaran computadores desde las Unidades de Inteligencia de Temuco y Labocar, donde supuestamente se habrían confeccionado las cuestionadas pruebas en contra de los comuneros inculpados.

Mientras en fiscalía insisten -en privado- que el quiebre hace insostenible trabajar en conjunta con la policía uniformada, desde Carabineros se señala que las pruebas son veraces y que el caso volverá a dar un giro, tal como ocurrió en Arica, cuando se acusó a un grupo de oficiales de narcotráfico, estuvieron un año presos y, posteriormente, fueron absueltos.

Según fuentes de La Moneda, Aleuy, quien no se tomará vacaciones, también intentó comunicarse con el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, pero éste está fuera del país.