Ayer se aprobó con 11 votos a favor y una abstención la primera etapa del Proyecto de Hidroaysén, correspondiente a la instalación de cinco represas. Sin embargo, aún quedan varias etapas en su tramitación, incluyendo la segunda fase del proyecto, que incluye el cableado que atravesará ocho regiones del país.
Luego de la votación de ayer en el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén, SEA, el director subrogante de la entidad, Bolívar Ruiz, debe formular la Resolución de Calificación Ambiental, RCA.
El plazo para entregar la RCA es el 16 de mayo, donde concluyen los 180 días generales que tiene el proceso.
El informe será entregado a las organizaciones con personalidad jurídica y naturales que realizaron observaciones al proyecto, es decir se incluyen a las seremis, a las personas que hicieron observaciones ciudadanas, además de la misma firma HidroAysén.
Luego existe un periodo de apelación de 30 días, donde las ONG y la empresa pueden presentar una reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La reclamación es vista por un comité de ministros que tiene como plazo 60 días hábiles para resolver.
En este comité participan las carteras de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Economía, Energía y Minería. En esta instancia, Laurence Golborne, en su calidad de biministro, votará en representación de dos carteras.
En caso de que no exista un acuerdo, las partes en contra pueden presentar un recurso de protección ante los Tribunales de Justicia y si tampoco queden satisfechos con las respuestas, pueden recurrir a organismos internacionales.
La abogada Macarena Soler, coordinadora legal del Consejo de Defensa de la Patagonia, explica que "estamos preparando una batería de acciones destinadas a impugnar los actos que se están llevando a cabo en la comisión de evaluación ambiental", ya que, según la profesional, la votación de ayer "es la culminación de un proceso que es una verdadera farsa que no resguarda los derechos de los ciudadanos".
Soler explicó que las principales líneas de acción que serán presentadas son "nulidades de derecho público, en los tribunales ordinarios, recursos de protección, que serán presentados en la Corte de Apelaciones y las reclamaciones pertinentes al proceso administrativo en las instancias correspondientes".
Finalmente, los mismos pasos se deberán seguir, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental vote la segunda parte del proyecto relacionada con las líneas de transmisión.
Este proyecto afecta a ocho regiones del país, incluye más de 2 mil kilómetros de cableado y deberá existir participación ciudadana para su aprobación en todas las localidades que serán atravesadas por el tendido eléctrico.
