La madrugada del 3 de diciembre de 1984, los habitantes de la ciudad de Bhopal (centro de India) sintieron el calor del infierno. Unas 27 toneladas de gas tóxico se propagaron por esta ciudad del centro de India después de un escape en la fábrica de pesticidas de la compañía estadounidense-india Union Carbide. Al paso de la nube letal, la gente caía desplomada sobre el suelo con la sensación de estar abrasándose.
Champa Devi Shukla, de 62 años, estaba durmiendo en su casa cerca de la fábrica. Cuenta que un vecino llegó corriendo y casi sin aliento para despertarla en plena noche. "Cuando abrimos la puerta, el gas entró de golpe en la casa", recuerda. El dolor era tal que la gente gritaba "Dios, dame la muerte" mientras corría desesperada, una imagen que esta mujer no olvida. Murieron más de 3.000 personas la primera noche, 8.000 la primera semana y hasta 25.000 en total, según las asociaciones de afectados. 30 años después, algunas personas siguen muriendo por este hecho en una ciudad de casi 2 millones de habitantes.
Aquella masacre -el peor desastre industrial de la historia- afectó a más de medio millón de personas. Todavía hoy 150.000 sufren enfermedades crónicas, denuncian las organizaciones que les dan apoyo. No sólo por el gas. Toneladas de residuos tóxicos se filtraron al agua de la que se abastecen los habitantes de la zona. Durante años, 50.000 personas han bebido agua contaminada. Los afectados arrastran desde entonces problemas respiratorios, de estómago, de hígado o de riñón, trastornos alimenticios y menstruales, dolor en los huesos, parálisis, defectos en el sistema inmunológico y en la piel.
Son efectos que convierten en problemas las situaciones más cotidianas. "Mucha gente no puede trabajar. Otros no pueden cocinar porque el vapor les afecta. Los jóvenes dicen que no son capaces de tener relaciones sexuales y muchos afirman que sufren depresiones", dice Satinath Sarangi, que dirige la clínica Sambhavna, un centro que ha tratado gratuitamente a 45.000 víctimas de aquella fuga. En la actualidad atiende 200 pacientes al día que no pueden costearse el tratamiento médico de los centros privados. La gente no deja de llegar por más que pasan los años. Sus hijos también pagan las consecuencias de una tragedia que no vivieron. Son la segunda y tercera generación y no son reconocidos por el gobierno como víctimas del gas. "Están marcados por el veneno de Carbide", sentencia Sarangi, conocido en toda la ciudad por su activismo desde el principio.
Los estudios señalan que los hijos de padres afectados son más bajos, más delgados y con mayor probabilidad de padecer desórdenes que los no afectados. Las malformaciones son diez veces más comunes en el área contaminada que en el resto de India. Muchas familias de Bhopal, que no tienen ingresos, no pueden afrontar los gastos que supone una educación especial de este tipo.
El padre de Fátima quedó ciego por el gas cuando era joven. Ella tiene 3 años. Nació con parálisis cerebral y no se sostiene de pie, aunque no deja de reírse durante los ejercicios que realiza en el centro Chingari Trust, el único lugar que atiende de forma gratuita a estos niños. Allí acuden menores sordomudos o que padecen autismo, retrasos en el desarrollo, múltiple discapacidad o parálisis. En Chingari reciben rehabilitación y educación especial. "El objetivo es que sean independientes y tengan una vida lo más normal posible", afirma el administrador del centro, Tarun Thomas. Pueden pasar meses o años en ese lugar, hasta que los fisioterapeutas entienden que terminan su tratamiento.
Treinta años después, las víctimas reclaman un tratamiento médico auspiciado por el gobierno, hoy inexistente. Las ONG consideran que el Ejecutivo indio, demandante en el largo proceso judicial, ha dejado de lado a los afectados en favor de la compañía estadounidense que poseía el 51% de la fábrica de pesticidas. Su ex presidente, Warren Anderson, falleció en septiembre a los 92 años sin haber sido juzgado. Los activistas exigen que Dow Chemical, firma que compró Union Carbide en 2001, asuma una responsabilidad de la que se desvincula por completo. Hace tres semanas Dow esquivó una nueva citación judicial. "Dow Chemical se está burlando una vez más de las decenas de miles de víctimas y sobrevivientes de la peor catástrofe industrial de India", dijo recientemente Shailesh Rai, Director de Programas de Amnistía Internacional en India.
Los bhopalíes quieren que la empresa estadounidense limpie la zona. Los restos químicos siguen filtrándose al subsuelo y no existe una valoración oficial de su nivel de contaminación. Unas 300 toneladas de residuos tóxicos permanecen guardados en la fábrica abandonada, ahora propiedad del gobierno estatal. El lugar hoy se asemeja al escenario de una película apocalíptica. La vegetación es alta y cubre las construcciones oxidadas que aún se mantienen en pie. A sus alrededores, los niños juegan al críquet y las vacas y cabras pastan en un terreno envenenado.
Aunque en los últimos años el suministro de agua potable ha mejorado en los barrios cercanos a la fábrica, las asociaciones de afectados entienden que la situación está empeorando. El agua en la colonia de Atal Ayub Nagar era ya letal en 1999 y desde entonces se ha vuelto siete veces más tóxica. A la gente se le acaban los ahorros y sobrevive con la ayuda de los vecinos.
Las únicas compensaciones se acordaron en 1989. Según el Grupo de Información y Acción de Bhopal, el 93% de las víctimas recibió US$ 400, una cantidad insuficiente para afrontar los prolongados gastos médicos. Recientemente, el gobierno indio ha anunciado que aumentará esa cantidad y que realizará un nuevo recuento de afectados. Una promesa que no es nueva. Aún así, las víctimas han celebrado esta decisión que consideran una victoria. Pero saben que no es el final de su lucha.
