Nueva polémica por aviso de catástrofe  

La reciente polémica entre Onemi y Meteorología -sobre si esta última habría alertado a tiempo a la primera sobre lluvias intensas en el norte- trajo a la memoria, inevitablemente lo ocurrido el 27/F entre la oficina de emergencia y el Shoa.

Esta vez, la Onemi aclaró que recibió la información y que alertó el día lunes a las autoridades regionales y locales sobre  lluvias intensas y el riesgo de probables crecidas de río.  Desde el organismo argumentarón que tienen la capacidad para interpretar los datos que emiten las entidades técnicas y que en todo momento estuvo presente un especialista de la Dirección Meteorológica en los comités de monitoreo.

Para Alberto Maturana, ex director de la oficina "es evidente que hubo una descoordinación, pero yo no culparía a la Onemi, pues hay que reformularla". Para Maturana, el organismo tiene la obligación de generar un liderazgo, porque es el único servicio que tiene que recurrir a un colectivo de instituciones externo para nutrirse. "Para eso se necesita que la legislación le otorgue capacidad ejecutiva", agregó. En ese contexto, existe un proyecto de ley que busca dotar de una nueva institucionalidad al organismo y que en diciembre fue ingresado al Congreso.

Además de lo anterior, la Onemi funciona mediante un Plan Nacional, que es un instrumento indicativo . Por lo mismo, el uso de información en términos de seguridad pública, como por ejemplo un eventual aluvión, depende de los planes comunales. La misma oficina reconoce que si bien los municipios son los organismos responsables, frente a las amenazas, éstas no están integradas de manera obligatoria al Sistema de Protección Civil.

Prevenciónen tsunamis y no en aluviones 

La traumática experiencia del 27/F no sólo remeció a los chilenos, sino a toda la institucionalidad. Si bien el país sufrió las consecuencias de un desfasado aviso de evacuación, la catástrofe sirvió para replantear el sistema de protección civil y los errores cometidos, como la falta de alarmas y sirenas.

En los años posteriores al terremoto, se realizó una cantidad inédita de simulacros, abarcando en algunos casos a seis millones de habitantes, y se revisaron y actualizaron los mapas de inundación  de las ciudades costeras, así como los planes de evacuación. También se implementó señaléticas y sistema de sirenas. Pero si bien esta preocupación es considerada un avance por los especialistas, preocupa que no se haya tomado otros riegos con igual vehemencia, como el peligro de aluviones en un país cordillerano como Chile. Estos no son nuevos en la historia y tampoco del norte. En 1997 cayeron en las mismas quebradas de Atacama y Coquimbo, precipitaciones  equivalentes a tres años normales,  provocando graves inundaciones y decenas de fallecidos. La Onemi señaló que el riesgo de aluvión  se considera en el marco de los planes reguladores, y que se incluirá dentro de sus proyectos estratégicos de prevención, que incluye varios riesgos.

En la emergencia de este 25/M, los relatos de vecinos de Chañaral apuntan a una evacuación instintiva, ya que no existe un plan ante la crecida de un río. Sobre  esto, Irene Cortés,  vecina de esa ciudad, dijo conocer sólo las zonas seguras en caso de tsunamis  "pero en nuestro caso, el área de seguridad a la que teníamos que ir se la llevó el río".

FF.AA. toman el control de las calles

El miércoles 25 de marzo, casi en forma paralela a las primeras noticias de los desbordes en el norte, la Presidenta Bachelet  decretó el Estado de Excepción Constitucional por catástrofe en la Región de Atacama y las comunas de Antofagasta y Taltal. A partir de ese momento, las FF.AA. tomaron el control del orden público y el resguardo de estas zonas.

Ayer, el Ministerio de Defensa informó "la llegada de  1.165 efectivos más del Ejército, provenientes de distintas unidades, para dar comienzo a labores de reconstrucción". Al cierre de esta edición, el total oficial de efectivos desplegados en la zona era el siguiente: Ejército, 3.710; Armada, 892; Fuerza Aérea, 117.

Cinco años atrás, para el 27/F, una de las críticas que enfrentó el Gobierno fue la aparente demora en decretar este estado de excepción en la Región del Biobío, una de las más devastadas por el sismo. En esa oportunidad, las FF.AA. salieron a las calles 36 horas después de la tragedia, lo que generó una discusión en cuanto a si se trató de una decisión política o de un problema de información y coordinación.

Después de este episodio, no se volvió a generar una polémica respecto de la celeridad para declarar esta medida. Así ocurrió con el terremoto de Arica y Antofagasta, el 1 de abril de 2014, y con el incendio de Valparaíso, el  12 del mismo mes. En el actual estado de la situación en la Región de Atacama, el único cambio reciente es que Defensa designó al general de brigada Rafael Fuenzalida como nuevo jefe de la zona de catástrofe, en reemplazo del teniente coronel Marcelo Urrutia.

Escaso monitoreo de quebradas ante lluvias 

El terremoto de 2010 sorprendió al país con un red sismográfica coja. Ese día había cerca de 40 estaciones y sólo 20 eran de banda ancha. Hoy  existen 91 estaciones de este tipo conectadas en tiempo real y cubriendo todo el territorio nacional, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández. En el caso del control de aluviones, el monitoreo es más acotado.  Según Rodrigo Cienfuegos, director del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (Cigiden), existe la tecnología para poder monitorear las cuencas en línea, anticipar las crecidas y abordar de mejor manera estas emergencias. "Lo hacemos en la quebrada San Ramón, con nueve sensores inalámbricos que nos permite conocer en línea todos los factores que influyen en una crecida. No sólo cuánta agua va caer, también la temperatura a lo largo de toda la cuenca, la humedad del suelo y otros factores desencadenantes. La tecnología ya existe", comentó.

Esta red de sensores es autosuficiente, portátil y barata, según Cienfuegos, de manera que si algún aparato se pierde en una emergencia, no es tan grave como el caso de las estaciones sismológicas. Estas podrían implementarse en las cuencas chilenas para conocer vía internet el comportamiento de los caudales ante el aviso de lluvias.

El investigador de los departamentos de Ingeniería Eléctrica, Hidráulica y Ambiental de la UC, Christian Oberli, es uno de los creadores de este sistema piloto. "Lo que falta precisamente en Chile es capacidad de monitorear en línea, todo el mundo sabía que venían lluvias, pero de ahí a generar una alerta bien fundada, eso no es posible porque esta tecnología no la usa la Onemi ".

Falta de fiscalización en zonas de riesgo

El 27/F dejó en evidencia las carencias del instrumento de ordenamiento territorial en Chile, ya que las olas golpearon varias áreas que emplazadas en lugares de riesgo. Si bien después de esa tragedia se trabajó en localizar viviendas en zonas altas, el uso de áreas de riesgo volvió a ser patente en el incendio de Valparaíso de 2014, donde muchas viviendas informales se ubicaban cerca de basurales.

Para Pablo Allard, decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, "los estudios de riesgo geológicos no son vinculantes con los planos reguladores, lo que ha llevado a que muchas localidades que están expuestas a zonas de riesgo no los consideren".

Luis Eduardo Bresciani, en tanto, comentó que Chile no ha sido eficiente "para manejar la construcción irregular y para manejar las tendencias del mercado del suelo, que empujan  a los pobres a vivir en los peores terrenos de nuestras ciudades".

El arquitecto y urbanista, Iván Poduje, explicó que esta situación se debe a que "por una parte, el Estado carece de mirada a largo plazo para ejecutar medidas que eviten esto y, además, las personas usan quebradas y cursos fluviales como basureros o levantan sus viviendas ahí". Esto, según Poduje, obedece a la falta de proyectos habitacionales o a medidas populistas para regularizar asentamientos o no relocalizarlos.

Allard agregó que esta utilización de zonas de riesgo continuará mientras "la población no tenga conocimiento del riesgo y no sea debidamente fiscalizada".

Recursos de municipios ante emergencias

Municipios totalmente sobrepasados por la tragedia. Ese es el diagnóstico que realiza el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Christian Vittori, luego de los aluviones en el norte. Situación que a su juicio no ha variado desde el 27/F a raíz de la falta de recursos que adolecen las comunas,  precariedad que se hace más notoria en situaciones de emergencia. "Una comuna como Diego de Almagro, que apenas sobrevive en el año, difícilmente podrá hacerse cargo de una catástrofe", enfatizó Vittori.

La solución, según la AChM, pasa por contar con una asignación permanente para emergencias, no sólo para enfrentarla, también para prevenir y reconstruir. "Estamos sólo reaccionando, pero no tenemos recursos ni capacitación para hacernos cargo y no esperar a que llegue la autoridad central a las regiones. Hasta el nylon y el agua se lleva desde Santiago", recalcó Vittori. Sugirió que se instalen centro de acopio por macroregiones para facilitar el acceso a ayuda. "Terminada la emergencia, todos se van, y los alcaldes se quedan solos  para enfrentar la catástrofe administrativa y social que queda".

Por su parte, la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, represéntante de los alcaldes chilenos ante la ONU sobre enfrentamiento de catástrofes, enfatizó la necesidad de un giro hacia una gestión de riesgo. "No tenemos las facultades para intervenir sectores que son privados, porque Contraloría sanciona a los alcaldes. Le pasó al de Valparaíso (Jorge Castro), cuando metió una máquina para limpiar una quebrada en circunstancias que era necesario para evitar que muera  gente".

Red de teléfonos satelitales  

Una de las críticas que se hizo al sistema de emergencia tras el 27/F fue la falta de comunicación entre autoridades centrales y regionales, debido a la inexistencia de teléfonos satelitales en las zonas afectadas. La coordinación se realizó a través de radioaficionados, que ayudaron a conectar a personas afectadas con el personal de emergencia. Un informe de la Contraloría, develado meses después del sismo, informó que había 14 de estos dispositivos satelitales guardados en bodegas de la Onemi y que no estaban conectados.

Según informó este organismo, post terremoto, "las oficinas regionales cuentan con sistemas redundantes de telecomunicaciones, uno de ellos son los teléfonos satelitales". La Onemi informó que ha entregado más de 80 teléfonos satelitales a lo largo del país y que ahora cada intendente tiene su equipo, como también el Presidente, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, además del director nacional de la institución.

El problema, dijo el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Christian Vittori, "es que no es obligatorio tener teléfonos satelitales en los municipios, y depende del presupuesto de cada municipalidad poder comprarlo y mantenerlos. No sirve de mucho que la intendencia tenga y no logre comunicarse con una localidad interior. Hay que buscar un sistema más efectivo".

Por su parte, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, aseguró que tras el 25/M hubo problemas de señal de los teléfonos satelitales, lo que imposibilitó una comunicación fluida.