Las luces y sombras de la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento

Con el foco eminentemente ciudadano debutó ayer la Ley 20.720, más conocida como de Insolvencia y Reemprendimiento, y que reemplazó a la de quiebras, que databa de octubre de 1982.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, visitó los matinales para explicar en detalle los alcances de la misma, y su punto más novedoso: la creación de un procedimiento especial para la renegociación de deuda de las personas naturales, que permite llegar a acuerdo con sus acreedores, siempre que sus deudas sumen más de $ 1.960.000 y tener dos o más obligaciones vencidas por 90 días o más. La persona podrá renegociar su deuda o incluso liquidar bienes para el pago de sus acreencias pendientes.

Un segundo foco es el salvataje de empresas que pueden ser viables, para las cuales se elaboró un procedimiento especial para su reorganización, que les permitiría llegar a un acuerdo con sus acreedores en cuatro meses.

Respecto del mecanismo para las personas, la superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, explicó que  "es importante que la persona que quiera acceder se anticipe y solicite el procedimiento antes de recibir la notificación de una demanda. Tiene que tener una real capacidad de pago y proponer un plan de cancelación de deuda y ser persona deudora, es decir, trabajador sujeto a un contrato de trabajo y personas sujetas de crédito y que no sea empresa, por ejemplo, dueña de casa, estudiantes y jubilados".

El procedimiento debería durar, en promedio, 105 días hábiles. Si el deudor es sometido al procedimiento y es declarado admisible, no puede volver a someterse a proceso hasta después de cinco años, agregó la autoridad.

El ministro Céspedes indicó que la ley "constituye uno de los cambios legislativos más esperados por los diversos actores, dada su importancia para el desarrollo económico de nuestro país". Agregó que el enfoque "está dado por comprender el fenómeno de la insolvencia como un hecho natural dentro del ciclo económico y que, en consecuencia, debe ser abordado de manera oportuna para no afectar el funcionamiento general de la economía".

Por su parte, la banca ve con ánimo  positivo la iniciativa, específicamente en lo relativo a cómo se ejecuta un reemprendimiento, "que tiene plazos máximos, por lo tanto, el proceso va a producir ventajas para todos", indicó el presidente de la Abif, Jorge Awad.

MOROSIDAD EL ALZA

Mientras las autoridades se manifiestan conformes con la iniciativa, fuertes voces de alerta se asoman desde la vereda jurídica, el retail financiero y de la misma banca.

De hecho, Awad dijo que se deberán analizar con cuidado las garantías, "en términos de cómo se aplica cuando el activo es declarado como principal. Qué pasa, por ejemplo, con la hipoteca de un inmueble cuando es declarado como activo principal. En el tema de la marcha blanca tendrá que definirse".

El abogado socio del estudio Puga Ortiz y experto en quiebras, insolvencias y reestructuración de pasivos, Juan Esteban Puga, es categórico: "No me gusta la ley en general. Es más política que cuidadosa desde el punto de vista jurídico".

Para el caso de las personas, Puga enfatizó que salvo quienes tengan bienes de valor, como casas o autos, el resto en su mayoría va a recurrir al sistema de liquidación, "porque es mucho más sencillo y exime todas las obligaciones de una vez".

Este punto es justamente el que complica al retail financiero, ya que podría tener serias consecuencias en los niveles de morosidad y recuperación del crédito, indicó el presidente del Comité de Retail Financiero, Claudio Ortiz.

Según las estimaciones de la Superintendencia de Insolvencia, dadas a conocer ayer por el ministro Céspedes, cerca de 106.000 personas podrían acogerse al proceso durante el primer año de funcionamiento, "dados los stocks de deudores en el mercado", dijo el ministro.

El proyecto se inició con una estimación de 158 casos, mientras que el ex subsecretario de Economía Tomás Flores dio a conocer durante la discusión de la ley que el número sería de unas 20.000 personas.

Ortiz agregó que un punto que se solicitó a las autoridades fue subir el plazo de impagos para postular a la renegociación de 90 a 120 días, "porque con gente con 60 a 90 días de morosidad, tenemos un altísimo porcentaje de posibilidad de recuperar esos dineros por la vía bilateral de cobro". El presidente del Comité de Retail Financiero enfatizó que al ingresar a un esquema de múltiples acreedores, "lo más probable es que pasemos a ser un acreedor minoritario".

Tanto Juan Esteban Puga como Claudio Ortiz coinciden en que la ley puede traer perjuicios para los consumidores.

Puga afirmó que es probable que existan listados de los clientes que entraron al esquema de renegociación o quiebra, "y en consecuencia, los bancos y casas comerciales van a tener la información y cada acreedor podría ver el riesgo de darle un nuevo crédito a esa persona".

Puga dice que una buena ley de quiebras "protege al crédito, no al deudor. Protege al deudor en tanto optimizar los activos del deudor para que los acreedores tengan el mejor resultado", manifestó.