Este miércoles 27 sobrelleva la resaca de un fin de semana duro para los habitantes de La Legua Emergencia. El sábado anterior había quedado herida, producto de un balazo, una adolescente atrapada en medio de un fuego cruzado entre bandas. El domingo en la noche fue el turno de Camilo, un joven de 20 años, quien murió herido por un balazo en plena calle. Una de las tesis que se manejan es que hubo una discusión que se resolvió así: con un tiro.
Hoy miércoles, continúa el velatorio de Camilo. Y lo que suena fuerte en su casa en La Legua es la cumbia, porque a Camilo le gustaba la cumbia. A apenas tres casas del velatorio hay un zorrillo de Carabineros instalado. Es el contraste permanente entre barrio y fuerza pública.
Algunos de los habitantes de La Legua dicen que en las últimas dos semanas han recrudecido las balaceras. Incluso, ha habido en las mañanas, algo que generalmente no ocurría.
El 9 de abril se dio a conocer el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dentro de la comunidad. Este 2016, en octubre, se cumplen 15 años de la intervención policial, lo que marcó un hito como la primera intervención de su tipo y que significó, entre otras cosas, que Carabineros se instalara en puestos permanentes y que se hicieran controles de identidad a la entrada y salida de la población.
Un día después de la entrega del informe, murió un joven de 19 años en un tiroteo entre bandas, justo en Jorge Canning, la arteria principal que cruza toda La Legua.
Ese mismo día manguerearon la sangre de la vereda.
Octubre de 2001. Trescientos efectivos policiales ingresan a La Legua en una redada que dura tres días. El operativo fue encabezado, con casco en la cabeza, por el entonces subsecretario del Interior, el DC Jorge Correa Sutil. En términos de detenidos, el operativo fue tremendamente exitoso. Todo el narcotráfico de una población considerada conflictiva se sacó de cuajo.
“Muchos niños quedaron al cuidado de nadie. El Estado no tuvo la responsabilidad de prever lo que iba a ocurrir”, dice Nury Gajardo, directora del centro comunitario La Caleta, quien lleva 15 años trabajando en el sector de La Legua Emergencia. Y lo que ocurrió, asegura, fue una serie de niños que quedaron solos, porque muchas veces, ambos padres fueron arrestados en los operativos y quedaron a cargo de abuelos o incluso vecinos. Esos niños quedaron fuera del sistema escolar y siguieron prolongando el círculo del narcotráfico dentro La Legua. “Finalmente, quedaron niños y adolescentes a cargo del narcotráfico y la respuesta ha sido más represión. Además, como esos niños quedaron sin padres, empezaron a consumir drogas más temprano. Ya se ven niños de entre ocho y 12 años consumiendo”, comenta Gajardo, quien pone un ejemplo sobre la prolongación del círculo vicioso dentro de La Legua: Si un niño de 10 años está consumiendo, debe pasar por tribunales para ingresar a un programa de rehabilitación. Lo que significa que ese niño debe tener un historial delictual para poder intentar salir de las drogas.
Pero la intervención tiene un contexto. Jorge Correa Sutil, el ex subsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, recuerda el inicio del plan: “Hubo una petición para que el gobierno dejara de mirar para el techo. Todas las funciones del Estado las cumplían los narcos: previsión, salud, deporte, seguridad. En La Legua no regía el estado de derecho”.
Correa Sutil cuenta que se metió a la población de incógnito un mes antes de la intervención, que se coordinó con el sacerdote Mariano Puga para empezar con el plan, pero también que había diversas voces desde dentro del gobierno que decían que el despliegue sólo traería costos políticos. “Y fue así, porque por cualquier tropiezo del plan nos pasaban la cuenta y era un tema muy complicado de poder cambiar en el corto plazo. Lo que inclinó la balanza fue una señora que se autoproclamó por televisión como ‘la reina de La Legua’, diciendo que a ella nadie la tocaba”, dice.
Lo que pasó después de los allanamientos y las detenciones es un tema cubierto por el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en los testimonios que -con protección de identidad- se recopilaron entre los vecinos de La Legua. Uno de ellos narra: “Toda la red que genera el narcotráfico se vio limitada, porque son bien capitalistas, neoliberales; la lógica del chorreo está presente. Si tú ganas plata, les mandas a arreglar la ropa a los niños, y se la mandas a la costurera, que es la señora de la esquina; mandas a cocinar un poco más allá. Entonces tienes toda una economía que resurge a través de las lucas del narcotráfico, y como se fueron los grandes y quedaron los chicos peleando pedacitos de terrenos, se empobreció la comunidad”.
Otro de los vecinos lo explica de la siguiente forma: “Cuando usted tiene 400 personas detenidas en una población de 5.000 personas, que es La Legua Emergencia, muchas de ellas mujeres, algunas mujeres se meten al narcotráfico. Esos núcleos familiares fueron destrozados, y se produce la cadena de que el papá es narcotraficante, los hijos son narcotraficantes, los nietos son narcotraficantes”.
Desde enero de este año es la Intendencia Metropolitana la encargada de encabezar un plan de barrio de alta complejidad en La Legua. El intendente Claudio Orrego ha estado yendo a terreno. Y lo que se ha encontrado es un barrio en etapa de transición. “Es cierto que muchos traficantes fueron arrestados en el pasado, pero muchos de ellos están saliendo libres a recuperar territorio, a enfrentarse con los narcos más jóvenes. Esto ha hecho que exista una sensación mayor de temor por las balaceras, pero los vecinos me han pedido más presencia policial, no menos. El problema es complejo, pero tenemos que innovar, abriendo pasajes, por ejemplo, que es algo que de todos modos tiene detractores”, comenta.
Camilo, el joven asesinado el domingo 24, es reflejo de este estado de inseguridad. Creció con padres ausentes, que han estado cumpliendo condena en la cárcel desde hace algunos años, quedando a cargo de su hermano, tan sólo tres años mayor que él. Camilo era de los que iban a La Caleta a los programas en que los profesionales que ahí trabajan les muestran a los jóvenes del sector sus opciones en la vida, lejos de las drogas y el tráfico. Pero Camilo dejó de ir y empezó a consumir. Y al hacerlo, quedó más vulnerable a ser víctima del círculo de violencia, de las balas y el revólver.
La Legua en los 70 y 80 fue conocida como un barrio de resistencia. Para el 11 de septiembre del 73 fue de los pocos sectores, si no el único, donde hubo resistencia armada al Golpe. Luego, durante los 80, fue uno de los lugares más combativos contra el gobierno de Pinochet. El estigma de “población de comunistas y terroristas” cambió en los 90 con la entrada con fuerza del narcotráfico. Una vez que se intervino La Legua en 2001, según el estudio del INDH, que se realizó entre 2014 y 2015, la violencia fue en aumento.
Las intervenciones de la PDI, por ejemplo, aumentaron en frecuencia: de siete intervenciones anuales realizadas en 2006, se pasó a 10 el 2011, 14 el 2012 y a 40 el 2013. Es decir, en ocho años, las intervenciones se incrementaron más de un 550%, realizándose en promedio 3,34 intervenciones mensuales durante el año 2013. Entre los habitantes de La Legua hay cierto consenso, según el informe, en que los allanamientos de la PDI tienden a ser mucho más violentos que los de Carabineros.
De los cerca de 15 mil habitantes de La Legua, un 45,35% vive en La Legua Nueva; un 34,34% en La Legua Emergencia, y un 20,32% en La Legua Vieja. Pero es en La Legua Emergencia, el barrio que se creó a fines de los años 40 y que partió como una toma, donde buena parte de los problemas se producen. Algo tiene que ver el hecho de que sea el sector con, lejos, la mayor densidad poblacional: 328,7 habitantes por hectárea, seguida de La Legua Nueva, con 199,7 habitantes por hectárea, y La Legua Vieja, con 101. Si se considera la población de las tres Legua, un 44,7% de las viviendas alberga a más de un hogar (familias extendidas), mientras que en un 27,2% hay hacinamiento medio (dos personas por dormitorio) y en un 33,9% hacinamiento crítico (más de tres personas por dormitorio).
Las nociones de inseguridad de la población varían. Entre las principales preocupaciones, la Subsecretaría de Prevención del Delito señala que en 2011, el 24% de las personas menciona la infracción a la ley de drogas, otro 24% la ebriedad, un 8% las amenazas, 6% la violencia intrafamiliar, y un 4% el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Pero un estudio de la Municipalidad de San Joaquín y la Fundación Paz Ciudadana establece que las balaceras, venta de drogas y consumo de alcohol ocasionan el mayor temor.
Aún así, un 65% de los habitantes -según el texto del INDH- no está dispuesto a denunciar un ilícito a Carabineros. Las razones son dos: temor a represalias de las bandas que existen en el lugar y poca confianza en la fuerza policial.
“Cada vez que hay una balacera, ellos se arrancan”, dice Alexandra Espinoza (20), estudiante de asistencia social. “Para qué voy a denunciar, si no dan seguridad, que es lo básico. Sólo aparecen para allanamientos y controles de identidad. No más que eso”, remata.
Espinoza, quien vive en La Legua Emergencia, es un reflejo más de la estadística de hacinamiento. Vive con sus padres y cuatro hermanos en una casa con dos piezas. Sus dos padres están separados, pero conviven en la misma vivienda. Duermen en una habitación distinta, uno con dos hijos y el otro, con tres.
Espinoza tiene recuerdos de infancia de cuando empezó la intervención. Su primera imagen es de cuando tenía cinco años y vio cómo un bus de Carabineros llegó a instalarse afuera de su colegio, todos con metralletas. “La violencia ha ido en aumento desde que empezó la intervención. Ahora es cada vez peor y la violencia se da de otras formas también. Una vez solicitamos áreas verdes y de la municipalidad vinieron y pintaron el piso verde”, asegura.
En Carabineros tienen una opinión distinta. Uno de los entrevistados en el informe dice que gracias a su presencia la seguridad ha mejorado en La Legua: “Hace bastante tiempo, esto era un paseo. No tanto como ahora, pero si no estuviésemos acá, esto sería un paseo de vehículos comprando. De alguna manera prevenimos eso mediante esta fuerza de intervención que hay en la población”.
Entrar a La Legua no es fácil. Están los controles de Carabineros, pero también está la reticencia de los vecinos que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Para entrar al barrio se hace aconsejable que alguien de adentro reciba a las visitas, ojalá algún miembro de una organización o centro comunitario. El INDH hizo de puente con el Centro de Interpretación Fisura, pero éstos se negaron, argumentando que los medios estigmatizan a la comunidad. A pesar de que ese miedo de estigmatización está presente, finalmente el centro comunitario La Caleta, en plena La Legua Emergencia, sí abrió sus puertas a Reportajes.
El velatorio de Camilo hizo que la visita fuera acotada a las inmediaciones de La Caleta, en Jorge Canning, la calle principal. Cuando se vela a alguien, las sensibilidades están altas y cualquier chispa puede desencadenar un tiroteo. “Ayer tuvimos que salir arrancando a las 7 de la tarde por una balacera”, dice Gajardo. La violencia es parte de la cultura barrial, dicen en La Caleta. “Soy de La Legua y qué”, dicen los vecinos. Es una forma de pararse ante el mundo, algo que los 15 años de intervención policial han ido agudizando según el informe del INDH y parte de los habitantes del lugar.
“La intervención ha generado una serie de conflictos dentro de la población, ha sido responder la violencia con violencia”, dice Javier Sadarangani (26), profesor de Historia y parte del Observatorio de la Niñez. “Los programas de pacificación generalmente traen armas y eso es contradictorio de por sí”, señala.
El estudio del INDH también responsabiliza al Estado de estigmatización, al categorizar a La Legua como el “barrio crítico” y piloto de las primeras políticas de seguridad, “cuando aún el país no contaba con la experiencia para diseñar políticas en ese ámbito y aún no formaba profesionales para intervenir en esos contextos”, según se lee en el informe.
Durante las entrevistas reveladas por el estudio se recogieron testimonios sobre procedimientos irregulares de Carabineros y situaciones de acoso: “Donde a mujeres se les auscultó su vagina en el espacio público, en el contexto de controles de identidad y registro de vestimentas”.
Una mujer de 26 años narra en el informe del INDH lo que ocurre en situaciones de emergencia: “No podías irte muriendo, porque tenías que pasar por los pacos. Mi hermana, me acuerdo que se le enfermó su hijo una vez y los pacos no la dejaban pasar al hospital y el carabinero le dice: ‘Aquí la gente usa hasta sus guaguas para pasar las drogas’. Yo a veces me venía sola del colegio y me venía en taxi y ahí si me paraban y me tenía que bajar, me sacaban los cuadernos, me sacaban la mochila, revisaban los cuadernos, los sacudían. Ya, guarda todo. No encontraron nada y entonces me decían: ¡Andate!”.
La visión de Carabineros de la zona recopilada por el INDH difiere de la de los vecinos: “Nosotros intentamos hacer un trabajo de la manera más caballerosa posible. Es complicado sí, porque tú vas controlando vehículos y andan personas con armas, entonces la reacción no puede ser muy pasiva, tiene que ser muy activa, atenta”.
“La respuesta no la tenemos nosotros, el Estado tiene que garantizar”, dice Nury Gajardo, la directora de La Caleta. “Lo segundo es que tiene que haber programas de mayor aliento. Los proyectos sociales se cortan a los seis meses, máximo un año. El nivel de daño de las comunidades requiere de programas de largo aliento”, afirma.
El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, explica lo que se está haciendo desde el gobierno en La Legua y otros barrios de alta complejidad, como Bajos de Mena, en Puente Alto, a los que se les han inyectado recursos por dos mil millones de pesos a través de la intendencia. “Tiene que haber políticas de largo plazo que apunten a una dimensión social más amplia”, explica Frey. “Se trabaja en mejoras en habitabilidad, espacios públicos, salud, educación. No se puede pensar esto exclusivamente desde el control y la sanción, pero ¿qué pasaría si no hiciéramos nada?”, se pregunta el subsecretario.
Frey no oculta las cifras. Dice que las infracciones a la ley de drogas aumentaron de 245 en 2008 a 620 en 2015. Que las aprehensiones por delitos diversos aumentaron de 116 a 318 en el mismo período. Un 174%. Pero que estas cifras negras hablan de un buen trabajo de las policías. Las denuncias de amenazas, por otro lado, disminuyeron de 189 a 105 entre el 2008 y 2015. También han disminuido los robos con violencia y los robos de autos, según asegura.
Por su lado, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, refuerza la creación del programa que a partir de este año lidera la intendencia: “Creemos que no basta sólo con políticas de control policial, sino que lo que buscamos es robustecer el tejido social, aumentar la presencia multidimensional del Estado, fortaleciendo espacios públicos, ferias libres, aumentar el apoyo al emprendimiento, ampliar la red de salud y trabajar de la mano con este barrio para que sea un lugar más seguro para todos quienes ahí viven”.
Por ahora, la inseguridad que dicen sentir los vecinos está terminando por gatillar problemas de salud. Según el informe del INDH, se presentan diferentes patologías dependiendo de las edades de los habitantes: mientras los niños y niñas presentan trastornos ansiosos e hiperactividad, entre los adolescentes no existe la capacidad de imaginar su vida a futuro y su proyección no superaría los dos años. Y esa incapacidad de ver la vida a largo plazo tendría que ver con testimonios como este: “Siempre he escuchado a los vecinos que el antiguo choro tenía un código. Las balaceras a cierta hora; nunca iban a asaltar a un vecino. Nunca cuando estaban los niños en la calle y hoy en día las balaceras son a las 12 del día y no es una bala, son balaceras, son metralletas”.
Uno de los funcionarios de La Caleta, quien no quiso revelar su identidad, cuenta una historia. Y habla de cómo la comunidad se tuvo que organizar ante las balaceras que han ido aumentando año a año y que han hecho que los niños no puedan salir a la calle. Por eso, las banderitas blancas que cuelgan de los estrechos pasajes de La Legua Emergencia en señal de paz, como si viviesen es un estado de guerra. Por eso, cuenta el funcionario, la decisión de acordar una suerte de “tregua” para que los niños puedan jugar entre 4 y 6 de la tarde sin temor a que se arme un tiroteo.
Y la escena que recuerda el funcionario es esta: dentro de esa tregua de cada día, los adultos se turnaban para ver a los niños jugar. Mientras a él le tocaba estar afuera en la calle, comenzó una balacera. En medio de todo, lo que dijo uno de los niños lo dejó helado.
“Juguemos nomás. Si el que cae, cae”.
