El martes pasado, la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en Valparaíso. Su objetivo era dar cuenta del estado de los proyectos y modificaciones de reglamentos en las tres ramas uniformadas, en torno a las políticas de fiscalización, probidad y transparencia para el manejo de los recursos institucionales, tras el millonario fraude que afectó al Ejército, detectado y denunciado por la propia institución en 2014.

A casi tres años de aquel hito, la sensibilidad respecto del tema continúa en la primera línea: "Entre diferentes medidas, aquí lo que se hizo fue incluir nuevos delitos, que constituyen causales de inhabilidad, suspensión o eliminación del registro de proveedores", indicó la subsecretaria Vodanovic.

El fraude en el Ejército ocurrió con fondos derivados de la Ley del Cobre, a través de facturas ideológicamente falsas, para la compra y mantenimiento de insumos de transportes militares, efectuado con varias empresas proveedoras. En la práctica, ninguno de esos insumos ni servicios se prestaron, lo que arrojó un monto defraudado cercano a $5.500 millones, según lo estimó el ministro en visita Omar Astudillo, quien investigó el caso luego de que en primera instancia lo hiciera la fiscal militar Paola Jofré. Actualmente, la causa la sigue la ministra Romy Rutherford.

Los hechos habrían ocurrido entre los años 2010 y 2014, siendo procesado como uno de los presuntos responsables el coronel Clovis Montero, junto a otros cuatro uniformados. Sin embargo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados también entregó un informe final sobre esta crisis, en el cual dio cuenta de la mala gestión administrativa entre esos años del ex comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, por no haber ejercido el rol supervisor con los oficiales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y la contraloría de la institución. El mismo informe de los parlamentarios, encabezados por el DC Jaime Pilowsky, apuntó también a la deficiente fiscalización de Contraloría de la República y del Ministerio de Defensa.

En esa línea, la subsecretaria Vodanovic subrayó el martes, ante la Comisión de Defensa, que todas las recomendaciones y alcances planteados por el ente investigador fueron comunicados a las tres ramas de las FF.AA., y hoy están en proceso de implementación. Entre ellas, la mencionada actualización de la normativa del registro especial de proveedores del sector Defensa y del decreto supremo 124.

En el actual reglamento, por ejemplo, solo se procesa por el delito de cohecho, situación que cambiará al agregarse ahora la "falsificación, malversación, fraude, violaciones de secreto, defraudaciones y estafa", entre otros, según informó. En cuanto al tiempo de suspensión, de tres a seis meses producto de una falta, se aumentó a un rango de seis a 12 meses.

Vodanovic también se refirió a la moción parlamentaria que busca establecer un período de incompatibilidad de los ex oficiales de la institución para desempeñarse en empresas de bienes y servicios, ya sean públicos o privados, que presten servicios a la Defensa. El objetivo es evitar que estos altos funcionarios, que manejan información relevante en razón de sus anteriores cargos en las FF.AA., puedan tener conflictos de interés.

"(El proyecto dice que) quienes desempeñaron altos cargos oficiales, no pueden ser socios, agentes, apoderados, gerentes, directores o cualquier otra actividad dotados de facultades de administración, ni prestar servicios en empresas privadas, hasta por ocho años del retiro del año respectivo", explicó Vodanovic.

La autoridad también informó de otras medidas que se han adoptado para evitar casos de corrupción al interior de las FF.AA., ligadas con el lobby y la transparencia. En cuanto a este último punto, anunció la implementación de un plan anual de análisis. En este marco, la Unidad de Auditoría Ministerial propuso la realización de seis auditorias a la Ley del Cobre, con un énfasis especial en el gasto en mantenimiento del potencial bélico.

Comunicó, también, la puesta en marcha de un departamento de denuncias anónimas frente a posibles irregularidades o situaciones sospechosas, a través de una plataforma electrónica, que ya partió como plan piloto en el Ejército. Para ello, se dijo, hubo que capacitar a los altos oficiales a cargo para recibir los reportes, quienes, además, están obligados a entregar un informe trimestral.

Otra de las propuestas que está en análisis dice relación con un proyecto de ley que busca extender el período de prescripción de responsabilidades administrativas, que hoy es de dos años, a cuatro. Defensa planea pedir urgencia a dicha iniciativa.

Respecto de los proveedores del sector Defensa, se eliminó de este registro a quienes estuvieron involucrados en los casos de irregularidades. Junto con ello, se comunicó la instrucción de ampliar la Ley de Lobby, designando como sujetos pasivos de lobby "a todos aquellos cargos que tengan atribuciones de decisión relevante en los procesos de compras y contrataciones", destacó Vodanovic.

En esa línea, por ejemplo, el Ejército designó a 130 nuevos cargos como sujetos pasivos de lobby, haciendo públicos sus registros de audiencias, viajes y donativos. Actualmente se encuentran publicados en los sitios web de instituciones más de 250 sujetos pasivos, con la obligación de transparentar sus registros de agenda, donativos y viajes.

Parlamentarios

Los anuncios, si bien fueron acogidos positivamente por los parlamentarios, requieren en algunos casos de iniciativas legislativas que pongan urgencia para su tramitación en el Congreso. En este punto, el diputado Marcelo Schilling (PS) acusó lentitud del Ejecutivo: "Defensa se muestra apoyando (los proyectos), pero si hay verdadera voluntad política, ¿por qué no se le pone urgencia?".

El parlamentario también cuestionó los avances del ministro del ramo, José Antonio Gómez, para modificar la justicia militar: "En junio de 2016 fue presentada una iniciativa que sigue en la Secretaría General de la Presidencia".

En este tema, la subsecretaria Vodanovic señaló que "tenemos una mesa de trabajo con Justicia, Segpres e Interior, en el entendido de que es un proyecto ambicioso, de envergadura económica muy importante, que disminuiría el universo de casos que podrían ser tratados por la justicia militar".

Jaime Pilowsky (DC), quien fuera presidente de la Comisión Investigadora del fraude, expresó que "perdí la esperanza de que este gobierno avance en el establecimiento de dos hitos: un nuevo sistema de financiamiento del potencial bélico, lo que implicaría derogar la Ley del Cobre, y una justicia militar modificada. No creo que los eventuales delitos de corrupción de funcionarios de las FF.AA., por ejemplo, deban estar en la justicia militar".