El lunes pasado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública en la que abordó el proceso de cambio al plan regulador de la Región de O´Higgins, modificación que, de concretarse, aumentaría el valor de los predios adquiridos en Machalí por Caval, empresa cuyo 50% pertenece a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
Esa declaración fue difundida en medio de la polémica por el cuestionado crédito de $6.500 millones otorgados por el Banco de Chile a esa sociedad, préstamo gestionado directamente por el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, con el controlador del banco, Andrónico Luksic. Y en ella, el Minvu explicó que se encargó un estudio para ver la factibilidad del cambio al uso de suelo en la VI Región. Ese trabajo fue adjudicado a Habiterra, consultora que fue investigada años atrás en el caso MOP-Gate.
Sin embargo, ese no es el único informe encargado por el gobierno. Existen al menos otras tres licitaciones públicas para realizar estudios con el objetivo de mejorar las conexiones viales de Machalí y Rancagua. La falta de conectividad en la zona fue, justamente, una de las razones por las que la Municipalidad de Rancagua se opuso a los cambios al plan regulador en 2013, debido al aumento de la densidad habitacional y, por ende, del parque automotriz.
LOS ESTUDIOS
El 22 de octubre de 2014, la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra) llamó a licitación para realizar el estudio "Análisis conexiones viales sector oriente de la ciudad de Rancagua". En las bases, se detalla que el objetivo es crear, en las comunas de Rancagua y Machalí, una "cartera de proyectos de infraestructura vial", considerando el crecimiento acelerado de la población "debido al desarrollo inmobiliario de la zona". Ese llamado a licitación se realizó mediante el denominado sistema de "suma alzada", que no adjudica el contrato al competidor más barato, sino al que se considera más competente.
Así, el pasado 3 de diciembre, la Subsecretaría de Transportes adjudicó el estudio -por un monto de $154 millones- a un consorcio representado por Eduardo Núñez Soto, y que está formado por Inversiones, Ingeniería y Gestión Ltda. y Asesores en Proyectos de Ingeniería de Transporte y Tecnología Aplicada Ltda.
EX FUNCIONARIO
Núñez no es un desconocido en la Nueva Mayoría. En marzo de 2008, en el primer gobierno de Bachelet, fue nombrado secretario ejecutivo de Sectra -mismo organismo que hoy licita el estudio-, cargo que desempeñó hasta el 28 de diciembre de 2009. Ese día, fue apartado de sus funciones luego que Contraloría identificara al menos dos situaciones irregulares: la primera, eventuales "indicios de colusión", al detectarse que 106 de 178 estudios sobre transporte público fueron adjudicados, entre 2004 y 2009, a sólo nueve empresas -agrupadas en el holding Transvial-, que recaudaron, en total, $12.871 millones. Y la segunda: vulneraciones a la probidad administrativa, al comprobarse que Núñez fue accionista de Trasa -una de las firmas que integraban aquel holding- hasta cuatro meses después de asumir su cargo en el gobierno. En ese entonces, el órgano contralor detectó que Trasa se adjudicó 15 licitaciones de Sectra por un total de $1.500 millones.
OTRAS LICITACIONES
El 22 de septiembre de 2014, el Serviu de la Región de O'Higgins licitó un "Estudio de prefactibilidad: mejoramiento eje vial avenida Hernán Ciudad-Machalí", que fue adjudicado el 7 de noviembre pasado a la empresa ICR Consultores Ltda., por un total de $180 millones.
ICR Consultores también apareció cuestionada en el mismo informe de Contraloría que en 2009 reveló irregularidades en licitaciones del Sectra. ¿La razón? La firma también era parte del holding Transvial, y concentró adjudicaciones de estudios por más de $500 millones.
Además, existe otra licitación del Serviu, del 26 de noviembre de 2014. Si bien ese estudio aún no ha sido adjudicado, ya llegaron ofertas. Entre ellas, la más económica es de $178 millones, y corresponde a ICR Consultores.
