El presidente de la región catalana, Artur Mas, fue acusado hoy por la fiscalía española de cuatro delitos entre los que se encuentra desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, por la realización de la consulta no vinculante sobre la soberanía catalana. La vicepresidente del ejecutivo catalán y la consejera de Educación, también fueron acusadas.
Las penas que arriesgan los acusados en el punto de desobediencia alcanza una multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, según publica el diario español El País. La acusación por desobediencia se basa en "la burla a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional contra la consulta alternativa celebrada el 9-N", citando las declaraciones de Mas respecto a la realización de ésta: "Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno".
Asimismo, El País explica que la fiscalía considera que puede haber un delito de malversación porque "se ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas (como fue la realización misma de la consulta)". Por ello, Mas arriesga una "pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. El Código Penal especifica, además, que si el culpable no reintegra el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán penas de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años".
Mientras, los acusados arriesgan penas de prisión de "seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años" por el delito de obstrucción a la justicia.
La prevaricación está dada al "auspiciar" el proceso de participación, el Gobierno catalán "llevó a cabo una continuada actividad administrativa destinada a dar soporte material y personal al proceso suspendido", de acuerdo a la fiscalía, cita El País. Ello conlleva la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
