Ollanta Humala asumió este jueves como presidente de Perú en una ceremonia que no estuvo exenta de polémica, después de que el mandatario hiciera referencia en su juramento a la Constitución peruana de 1979 y no a la Carta Magna vigente en la nación sudamericana que data de 1993, cuando el presidente era Alberto Fujimori.

Algunos ven en esta actitud un indicio de las supuestas intenciones de Humala de aumentar la intervención estatal en los mercados, al citar una Carta Magna que parece estar más cercana a esa estrategia económica.

El gesto del presidente peruano provocó la airada protesta de los parlamentarios de la bancada del partido opositor fujimorista Fuerza 2011, que empezaron a lanzar gritos de protesta y a mostrar ejemplares de la Constitución del '93.

La situación se repitió cuando los dos vicepresidentes de Humala, Marisol Espinoza y Omar Chehade, juraron sus cargos también invocando la Carta Magna de 1979.

El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, tuvo que intervenir y llamar al orden a los parlamentarios, mientras los legisladores fujimoristas exigían a gritos que Humala y sus vicepresidentes juraran por la actual Constitución.

Tras la toma de posesión, la parlamentaria de Fuerza 2011 Marta Chávez aseguró que el juramento de Humala no tiene validez porque la Carta Magna vigente es la de 1993.

"Tenemos un presidente de facto y por tanto no le debemos ningún respeto", dijo la legisladora.

Pero el vicepresidente Omar Chehade aseguró que invocar la Constitución del '79 fue un acto simbólico y de principios, "para reivindicar el Estado de Derecho que fue violado y saqueado por el golpe de Estado del 5 de abril de 1992" de Alberto Fujimori, quien se encuentra cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad y corrupción.

MODELO ECONOMICO

La polémica entorno a la Constitución peruana vigente se centra en dos aspectos: su origen -pues fue aprobada en 1993 tras el llamado "autogolpe" de Alberto Fujimori- y el modelo económico que consagra, el cual disminuye el papel del Estado en la economía y el aprovechamiento que este puede hacer de los recursos naturales.

"La constitución del '93 repite casi en un 80% lo que dice la del '79. La diferencia fundamental es en el régimen económico", señala Jorge Saldaña Ramírez, analista político del diario peruano El Comercio.

Según el analista, "la constitución del '79 preservaba la intervención del Estado en la economía, mientras que la constitución del '93 le da un rol subsidiario y permite que la economía sea mas liberal".

En opinión del periodista de El Comercio, con su invocación de la Constitución de 1979 Humala "quiere abrir un debate que ha estado latente en el país desde hace años".

Humala ha dicho que, si bien respeta la iniciativa privada en los negocios, su gobierno buscará aumentar los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la pobreza, por lo que muchos analistas han advertido que buscará una mayor intervención estatal en la economía.

GESTO SIMBOLICO

Pese a la polémica y a los llamados de la oposición a invalidar el juramento, la mayoría de los juristas que se han pronunciado sobre este asunto consideran que la invocación de Humala no es más que un gesto simbólico que no le causará problemas jurídicos.

"No debería haber ninguna alarma. Es un tema anecdótico, folclórico. Uno puede jurar por los apus, Machu Picchu o la abuelita. Resulta intrascendente desde el punto de vista constitucional", le dijo el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga al diario Perú 21.

Además, los analistas coinciden en apuntar que la actual Constitución peruana no establece en su articulado ninguna fórmula obligatoria para jurar como presidente.

"Más que nada es un gesto político", le comentó a BBC Mundo Jorge Saldaña Ramírez.

"En su juramento Humala dijo que va a defender el orden constitucional, que está garantizado por la Constitución vigente, que es la del año 1993, por lo que no habría una falta que pueda causar una invalidez del juramento", señaló Saldaña.

"Los juristas dicen que tan sólo es una alocución verbal, una invocación, porque esas autoridades fueron elegidas de acuerdo a las reglas electorales y leyes vigentes en el marco de la Constitución actual. Por lo tanto no hay tal infracción", aseguró el analista.