"El año pasado la fiscalía archivó varias de las causas a las que les queríamos hacer seguimiento. Por ejemplo, entraron a una casa sin moradores a robar una camioneta y cuatro meses después la causa fue archivada. Estamos muy preocupados de que los casos lleguen a nada, porque una forma de prevenir futuros delitos es llegando a los culpables". Así describe Claudia Porcile, presidenta de la junta de vecinos de Los Trapenses, en Lo Barnechea, la situación que viven en el sector en relación con la delincuencia y la falta de resolución de los casos judiciales.
Según cifras del Ministerio Público, de un total de 803.588 causas terminadas hasta junio de este año a nivel nacional, 367.137 correspondieron a archivos provisionales, lo que equivale a un 48% de casos archivados (ver infografía).
Esta es una facultad que tienen los fiscales cuando en una investigación penal no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades para esclarecer los hechos. En otras palabras, cuando no hay pistas que ayuden a seguir indagando con una razonable posibilidad de éxito, el caso se archiva sin lograr determinar a la o las personas responsables del delito, al menos en forma momentánea.
De acuerdo a las estadísticas, hasta junio de este año, la fiscalía con el mayor porcentaje de causas archivadas, en relación con el total de investigaciones terminadas, es la de la zona Metropolitana Oriente, con un 58,41%. Esto significa que, de un total de 89.577 casos finalizados hasta esa fecha, 49.390 de ellos fueron archivados por el Ministerio Público.
La segunda fiscalía con la mayor proporción de casos archivados es la de la zona Metropolitana Sur, con un 55,78% de este tipo de salidas. Le siguen la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la de Coquimbo. Estas dos últimas también cuentan con porcentajes de archivo por sobre el 50%.
Al respecto, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó que "en general, la cifra de archivos se mantiene en una tasa del 48%. Tiene algunas variaciones menores, que es algo que está bien en relación a parámetros internacionales. No obstante, es algo que nos preocupa porque representa una situación no exitosa respecto de los resultados de la investigación penal".
Según Herrera, "el tema del archivo está muy relacionado con el tipo de ingresos (de ilícitos) que tienen las regiones, es decir, las que tienen un mayor ingreso de delitos contra la propiedad deberían tener una mayor tasa de archivo, porque en esos ilícitos hemos encontrado más recurrentemente situaciones de imputado desconocido, sin poder dar con su identificación en los primeros momentos de la investigación, siendo más probable una alta tasa de archivos".
De acuerdo a la abogada, esta situación se ve "en las regiones, donde las tasas se escapan sobre el 50% respecto de lo que es el promedio nacional, evidenciándose una relación directa en que esas regiones tienen el mayor ingreso de delitos contra la propiedad".
Ese es el caso, dijo, "en el que se encuentra la Fiscalía Oriente, que tiene un ingreso muy fuerte de delitos contra la propiedad y eso es congruente con su tasa de archivos. No tiene que ver con deficiencia en la investigación, sino que es coherente con la cantidad de delitos contra la propiedad que ingresan a esa fiscalía, que es mayor que otras".
Análisis parlamentario
El diputado RN Gonzalo Fuenzalida calificó estas cifras de "escandalosas" y dijo que "eso demuestra el poco trabajo investigativo que están realizando". Para el parlamentario, esto se debe a que "los incentivos que tienen los fiscales no son a investigar, sino que a cerrar causas, usualmente archivándolas. Me atrevo a decir que la fiscalía en Santiago, en particular en la Oriente, las víctimas no son citadas a declarar por el fiscal, sino que los fiscales quedan con la declaración que hacen en las policías y eso es una pésima atención. Esto, más el archivo, deja una muy mala sensación en los ciudadanos".
Para el diputado PS Leonardo Soto, la razón de los archivos radica en que "cuando se denuncian los delitos se hace sin indicar ningún dato respecto del posible autor, es lo que se llama denuncia con imputado desconocido. Es decir, al momento de cometer el delito no encuentran ningún dato del autor, entonces la fiscalía no tiene mucho que hacer y archiva la causa".
En ese sentido, el parlamentario indicó que "si no hay datos de investigación, el peor error que se podría cometer es artificialmente tener las investigaciones abiertas encomendando diligencias a las policías sin llegar a ningún resultado. Incluso puede ser más perjudicial, porque colapsaría el sistema".
En tanto, para Catalina Mertz, directora de Fundación Paz Ciudadana, entidad encargada de apoyar el desarrollo de políticas sobre seguridad pública, "los altos niveles de archivo provisional se deben a problemas operativos y prácticos de calidad de las primeras diligencias que realizan las policías y de falta de coordinación en terreno entre policías y fiscales, y que implican bajos niveles de imputados conocidos".
En ese sentido, la vocera de la Fiscalía Nacional dijo que "hace una semana celebramos un convenio con la PDI y Carabineros para definir mesas de trabajo que se van a dedicar a esta materia y también estamos actualizando el Manual de Primeras Diligencias, cosa de que podamos empezar a trabajar mejor. Esa es una de las iniciativas".
