Si hay algo en lo que coinciden los rectores de las universidades estatales y las privadas tradicionales, es en que los recursos que destinó el gobierno para financiar la educación superior en 2015 son "insuficientes". Adjetivos similares han utilizado, parlamentarios de todos los sectores y también la Confech.
Las expectativas, de acuerdo a los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, eran altas y el Consejo de Rectores (Cruch) esperaba un gesto sólido en materia de financiamiento. Sin embargo, critican que "existe una política de subsidio a la demanda que no permite fortalecer a las instituciones".
Este cuestionamiento se sustenta en el incremento de recursos para becas y Crédito con Aval del Estado (CAE), no así en los fondos directos para los planteles. Según explicó el rector de la U. Católica y presidente del G9, Ignacio Sánchez, del total del presupuesto para educación superior el 75% corresponde a aportes para becas y créditos y el 25% para el fortalecimiento de las instituciones.
En el Cruch también cuestionan que el incremento del 5% real del Aporte Fiscal Directo no está reflejado en la glosa tradicional, sino que en el convenio marco con planteles estatales y en el fondo basal por desempeño.
Aunque las estatales celebran la creación de este convenio marco, no están conformes con los montos. Se critica que de los $ 34 mil millones que contempla el presupuesto para los planteles estatales, sólo $ 17 mil millones son nuevos recursos y el resto se trate de reasignaciones (ver infografía).
El presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), Aldo Valle, aseguró que "esos fondos son insuficientes para poder fortalecer las instituciones del Estado y no nos parece que se base el Presupuesto en reasignaciones y no en recursos frescos". Esta crítica es compartida por los planteles privados del Cruch.
REGIONES
Los aportes a ues. regionales bajan en 33%, según indicó el rector de la U. Austral, Oscar Galindo, y tanto el G9 como el Cuech, en conjunto con parlamentarios de todos los sectores, han emplazado al gobierno a modificar este ítem.
El senador por la región de Los Ríos, Alfonso de Urresti (PS), dijo que "en el gabinete ministerial de Educación existe demasiado centralismo. (...) Bajo ninguna circunstancia voy a aprobar así el Presupuesto".
La semana pasada, la diputada Alejandra Sepúlveda (IND) emplazó a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, durante una sesión en el Congreso: "No saben lo que significa para una región una universidad". Y enfatizó que "esa es la diferencia de cuando uno se sube a un escenario a pedir los votos a ser capaz de gobernar con coherencia".
Quiroga respondió que "es de particular interés del gobierno avanzar en la línea de fortalecimiento de las instituciones regionales (...) el gobierno no hace oídos sordos. pero una vez que tengamos una propuesta acordada la traeremos a la comisión".
¿DISCRIMINACIÓN?
Pese a las coincidencias, la mayor diferencia entre los rectores del Cruch está en el "trato discriminatorio" que acusa el G9 por la glosa especial para los planteles estatales. El rector de la U. Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, afirmó que "hemos recibido por primera vez una diferenciación y eso es preocupante porque podría discriminar negativamente el desarrollo de instituciones públicas no estatales que están jugando un rol importantísimo en el país".
Este punto es el que mantiene dividido al Cruch y que no les ha permitido negociar en conjunto con el gobierno. Sobre esto, el rector Sánchez subrayó que "nosotros no vamos a llegar a un acuerdo mientras haya una glosa separada para universidades estatales".
Sánchez agregó que "a través de ese instrumento se implementa una política pública de apoyo a las estatales antes de haber una discusión de una ley en el Congreso".
Al respecto, la subsecretaria dijo en su intervención en el Congreso que el gobierno "se ha hecho cargo del compromiso de campaña de dar un trato preferente a las universidades del Estado".
