Las siete vidas del "Gatito" Díaz

El chofer Luis Fuentes subió hasta la oficina de Mikel Urquiza con el rostro todavía desfigurado por el miedo. Sus gritos se oyeron en toda la casona de la UDI: su jefe, el senador Jaime Guzmán, fundador del partido, había sido baleado a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica. Juan Gregorio Díaz Sepúlveda recuerda que eran alrededor de las 18.30 cuando tuvo su gran momento. El militante de 30 años reaccionó rápidamente. Debían llevarlo al Hospital Militar. Junto a su amigo Pedro Páez, a quien conocía desde sus años de estudiante de Ingeniería en la Universidad de Concepción, bajaron hasta la calle Suecia y entraron en la parte trasera del Subaru Legacy gris. El auto estaba lleno de vidrios rotos.

“Al subir al auto y acomodar a Jaime, que estaba tendido hacia el asiento del chofer, pude ver que la camisa que tenía puesta estaba empapada en sangre, prácticamente desde el hombro hasta el borde del pantalón. También vi una mancha bastante grande en la parte de atrás del asiento”, relató Díaz a Investigaciones  dos semanas después del atentado.

La cabeza de Guzmán se ladeaba hacia el asiento del conductor, por lo que Páez intentó sujetarlo desde atrás, a la vez que le ponía presión a las heridas en el pecho. El senador tenía un rosario en sus manos. Fuentes condujo el auto por Lota, Los Leones y Providencia. En el trayecto se subió a la vereda y anduvo contra el tránsito. El chofer iba nervioso y no era capaz de profundizar en lo que había pasado, pero les contó que Guzmán le había dicho que una persona lo había estado siguiendo dentro de la universidad. En medio de la desesperada carrera, Díaz se bajó del auto un par de veces para pedirles a los demás vehículos que les dieran el paso. El senador aún vivía.

“Cuando subimos al auto con Páez noté que todavía estaba con buen color, pero ya con ciertos signos de inconsciencia y no articuló palabra en el trayecto. Tampoco se quejaba. Ya poco antes de llegar al hospital noté que empezaba a tomar un color cetrino, que me pareció característico de quien va perdiendo la fuerza”, dijo Díaz.

Que la camilla llegara apenas se estacionaron en la urgencia no fue suficiente para salvarle la vida. Jaime Guzmán murió el 1 de abril de 1991, tras ser acribillado por dos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Díaz recurriría permanentemente al recuerdo de esa tarde. La realidad se iría distorsionando hasta instalarse el mito de que Guzmán murió en sus brazos, cuando en verdad iba en el asiento de atrás. De lo que sí dan fe un par de sus ex socios es que Díaz todavía guarda en una cajita la Constitución de 1980 que el fundador de la UDI llevaba ese día.

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Luego de la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra los arquitectos Cynthia Ross y Jorge Silva Menares, ex director de obras de Machalí, Juan  Díaz (55) deberá decidir si entrega su testimonio al Ministerio Público. La acción judicial lo acusa de sobornar a ambos para así facilitar el cambio de uso de suelo en la zona. “No lo haremos mientras haya piezas secretas en la investigación”, dice su abogado, Carlos Astorga, que todavía no conoce el contenido de la declaración de otro de los personajes clave del caso Caval, el síndico Herman Chadwick Larraín, quien declaró recién este jueves.

Si decide contar su versión al fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, Díaz tiene mucho que explicar. Deberá abordar las gestiones que realizó para Caval, la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, en la comunidad de Freirina para mantener la planta de Agrosuper, así como los trámites que realizó en Quilicura para instalar ahí un nuevo edificio corporativo de la CCU. También deberá explicar su relación con uno de los abogados de Sebastián Dávalos, Francisco Feres, que fue denunciada en su declaración por el ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero, y su polémica visita a La Moneda para hablar con el administrador de Palacio, Cristián Riquelme, de la deuda que Natalia Compagnon mantenía con él por los trabajos a la CCU.

Más allá de la importancia de estos hechos, su relato se centraría, lógicamente, en el rol que tuvo en la compraventa de las 44 hectáreas que poseía Wiesner S.A. a un costado de la Carretera del Cobre, en Machalí, luego del Convenio Judicial Preventivo -una suerte de pre quiebra- al que se sometió la empresa.

En 2013, Caval estaba negociando un crédito de $ 6.500 millones con el Banco de Chile para comprar el terreno. El préstamo sólo fue obtenido tras una polémica reunión entre el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, Compagnon y su marido, Sebastián Dávalos Bachelet, el 5 de noviembre. Todos los actores de la operación calculaban que con el cambio de uso de suelo se podrían obtener ganancias siderales por una futura venta. Y Juan “Chico” Díaz, el mismo que había presenciado los últimos minutos de vida de Jaime Guzmán, era uno de ellos: recibiría al menos $ 400 millones luego de que Caval comprara y, a su vez, vendiera el campo.

A partir de la publicación de revista Qué Pasa que reveló el negocio, en febrero de este año, distintas investigaciones comenzaron a armar el rompecabezas. Díaz había vuelto a involucrarse en un escándalo público como el hombre que negoció directamente la venta con Valero, el socio de Compagnon en Caval, a quien conoció por medio de un histórico de la UDI, Patricio Cordero.

“A Juan Díaz, quien es conocido como ‘El Gatito’, lo conocí en septiembre de 2013 en medio de las negociaciones (...). Cuando ellos proponen el negocio, proponen un acuerdo que era 50% para Patricio y Juan y el 50% para Caval en las utilidades”, declaró Compagnon.

Según sus dos contratos, las labores de Díaz consistieron en “todo tipo de trámites en cambio de uso de suelo de terrenos” y “gestiones de venta o corretaje”, pero ambos fueron objetados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por no contar con la aprobación de la junta de acreedores. El pago total por ese trabajo fue de $ 415.354.524.

Una fracción de este dinero habría sido destinada para pagarles a Ross y Silva por su trabajo para cambiar el Plan Regulador Intercomunal de la región.

Después de revisar la enorme cantidad de antecedentes judiciales de Díaz, Toledo empezó a ver patrones. Estafa, apropiación indebida, giro doloso de cheques, amenazas y hasta corte ilegal de árboles nativos figuraban entre los delitos de los que había sido acusado, aunque sólo había sido condenado una vez. El pasado de Díaz llegó a perseguirlo el 10 de abril, cuando uno de sus antiguos socios se presentó a declarar voluntariamente en la Fiscalía de Rancagua. “Este señor es un personaje, un palo blanco o goma de otras personas y protegido de los llamados coroneles de la UDI”, señaló. Unos meses antes de morir, el ingeniero Carlos Jiménez Gallardo tenía cosas que contar.

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Los vecinos de la Villa Tokio de La Florida dicen que conocen a Juan Díaz desde joven. Llego ahí hace alrededor de 30 años, proveniente de Quinta Normal, después de la separación de sus padres. Se instaló en una casa esquina con sus cuatro hermanos y su mamá, Nancy Sepúlveda, quien todavía reside ahí. Su padre, Jorge Díaz, un empresario transportista, tenía otra familia al momento del quiebre y tuvo un total de 11 hijos con cuatro mujeres.

Sus estudios los hizo en el Liceo Padre Hurtado de Quinta Normal y el Internado Nacional Barros Arana, de donde egresó el año 1978. Desde aquella época arrastra el apodo con el que es más conocido                       -“Chico”- y el interés en ocupar posiciones de poder. Durante esos años de educación media participó activamente en los centros de alumnos. Aunque no era obligación, siempre usaba corbata. “Hablaba medio como Pepe Pato. Era un tipo cordial, de esos que se hacían amigos del inspector general y de los profesores”, cuenta un antiguo compañero del Inba.

El desarrollo político de Díaz data de comienzos de los 80, como estudiante de Ingeniería en Construcción Civil en la Universidad de Concepción, en paralelo al nacimiento de la UDI. Justo en esos años, Patricio Cordero era director de asuntos estudiantiles ahí, mientras su hermano, Luis Cordero, uno de los fundadores de la UDI, echaba a andar la estrategia poblacional del partido en diferentes campamentos de Santiago. Otro de los firmantes en la constitución del partido, Pablo Longueira, también tuvo contacto con Díaz en su calidad de presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile. Siguiendo su pensamiento se enroló en la UDI apenas se fundó, en septiembre de 1983.

Antes de titularse, Díaz tuvo que regresar a Santiago por falta de recursos para terminar la carrera. Volvió a la casa de Villa Tokio para ayudar a mantener la familia y trabajó un tiempo en una empresa pesquera. Su experiencia en el mundo inmobiliario empezó en los campamentos, como asesor del Ministerio de Vivienda, donde llegó por su cercanía con el secretario de la cartera, Miguel Angel Poduje. Entre otras labores, Díaz debía coordinar la entrega de viviendas sociales y la erradicación de campamentos.

“Siempre fue un testaferro de esa gente. Un tipo locuaz, que andaba siempre de terno y corbata, y que sacaba a relucir sus vínculos. Nunca me pareció del todo fiable”, comenta uno de los impulsores de la política poblacional del gremialismo.

Díaz tenía su papel de soldado de la UDI bien asumido. A fines de la década, instado por sus contactos del gobierno, participó en la infiltración del Partido Nacional (PN) para aplacar la rebelión de Germán Riesco y evitar que el partido votara por el “No” en el plebiscito de 1988. Incluso, alcanzó a inscribirse como candidato a diputado, pero fue rechazado por el Servel por no estar correctamente inscrito en el PN. Este fracaso le permitió concentrarse en trabajar para la campaña senatorial de Herman Chadwick Piñera                  -padre del síndico imputado en el caso Caval- por la Cuarta Región. Sería el inicio de su relación laboral con esa familia y la primera de muchas campañas políticas en las que prestaría sus servicios. Más adelante participaría, entre otros, del comando presidencial de Joaquín Lavín y, hace menos tiempo, en la campaña de la senadora Jacqueline van Rysselberghe en la Octava Región.

Dentro de los círculos de la UDI también conocería a su esposa, la abogada María Soledad Ramírez. El matrimonio duró apenas cinco años, desde el 22 de agosto de 1992 hasta el 11 de noviembre de 1997, cuando fue anulado por el 23° Juzgado Civil de Santiago. En ese período tuvieron un hijo, que hoy tiene 23 años. Consultada por Reportajes, Ramírez declinó referirse a su ex marido y sólo comentó que mantienen una buena relación hasta hoy.

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Como representante de Herman Chadwick Piñera, Juan Díaz llegó a ocupar un asiento de director en la Cámara Chileno-Boliviana de Comercio a inicios de los 2000. Allí conoció a Pablo Jofré, con quien rápidamente se hicieron amigos. Al poco tiempo estalló el escándalo del caso Spiniak y Díaz se enteró que un primo suyo de Quinta Normal, Leonardo Díaz, había sido pololo de Gema Bueno, la joven que había acusado al senador UDI Jovino Novoa de participar en las fiestas de Claudio Spiniak. Tras notificar a Pablo Longueira, ambos iniciaron una investigación paralela para limpiar el nombre de Novoa, patrullando el antiguo barrio de Díaz en el Mercedes negro de Jofré, bajo la supervisión del abogado de Providencia Christian Espejo. Sus averiguaciones permitieron desacreditar el testimonio de Bueno, quien finalmente confesó que todo era mentira. Una vez más, Díaz se transformaba en un protagonista inesperado en un momento clave para su partido y fue reconocido públicamente como tal. “Nos aportó antecedentes muy útiles para desmontar esa farsa”, dijo Pablo Longueira en su declaración ante el fiscal Toledo.

Su rol de salvador de la UDI le permitió jactarse de un nuevo estatus en los negocios inmobiliarios que llevaba. Pudo hacer gala de todos sus contactos y desplegar sus habilidades sociales para ser más persuasivo que nunca en el terreno comercial. Una persona cercana piensa que detrás de su personalidad subyacía un “complejo de Napoleón”, un mecanismo defensa para enfrentar su baja estatura.

Siempre bien vestido, con chaquetas algo largas de mangas y camisas con colleras, Díaz mareaba a sus interlocutores a punta de chistes e historias increíbles, como la de Jaime Guzmán. Su simpatía generaba confianza.

Un informe presentencial de Gendarmería de 2008, redactado tras su única condena, da cuenta de esto. En el documento, el psicólogo Carlos Madariaga describe que Díaz “evidencia un alto grado de deseabilidad social, tratando en todo momento de mostrarse como una persona de sólidos principios”, que “destaca permanentemente sus cualidades personales” con un “lenguaje comprensible, pero algo rebuscado”.

A partir del año 2003, Díaz comenzó a participar de una serie de negocios que terminarían en durísimas disputas personales y judiciales. Uno a uno sus aliados se irían volviendo en su contra.

El primer gran negocio fue la Compañía Minera Maagal, constituida en octubre de 2003 junto a Benjamín Rochenszwalb y Patricio Salomón. En el primer directorio de la empresa participaron históricos de la UDI, como Guillermo Elton y Marcelo Ruiz, quien fallecería en 2010 en un accidente aéreo cerca de Tomé junto a otros empresarios ligados a la Universidad San Sebastián.

La empresa compró varias minas en Vallenar. El ingeniero Carlos Jiménez fue contratado para trabajar en ellas, como asesor en la compra de maquinaria y la realización de informes de impacto ambiental. Sus primeras denuncias por honorarios impagos las hizo en contra del socio de Díaz, Patricio Salomón. El gerente Demanet tomó partido por este último y trató de hacerle ver a Jiménez que el responsable era otro, en un correo del 2 de febrero de 2007.

“Patricio está reventado. No sé si será capaz de soportar la presión que le está ejerciendo el ladrón Díaz. No sé si podrá salir a flote de este buque que, al parecer, le queda demasiado grande. No está preparado para enfrentar a un monstruo”.

La dupla Salomón Demanet había constituido otra sociedad en 2004 llamada Inmobiliaria Coyancura, que había comprado un par de terrenos para proyectos inmobiliarios: el fundo de eucaliptos San Juanito, en Coihueco, y el fundo El Mono, en Chillán, donde se planeaba instalar un complejo inmobiliario de mil casas. Gracias a un mandato amplio de Salomón, Díaz se hizo cargo y puso gente de confianza a trabajar, como al gestor financiero Alfonso Demanet, al contratista Naamán Fuentes y al propio Jiménez.

Ambos proyectos terminaron mal, al menos para el socio de Díaz. La edificación en el fundo El Mono no se concretó y la arquitecta que desarrolló el complejo, Magaly Landeros, nunca recibió sus honorarios. El bosque de San Juanito, en tanto, fue talado totalmente, supuestamente sin consentimiento de Salomón, quien se querelló contra Díaz y su mano derecha en la zona, Naamán Fuentes, por apropiación indebida en 2006. Ambos se excusaron diciendo que tenían mandatos para vender la madera y Fuentes aseguró que usó esos ingresos para tapar el hoyo financiero de El Mono. Ambos compartieron al mismo abogado, Carlos Astorga -actual representante de Díaz en el caso Caval-, pero sólo Fuentes terminó condenado en un procedimiento abreviado. Esto marcó su distanciamiento de Díaz, pese a que habían comenzado otro negocio con la adquisición de 12 mil plantas de arándanos en Quillón, VIII Región.

Tanto Salomón como el antiguo gerente de Coyancura, Demanet, presentaron querellas contra Díaz que no prosperaron. El ex ministro y abogado radical Isidro Solís defendió a Díaz en una de esas causas y se presentó como uno de sus testigos en otra. “Me decía que tenía amigos en ambos lados políticos y que podía hacer lo que quisiera”, dijo Salomón.

Su antiguo amigo de la UDI, Pablo Jofré, también se querelló por estafa contra él y Demanet, por la venta de un terreno en Lo Curro que estaba “clonado”, es decir, que tenía doble inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Jofré argumenta que Díaz le aseguro que el terreno era suyo, a pesar de que estaba a nombre de Demanet, pues éste se lo había cedido como parte de pago por una deuda anterior. Por su parte, Demanet dice nunca haber sido propietario real del sitio, sino que aceptó figurar como dueño por petición de Díaz, quien por entonces acusaba una “persecución política” por su rol en el caso Spiniak.

La causa quedó radicada en el antiguo 4° Juzgado del Crimen, por ser un hecho ocurrido a inicios de 2005, antes de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Santiago. El sumario ha estado abierto desde 2007 y sólo se reactivó con la aparición del “Chico” en el caso Caval.

En el careo entre Demanet y Díaz se reveló el tono de la odiosidad entre ambos.

Díaz: Yo hice una denuncia por intento de homicidio en contra de mi persona, que fue planificada por Salomón y Demanet.

Demanet: Yo no soy capaz de algo así.

Esa denuncia se interpuso en 2010, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, Díaz explica que el 14 de febrero de 2007, Salomón y Demanet se habrían reunido en un café para planear el asesinato de Díaz. Ambos le habrían ofrecido un adelanto de $ 50 mil pesos a un tal “Rigoberto León” por matarlo, indicándole su rutina y los lugares que frecuentaba. “He vivido siempre con el temor de que se reactive dicha intención de eliminarme, y así como una vez ya contrataron a un sujeto para hacerlo, pueda suceder que se contrate a un nuevo sicario”, explicó Díaz, quien por esa época salía a la calle con dos guardaespaldas, según cercanos. Sin embargo, la fiscalía no tomó en serio la acusación y desestimó investigar.

Los únicos que a la larga consiguieron ganarle un juicio a Díaz fueron Ricardo Ormazábal, un empresario curicano, y su mujer, Silvia Méndez, quien firmó el traspaso de un predio a Díaz pensando que lo hacía a Inmobiliaria Coyancura. Cuando se pagaron sólo 60 de los $ 180 millones convenidos, se dieron cuenta de que Díaz no tenía bienes que se le pudieran embargar para saldar la deuda. “Tiene todo a nombre de familiares. Me amenazaba por teléfono. Era un tipo súper audaz y hábil, que se jactaba de sus contactos, pero también de su extracción popular”, cuenta Ormazábal.

El Tribunal Oral en lo Penal de Curicó condenó a Díaz a cuatro años de presidio -que no se cumplieron en la cárcel, por su irreprochable conducta anterior- y a pagarle $ 175 millones al matrimonio. Ormazábal dice que Díaz todavía no ha pagado lo ordenado.

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Carlos Jiménez fue el último en enfrentar a Díaz para exigirle $ 37,5 millones que supuestamente le adeudaba desde 2004. Durante sus últimos años, y pese a una severa diabetes, realizó denuncias ante diferentes organismos y juntó obsesivamente un sinfín de documentos, a los que hacía diferentes anotaciones al pie de página. También les escribió a sus supuestos protectores, como a Luis Cordero -quien le contestó que hace años no tenía negocios con él- y al propio Díaz. “Te comunico que si la justicia no te castiga, me encargaré yo de denunciarte. Hoy me doy cuenta de que me volví a equivocar”, le escribió en 2010.

Antes de su muerte, el 29 de agosto de este año, Jiménez encontró en el fiscal regional Toledo a alguien interesado en escuchar su historia. Desde entonces, el archivo quedó en su poder.

Los otros ex socios siguen atentamente el futuro judicial de Díaz. La mayoría espera que se encuentre alguna propiedad con la que puedan recuperar su dinero y otros quieren verlo, finalmente, tras las rejas. Creen que no será nada fácil. Por algo, uno de ellos no le dice “Gatito”, sino “Mandrake”, por su capacidad para “sacar un conejo del sombrero” o simplemente “desaparecer”. También saben que, después de todo lo que ha visto, puede ser peligroso si abre la boca. -Al final, el Chico Díaz es un lobo solitario. No tiene amigos. Opera para todos. Si destapa la olla, queda la cagada en este país.