En su retorno a la escena pública tras tres semanas de reposo por un problema de salud, Cristina Fernández aseguró el martes que "ningún carancho (ave carroñera) judicial la va a extorsionar", en una referencia elíptica a la polémica desatada por la decisión del juez Claudio Bonadio de allanar el pasado jueves oficinas en Buenos Aires de la empresa hotelera Hotesur, de la que la mandataria argentina es accionista.

El caso se inició luego de que la diputada opositora Margarita Stolbizer interpusiera una denuncia contra Hotesur, administradora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate (en la sureña provincia de Santa Cruz) por supuestas irregularidades fiscales, luego de que un canal del Grupo Clarín emitiera un programa donde se informaba que la sede legal de Hotesur es "trucha", o sea, falsa, y se encuentra inactiva y sin empleados.

En la denuncia, Stolbizer asegura que el hotel Alto Calafate podría ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por Fernández y su fallecido esposo Néstor Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez, el cual es investigado por la justicia. "La hostelería se utiliza para el lavado, delito a través del cual se encubren dineros mal habidos", dijo Stolbizer.

Según el diario Clarín, desde su creación en 2005, el hotel Alto Calafate no registró, hasta ahora, una temporada de plena ocupación. Hotesur arrendó a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez -ganador de millonarias licitaciones de obras públicas con el gobierno de Santa Cruz y el nacional- habitaciones en el más emblemático de los hoteles de la familia Kirchner por un total de 10,1 millones de pesos argentinos (equivalente a US 1,18 millón) entre 2010 y 2011. Sin embargo, esas plazas casi nunca eran ocupadas. Con 103 habitaciones y cuatro estrellas, la tarifa más baja en Alto Calafate empieza en US$ 185 al tipo de cambio oficial. Pero los servicios no funcionan plenamente, apunta Clarín. Las quejas recurrentes son la baja señal de internet y la poca nitidez del cable.

Consultado por La Tercera, el analista argentino José Angel Di Mauro dijo que "las irregularidades detectadas ciertamente representan la punta de un ovillo complicado para la presidenta, en el que se sospecha que puedan detectarse puntos de contacto con el cada vez más complicado empresario Lázaro Báez". Asimismo, afirmó que "no tiene el menor sustento la acusación de 'golpismo activo' dispuesta por el gobierno" contra la Justicia a raíz de la investigación.