ALGUNOS minutos a solas conversaron, el jueves en la mañana, el ministro Andrés Chadwick y el senador PS Camilo Escalona. El ex timonel socialista visitó al titular de Interior en La Moneda, junto al alcalde de Chaitén y otros dirigentes de esa zona, para conversar sobre temas locales.

Sin embargo, el jefe de gabinete aprovechó el espacio para abordar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, que deberá dirimir el próximo martes y miércoles el Senado.

El diálogo con Escalona fue uno de los numerosos contactos que mantuvo Chadwick y otros ministros -como el titular de la Segpres, Cristián Larroulet- durante la semana con personeros de oposición.

Según fuentes oficialistas, uno de los principales mensajes entregados a la Concertación apuntó a avanzar en un acuerdo "amplio" en los proyectos del ramo que están en el Parlamento, como la superintendencia de educación superior, encargada de fiscalizar el lucro. "Agenda abierta", era la expresión utilizada desde el Ejecutivo.

La idea de proponer un acuerdo en la agenda de Educación había surgido a principios de semana, luego de los primeros análisis del gobierno y senadores de la Alianza tras la derrota sufrida por Beyer en la Cámara Baja.

Algunos en La Moneda recordaban que en julio de 2009, en medio de la contienda presidencial con Eduardo Frei, la Alianza -con su candidato Sebastián Piñera a la cabeza- acordó con el gobierno de Michelle Bachelet un proyecto de ley para financiar, de manera permanente, el Transantiago.

Dicha iniciativa salvaba uno de los problemas emblemáticos de la administración bacheletista y, al mismo tiempo, quitaba un elemento importante de los temas pendientes para el entonces eventual futuro gobierno piñerista.

Además, decían ahora en La Moneda, en caso de que Bachelet lograra un triunfo presidencial a fin de año, no le convendría instalar desde ya un clima crispado con la Alianza.

En el oficialismo añadían otro elemento: la marcha estudiantil del jueves. Si bien la lectura general era que la postura de los estudiantes "contra el lucro" aumentaba la presión para que la Concertación se alineara contra Beyer, en la Alianza también hicieron notar que ese día, los dirigentes estudiantiles lanzaron fuertes críticas a Bachelet, pidiendo no utilizar las banderas del movimiento en la campaña. Así, decían en el gobierno, no estaba claro que la presión estudiantil estuviera cargada sólo contra el oficialismo.

Con todo, aunque hasta el jueves en el Ejecutivo no se quería dar por desahuciada la idea de un pacto sobre los proyectos de Educación, con el paso de las horas se asentaba cada vez más la percepción contraria: los espacios para avanzar con la Concertación en esa línea o cualquier otra destinada a salvar al ex subdirector del CEP eran escasos.

El escenario fue conversado el jueves en la tarde, en la tradicional reunión con sus ministros del comité político, encabezada por el Presidente Sebastián Piñera.

Ahí, dicen quienes conocieron la conversación, se analizaron los pros y contras de que Harald Beyer enfrente el complejo escenario en el Senado o renuncie de manera anticipada, evitando una posible destitución, que supone cinco años de prohibición de ejercer cargos públicos.

Las opiniones del comité político estuvieron divididas: mientras algunos sostuvieron que una salida anticipada podría ser entendida como dar la razón a la Concertación, otros dijeron que era mejor no exponer al ministro a una derrota como la que había sufrido, en 2008, la ex titular de Educación Yasna Provoste. Al final, dicen las mismas fuentes, se acordó -"por ahora"- seguir hasta el Senado, "porque Harald está de acuerdo en eso".

"Resistiré", dijo Beyer el martes pasado, en una actividad en Renca. Sin embargo, en La Moneda señalan que este fin de semana será "clave" para despejar dos variables. Primero, la voluntad final de la Concertación de iniciar un diálogo por un acuerdo amplio en Educación (lo que se ve muy poco probable).

Y segundo, que La Moneda haga una nueva evaluación del ya complejo escenario político en la Cámara Alta. La semana pasada, Beyer dijo a Piñera que estaba disponible para llegar hasta el final, a no ser que el Presidente le dijera que la mejor vía sería la renuncia.

¿El gobierno prefiere llegar hasta el final, aún ante un resultado adverso? Hacerlo, dicen personeros de Palacio, es el único camino para tratar de que la Concertación pague algún costo por la salida del ministro, enrostrándoles haber aprobado una acusación "politiquera" y con evidentes vicios de forma.

Esto, en alusión al error del libelo presentado por los diputados opositores, quienes se equivocaron en los artículos de la ley por haber copiado la parte final del texto del 2011 contra Rodrigo Hinzpeter.

Este elemento estuvo presente en las conversaciones de los ministros con los senadores opositores. La Moneda había criticado a la Cámara Baja por impulsar y aprobar -sin que nadie se diera cuenta- un libelo de esas características, impresentable en términos jurídicos. Si se aprobaba en la Cámara Alta, el gobierno culparía a los senadores de oposición de contribuir al "desprestigio del Congreso".

¿BUSCAR A BACHELET?
Los análisis pesimistas de finales de esta semana habían surgido en el gobierno tras un intenso debate.

Una de las ideas debatidas en La Moneda fue la de intentar gestiones ante Michelle Bachelet. La idea era plantearle, por medio de un intermediario, que hiciera algún gesto en favor de Beyer.

Esta propuesta tenía como trasfondo el hecho de que varios ex ministros bacheletistas, como Francisco Vidal, Sergio Bitar, Pilar Armanet, y parlamentarios como Felipe Harboe, Jorge Burgos y Jaime Quintana, habían expresado su rechazo a la acusación contra Beyer, argumentando que se abriría un efecto "bumerán": el gobierno sacaría al pizarrón a la Concertación, acusando los nulos avances en el control del lucro de los gobiernos anteriores.

Sin embargo, la iniciativa fue desestimada: estaba claro que la ex jefa de ONU-Mujeres se había mantenido al margen del debate en la Cámara, mientras varios diputados incrementaban la presión contra Harboe y Burgos, emplazándolos a definirse "en favor o en contra del lucro".

Desechado ese camino, la decisión del comité político fue concentrar el lobby en el Senado. El jueves de la semana pasada, después de la derrota en la Cámara de Diputados, una primera definición en el gobierno fue buscar las inhabilitaciones de Soledad Alvear (DC) y José Antonio Gómez (PRSD).

La ex timonel falangista ya se había inhabilitado en votaciones anteriores por proyectos sobre educación, pues su esposo, el ex diputado Gutenberg Martínez, es rector de la Universidad Miguel de Cervantes.

Entre los socios de esa universidad están otros dos familiares, además del dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, Angel Maulén, actualmente en arresto domiciliario, en el marco del escándalo por irregularidades en el sistema de acreditaciones.

El abanderado presidencial radical, por su parte, integró hace algunos años la junta directiva de la Universidad del Mar, hoy en proceso de cierre, tras irregularidades denunciadas por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, esta primera estrategia perdió fuerza pocas horas después: varios senadores de la Alianza hicieron ver al gobierno que si se pedían esas inhabilitaciones, la Concertación haría lo propio con parlamentarios oficialistas ligados a universidades, como Carlos Larraín (RN) y Hernán Larraín (UDI).

El primero dice haber colaborado en la creación de la Universidad Los Andes, aunque asegura que nunca ha recibido pagos por eso. El ex timonel gremialista, en tanto, integró la junta directiva de la Universidad Santo Tomás (ad honorem, según afirma).

Así, entre viernes y domingo, surgió la idea de conformar formalmente un equipo de senadores encargados del lobby con sus pares de la oposición. Incluso, se supo que dicho grupo se reuniría el lunes a las 19.30, en La Moneda.

Esto alarmó a algunos parlamentarios, como Hernán Larraín, quien hizo ver al gobierno que si se sabía que había una "estructura formal" organizada desde el Ejecutivo para influir en la decisión del Senado, esto podría ser utilizado por la Concertación para pedir la inhabilidad de los senadores oficialistas involucrados.

La Moneda retrocedió y definió que el lobby sería impulsado de manera informal y que no habría reuniones de coordinación en Palacio. De hecho, tras el comité político del lunes, la vocera Cecilia Pérez negó públicamente la existencia de un "comité de crisis".

La tarde del lunes, Larroulet sostuvo una extensa conversación en el ex Congreso con el DC Andrés Zaldívar. Ambos negaron haber conversado sobre Beyer.

Sin embargo, fuentes oficialistas dicen que el parlamentario hizo saber al gobierno que si bien creía que, en lo jurídico, la acusación contra el titular de Educación era debatible, se trataba de una decisión política. Lo mejor, argumentaba Zaldívar, era que Beyer renunciara antes.

El ánimo no era el mejor en el oficialismo. Pero las cosas cambiaron el martes, cuando se supo del error cometido por los diputados opositores en el libelo.

La noticia exaltó los ánimos en el oficialismo. Por una parte, en La Moneda se hizo una evaluación negativa del rol del abogado Enrique Barros, a cargo de la defensa de Beyer, por no haber detectado antes el gaffe jurídico. Pero al mismo tiempo, se abría una ventana política para restar validez a la acusación en el Senado.

Así, en la reunión de comités del Senado la mañana del martes y con los diarios sobre la mesa, la Alianza pidió al presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), que la acusación fuera revisada por alguna instancia "previa" antes de que se votara en la sala. El parlamentario falangista, sin embargo, se negó, diciendo que la admisibilidad del libelo era atribución exclusiva de la Cámara Baja y que el Senado debía pronunciarse sobre el fondo.

Ofuscados, los senadores oficialistas se reunieron inmediatamente con Andrés Chadwick, quien estaba en la sala de ministros, ubicada en el cuarto piso del Senado. Hasta ahí llegaron los UDI Hernán Larraín, Víctor Pérez y Alejandro García-Huidobro, además de los RN Alberto Espina y Baldo Prokurica.

La decisión: se insistiría en la sala que el texto debía pasar a la Comisión de Constitución para revisar su idoneidad. Larraín planteó el asunto una hora después, durante una sesión especial en el hemiciclo y, ante una nueva negativa de Pizarro, se acordó que Larraín pediría votar el asunto en la sesión ordinaria de las 16.00.

Pero la estrategia oficialista sufrió una nueva "marcha atrás": durante el almuerzo de los senadores junto a Chadwick, algunos, como Juan Antonio Coloma (UDI), plantearon que era negativo forzar una votación para pasar la acusación a comisión: la Concertación se opondría, haciendo valer su mayoría, propinando la primera derrota a Beyer en el Senado y dando una señal concreta y nítida sobre el futuro del suspendido ministro.

Además, el argumento de que el libelo estaba mal hecho no podría seguir siendo esgrimido por la Alianza. Con este análisis, Larraín modificó su curso de acción: en la sesión de las 16.00 planteó que fuera el propio Pizarro el que decidiera si el libelo pasaría a la comisión. Como ya lo había dicho en la mañana, el DC se opuso, dando por concluida la ofensiva oficialista.

"Demasiado ensayo y error", comentaba un parlamentario de la Alianza, dando cuenta del desánimo que había esa tarde.

En paralelo, Larroulet reforzó su estrategia del lobby "uno a uno". Sostuvo numerosas conversaciones entre pasillos, buscando a algún opositor dispuesto a "descolgarse".

Cerca de las 19.00, mantuvo un diálogo con Alvear en un pasillo del Senado y, una hora después, otra larga conversación con el independiente Carlos Bianchi, en la oficina del parlamentario por Punta Arenas. Ese día, Alvear ya había anunciado que no se inhabilitaría. El voto de Bianchi, en tanto, daba mayores posibilidades a la Alianza.

El balance, sin embargo, fue negativo. El miércoles en la mañana, en distintos diálogos telefónicos entre los ministros y el Presidente Piñera, la conclusión era que el mensaje más reiterado desde la Concertación era que habría una postura colectiva, sin descolgados.

En ese contexto, la única opción abierta era insistir en el "acuerdo amplio" en Educación. Un argumento que el oficialismo ha puesto sobre la mesa es que si se confirma el favoritismo de Bachelet en las urnas, para ella sería mejor llegar a La Moneda con algún avance en Educación y no con una oposición crispada.

"Piñera, el 2009, podría haber paralizado el Transantiago, negándole fondos en el Congreso. Pero sabía que eso podría convertirse en un bumerán si llegaba al gobierno con una oposición en pie de guerra", sostiene un ministro. Además, señalan, la acusación contra Yasna Provoste fue el 2008, no en un año electoral.

UNA AGENDA EXTRAVIADA
"Hay demasiada presión, está la marcha de los estudiantes...", le dijo en un pasillo el senador Jaime Quintana al subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, el miércoles. El timonel del PPD era uno de los que había criticado la acusación antes de que fuera aprobada por la Cámara Baja.

Ahora, sin embargo, sin espacio en su propio partido para desmarcarse, ponía uno de los puntos claves sobre la mesa: la presión de los estudiantes -quienes conversaron en el Congreso con varios diputados opositores- había sido decisiva para alinear a la oposición.

En los días previos, los análisis tanto en el gobierno como en la oposición apuntaban a que mientras más convocatoria tuviera la marcha, menos espacio habría en la Concertación para desalinearse.

Pero en el gobierno había otra inquietud, ajena de la polémica de Beyer. La masiva marcha del jueves -que congregó a cerca de 80 mil personas, la más masiva desde 2011- podía contribuir a acrecentar un clima de efervescencia similar al de ese año, cuando las manifestaciones estudiantiles y el rechazo a HidroAysén colmaron la Alameda varias veces.

Ahora, los componentes eran distintos. Además de los estudiantes, el gobierno monitoreaba con inquietud una serie de movilizaciones gremiales y sindicales: la paralización de los puertos, el bloqueo de caminos en el sur por parte de maiceros, los anuncios de huelga en Codelco y los desafíos de un nuevo "paro comunal" en Calama encendieron alarmas en Palacio.

El tema fue analizado el jueves 4 de abril, en un comité político ampliado en La Moneda: además del Presidente y los ministros políticos, asistieron Rodrigo Hinzpeter (Defensa), Evelyn Matthei (Trabajo), Pedro Pablo Errázuriz (Transportes) y Luis Mayol (Agricultura).

Los análisis apuntaron a que, en un año electoral, todos sienten que hay mejores condiciones para conseguir sus demandas. Por lo mismo, es importante mantener a raya las expectativas, señalan en Palacio.

Matthei se hizo cargo de la negociación en el tema portuario. El reclamo había surgido en el Puerto Angamos, en Mejillones, donde el sindicato de Ultraport, controlada por el grupo Von Appen, pedía que se reconociera media hora para colación.

Tras dos semanas de movilización y a raíz de un acuerdo de solidaridad, al paro se sumaron los sindicatos de otros puertos, como Valparaíso y San Antonio.

El viernes 5 de abril, Matthei llegó hasta Antofagasta. En la Intendencia regional se reunió con representantes de Ultraport y del sindicato, logrando un acuerdo. En paralelo, el ministro Errázuriz había conversado con los grupos Von Appen, Matte y Sud Americana de Vapores -controladores de empresas en los otros puertos-, para buscar otros terminales de embarque en la región en caso de que el paro se extendiera. La idea era evitar que se perdieran exportaciones agrícolas, por ejemplo.

Ante el paro realizado el miércoles por los trabajadores de todas las divisiones de Codelco, el gobierno optó por dar espacio a Raimundo Espinoza (PS), el líder sindical.

En el Ejecutivo sabían que Espinoza había sido sobrepasado por su asamblea y que se había visto obligado a sumar a una demanda propiamente sindical -como es la mejora en el sistema de previsión de salud-, otras como la renacionalización del cobre.

Así, apenas se concretó el paro de un día, Codelco abrió diálogo con Espinoza y ofreció solucionar el tema de salud. Eso daría espacio, dicen en el gobierno, para que el sindicato de trabajadores de Codelco tome distancia de la confederación de contratistas, dirigida por el PC Cristián Cuevas, que ha levantado tradicionalmente banderas "más políticas" -a juicio del gobierno- y ya inició un proceso de negociación colectiva.

En el caso de los maiceros -que piden proteger con barreras comerciales la producción local, ante los bajos costos de los productores argentinos-, el gobierno ha recomendado formas para fortalecer su reclamo ante la comisión antidistorsiones.

Por su parte, Chadwick ha monitoreado personalmente la iniciativa del alcalde de Calama, Esteban Velásquez, de formar una federación de municipios "del norte", para pedir que parte de los impuestos de las empresas mineras se queden en dichas ciudades.

En La Moneda vieron con buenos ojos que -tras gestiones oficialistas- la alcaldesa de Antofagasta, la ex RN Karen Rojo, no se sumara al movimiento, restándole fuerza.

Por ahora, el escenario está más tranquilo, dicen en Palacio: Matthei se trasladó el jueves a San Antonio, a dialogar con el único sindicato portuario que mantiene la huelga, con miras a evitar que se active nuevamente la cláusula de solidaridad y los otros puertos vuelvan a movilizarse.

Además, se ha preparado una agenda especial para Calama, que incluye la remodelación del estadio municipal de fútbol y la inauguración, en octubre próximo, del nuevo hospital de la ciudad.

En este contexto, altas fuentes del Ejecutivo dicen que lo primordial es dar señales de normalidad, para tratar de recuperar el control de la agenda.

Una vez desactivados los focos de conflictos y cerrado el capítulo de Beyer, el Ejecutivo estaría en condiciones de cerrar un período de cerca de un mes marcado por la tensión y que frenó en seco lo que en el oficialismo llamaban la "buena racha": La Moneda había subido en las encuestas -38% según la última Adimark-, Piñera había descolocado a la Concertación al anunciar el aumento del sueldo mínimo a $ 200 mil y la entrega de un bono de $ 40 mil para las familias pobres y de clase media.

Así, aunque están conscientes de que buena parte de la atención está puesta sobre la campaña presidencial y las definiciones de Michelle Bachelet, en el Ejecutivo preparan iniciativas para marcar la agenda, por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana.