"Hoy, por fin, firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su embarazo, en tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles".
Con estas palabras, la Presidenta Michelle Bachelet inició la ceremonia de promulgación de la ley que regula la despenalización del aborto en las tres causales: de riesgo en la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, una de las iniciativas emblemáticas de la actual administración.
Para la ocasión, el gobierno preparó una fiesta al interior de La Moneda. Con más de dos mil personas y un ambiente festivo, que se evidenció en los cánticos que caían desde los diferentes sectores, Bachelet cerró una discusión que se extendió por dos años y ocho meses.
"Es una decisión que nunca es razón de festejo, porque está precedida de dolor, de angustia (...) lo que sí representa es la consolidación de un enorme avance, que debemos valorar", enfatizó la Presidenta.
Mediante la firma de los ministros de Segpres, Gabriel de la Fuente; de Justicia, Jaime Campos; de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; de Salud, Carmen Castillo; de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, así como de la propia Jefa de Estado, el Gobierno cerró un capítulo de discusión, para iniciar la fase de implementación.
"Nos estamos poniendo a tono con las legislaciones del mundo, que nos han hecho ver que la penalización a todo evento de la interrupción del embarazo representaba un incumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos", enfatizó la Mandataria, quien remarcó que se trata de una norma que no obliga a las mujeres a tomar una decisión, sino que es "un derecho a decidir, y les ofrecemos acompañamiento y respeto por su decisión, sea cual sea".
La Presidenta remarcó que esta nueva política se realizará con la adecuada confidencialidad y protección, además de la garantía efectiva de que el procedimiento de salud "se realizará en las condiciones de seguridad, oportunidad, dignidad y apoyo que corresponde".
De acuerdo con Claudia Pascual, se trata de un día en que se "reconocen derechos a todas las niñas, a las adolescentes y a las mujeres".
"Van a encontrar toda la acogida de la política pública, todo el espacio de las prestaciones de salud, de protección social y acompañamiento que se permite", enfatizó la ministra del Ministerio de la Mujer.
Elaboran reglamento
Desde este jueves, el gobierno cuenta con 90 días para elaborar la estructura normativa que fije los procedimientos asociados a la nueva ley. En este sentido, el primer paso que se debe dar es la redacción de las normas técnicas y reglamentos afines al tema, los cuales serán desarrollados desde el Ministerio de Salud. No obstante, pese a conocer la misión y contar con equipos formados, solo tras la promulgación de la ley se activa el mandato oficial para iniciar formalmente las labores de esta segunda etapa.
"Nosotros ya estamos trabajando en el reglamento y en las normativas que van a dar cuenta de la ley como corresponde. Tal como lo ha dicho la Presidenta, nos ha indicado que ejecutemos de forma eficiente, ojalá dentro de los 90 días de plazo, todos los elementos para poder dar respuesta a esta normativa y reglamentación", señaló la ministra Castillo.
En tanto, esta semana se iniciaron las reuniones con diferentes organismos involucrados en la implementación. Es así que miembros de Salud presentaron el pasado miércoles la nueva legislación a la mesa directiva nacional del Colegio Médico (Colmed).
Durante la reunión se acordó que el Departamento de Ética del gremio médico colaborará con la autoridad en la elaboración del reglamento de objetores de conciencia, con el fin de representar las distintas visiones existentes entre estos profesionales.
De acuerdo con la presidenta del Colegio, Izkia Siches, el objetivo de esta colaboración se dará "para proteger a los médicos objetores, dar las facilidades para que no se limite el acceso a las mujeres y que el reglamento se haga de común acuerdo", sostuvo.
Desde el Colegio de Matronas, en tanto, advirtieron que también esperan la oportunidad de reunirse con la autoridad.
"Sé que estamos en la lista, pero aún no nos han llamado (...) Este va a ser para dar una opinión, no creo que sea algo permanente", indicó Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas.
Otro de los sectores convocados a la fase de construcción del futuro reglamento es la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (Sochog).
Según Siches, en esta etapa se deben "definir, montar y fortalecer los equipos de diagnósticos, que es un desafío transversal para el sector salud, además de ver cómo se dispone la red".
En todo caso, la reanudación de los trabajos entre autoridad y gremio se producirá tras las Fiestas Patrias, y uno de los primeros objetivos del gobierno será elaborar un catastro de profesionales y técnicos no objetores.
"Queremos reunirnos para analizar el catastro que pudiéramos tener de médicos objetores y no objetores", adelantó Román, quien advirtió que no deberían surgir problemas con la tercera causal, de violación. Estas intervenciones, advirtió, "no son muchas y probablemente van a ser resueltas por el servicio público en algún centro especializado".
En este sentido, Siches señaló que espera un mecanismo flexible en que se defina la postura de los médicos: "Que no quede escrito en piedra. Hay que dejar algún grado de flexibilidad en la red, y saber con cuántos médicos disponemos y dónde tenemos que derivarlos", indicó.
Por el momento, desde Colmed descartaron la realización de un catastro de objetores, aunque indicaron que se "tanteará" el escenario a partir de octubre.
"En general, el gremio no ha conversado mucho de esto, nos toma un poco desprevenidos", aclaró Siches.
