Si bien la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE) en tres causales ya está vigente desde su promulgación y publicación, a partir de mañana serán exigibles oficialmente las prestaciones establecidas para los tres eventos previstos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Esto, tras dictarse por el Ministerio de Salud (Minsal) el decreto de ley y reglamento del programa de acompañamiento, que tenían un plazo de 90 días para ser elaborados, y que ayer ingresaron a Contraloría (ver nota secundaria).
En ese contexto de implementación, dentro de las atenciones que deberán otorgar los hospitales públicos y clínicas del país, para cumplir con los requerimientos de la normativa, hay cinco prestaciones médicas que tendrán que ser aranceladas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en la Modalidad de Libre Elección (MLE). Es decir, asignarles un costo para que los seguros puedan actuar en las coberturas.
Se trata de la biopsia corial, a la que se le adjudicó un valor de prestación de $ 27.910; el diagnóstico genético molecular: la displasia tanatofórica tipo I y II (cuyo valor sería de $ 50.060), y la resonancia magnética fetal, cuyo valor sería de $ 161.870. Además, la aspiración manual endouterina (AMEU), que costaría $ 76.180, y un tratamiento farmacológico de la Ley IVE, cuyo valor planteado por Fonasa es de $ 20.120.
"Son cinco prestaciones que no teníamos. Están en este momento en el Ministerio de Hacienda y de ahí se tiene que mandar a la Contraloría", explicó la directora de Fonasa, Jeanette Vega. Los montos eventualmente podrían ser modificados por Hacienda durante la evaluación.
Según la argumentación entregada por Fonasa a Hacienda, para la primera causal no se requiere arancelar prestaciones. Sin embargo, para la segunda, se necesitan las tres primeras, que son tomas y análisis de muestras, así como exámenes en el caso del diagnóstico genético y de la resonancia, para analizar estructuras fetales, todas para sostener diagnósticos. En este punto, el Estado calcula que serán 121 casos los que requieran de atención en MLE. Y en la tercera causal (violación), se estiman 486 casos al año, que podrían optar por AMEU. En total, las prestaciones sumarían recursos adicionales del orden de los $ 47 millones y $ 15 millones de aporte fiscal al año.
En tanto, la incoporación de la AMEU se justifica desde Fonasa y Minsal por ser un "procedimiento menos peligroso, más sencillo y de más bajo costo que otros métodos" para interrumpir embarazos.
Desde el Colegio de Matronas, su presidenta, Anita Román, explicó que, "a mi juicio, arancelarlo es positivo. La técnica de AMEU es la más recomendada por la Organización Mundial de la Salud, porque permite que la actividad sea ambulatoria".
Además, valorizar el tratamiento farmacológico se da en el contexto de que las intervenciones de embarazos se puedan hacer tanto de forma quirúrgica como farmacológica. El ginecólogo del
Hospital San José, experto en AMEU, Gonzalo Rubio, aseguró que junto con el misoprostol, que es un fármaco existente en Chile, "se va a incorporar un nuevo medicamento, que actualmente no está en nuestro arsenal terapéutico, que es la mifeprestona. Este fármaco está incluido en la guía de la ley y es el ideal para interrumpir un embarazo con medicamentos", indicó.
