En 2003, los comuneros Segundo Norín y Pascual Pichún fueron condenados a cinco años y un día del cárcel por los delitos de incendio y amenaza terrorista en contra de los dueños de tres fundos en la IX Región. Este caso es uno de los tres procesos penales -en 14 años- donde el Gobierno invocó la Ley Antiterrorista y obtuvo sentencias condenatorias. En estas tres causas fueron condenadas 10 personas por delitos de carácter terrorista. Las otras dos investigaciones corresponden a los casos contra Víctor Ancalaf y los incendios ocurridos en el fundo Poluco Pidenco.
Así lo estableció la información entregada a través de Ley de Transparencia por la división jurídica de la Subsecretaría del Interior, institución que hizo un catastro del estado de los procesos penales en las que invocó la Ley Antiterrorista desde 2000 hasta la fecha. En ese período se presentaron un total de 43 querellas en que invocó esta norma, las que en su mayoría no hubo condenas por este delito, finalizando estos casos en absoluciones u otros tipos de términos judiciales (ver infografía).
La última sentencia por terrorismo que se registró este año fue contra el ex frentista Enrique Villanueva, por la muerte del senador Jaime Guzmán. Sin embargo, no está contabilizada en el catastro porque la querella fue interpuesta antes del 2000.
En el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, desde ese año Interior ha obtenido solo una condena, de un total de 15 querellas presentadas. Esta corresponde a los cinco dirigentes microbuseros sentenciados a tres años y un día de presidio remitido por los cortes de tránsito ocurridos en 2002.
Según Enrique Aldunate, abogado que integró la Comisión encargada de modificar Ley Antiterrorista, "estos resultados dicen relación con que estas normativas tienen defectos técnicos que se traducen en una dificultad probatoria, atendida la estructura por la que están construidas esas leyes".
Gobierno de Bachelet
Según cifras de la Subsecretaría del Interior, desde el 11 de marzo hasta la fecha, el gobierno ha presentado 232 querellas a nivel nacional por diversos delitos. Por estas causas, se registran 224 formalizados y a 108 de ellos se les decretó la prisión preventiva.
Al respecto, Luis Correa, jefe de la división jurídica de Interior, indicó que "hemos sido eficientes en la persecución penal, por las querellas que presentamos y el resultado que hemos obtenido. No es menor que existen siete querellas por delito terrorista presentadas por el actual gobierno, con cinco imputados en prisión preventiva y uno con una medida cautelar".
Correa agregó que "tenemos la convicción política de que la coordinación entre la fiscalía y las policías, con la colaboración de Interior, constituye una letal máquina contra la delincuencia".
Respecto a que la mitad de los formalizados estén en prisión preventiva, Aldunate dijo que "habla de que los jueces han ponderado de que hay una justificación para que las personas estén privados de libertad".
