El sábado y domingo pasados, en la Región de La Araucanía, se realizó la última reunión en terreno de la comisión creada por el gobierno para revisar la actual Ley Antiterrorista y presentar al Ejecutivo propuestas para enviar un proyecto de ley para reformar la legislación, que data de 1984.

De esta forma, la instancia -compuesta por ocho abogados externos- se encuentra alistando los detalles del informe, que se presentaría al Ministerio del Interior durante la tercera semana de este mes.

El abogado coordinador de esta comisión, Juan Pablo Hermosilla, indicó que "se han reunido con cerca de 30 personas para conversar sobre este tema". Entre ellos se encuentran el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el ex defensor nacional Georgy Schubert. También fueron citados Gustavo Villalobos, director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y el general de Carabineros Alejandro Muñoz, jefe de Inteligencia.

Tras analizar los puntos de vista expuestos por las autoridades, la instancia entró en fase de redacción del informe y los miembros de la comisión ya han llegado a puntos en común. 

Uno de los principales consensos es que los delitos terroristas deben ser imputados a organizaciones ilícitas, "que permanezcan en el tiempo y usen la violencia para poner en jaque el estado democrático", aseguró uno de los abogados que integran el panel de expertos.

El mismo profesional agregó que "tiene que ser algo serio, no tres o cuatro jóvenes que hagan una bomba casera y la pongan en una puerta. Eso se puede ver con la legislación común".

Por su parte, el abogado Javier Couso, miembro de la comisión, dijo que uno de los puntos que se analiza modificar es el concepto de "asociación ilícita terrorista". Este cambio, que genera debate en el panel, apunta a condenar a grupos, y no a personas, por cometer este tipo de ilícitos.

Un punto clave del documento será la modificación de la actual ley que sanciona la intencionalidad subjetiva de "producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie". En este sentido, se planea cambiar la normativa por situaciones objetivas que puedan ser sancionadas por los tribunales. Por ejemplo, probar que el delito tuvo una "finalidad política" o que exista la intención de causar "extorsión a la autoridad".

También se analiza la pertinencia de aplicar penas accesorias a condenados por terrorismo. Actualmente, la ley los inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos, trabajar en establecimientos de educación, en medios de comunicación o en ser dirigentes de organizaciones. Según los especialistas, este punto se contradice con los pactos internacionales firmados por Chile, por lo que se analiza su modificación.

Fallos emblemáticos

Durante la reunión en la IX Región, la instancia entrevistó a ocho personas, entre ellos lonkos de la etnia mapuche, el intendente Francisco Huenchumilla y el abogado Carlos Tenorio, representante de la familia Luchsinger Mackay, asesinados el 4 de enero de 2013.

Javier Couso indicó que parte del trabajo realizado ha sido "estudiar cientos de fallos, de países europeos, de Estados Unidos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana (CIDH), de países de América Latina".

Entre las resoluciones más importantes que se analizaron están el fallo por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay y la sentencia de la CIDH en el caso de Norín Catrimán contra el Estado de Chile. También se revisaron las sentencias contra Luciano Pitronello y Hans Niemeyer, y las absoluciones a los seis imputados del caso bombas.

Couso dijo, además, que el viernes la comisión tendrá una reunión con el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas. "Esta cita es crucial y vamos a salir con las decisiones más importantes", señaló.

En tanto, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que "sé que (en la comisión) han hecho un estudio muy acabado de la legislación internacional y también de lo que pasa en Chile, por lo que en virtud de ese antecedente iremos a tomar decisiones con el ministro del Interior".