"Quedan pequeños detalles, principalmente de formalismos", es el comentario de algunos de los miembros que están participando en la comisión que busca modificar la Ley Antiterrorista, cuyo documento será entregado en los próximos días a la Presidenta Michelle Bachelet.
"Está en proceso de redacción y es probable que se dé a conocer este viernes", señaló ayer Juan Pablo Hermosilla, presidente de la comisión, que está conformada por ocho abogados especialistas.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que la propuesta va a ser estudiada durante esta semana. "El ministro (Rodrigo Peñailillo) está fuera de Chile y la vamos a ver cuando regrese el viernes", manifestó ayer.
Durante los encuentros de la comisión, uno de los consensos que se lograron fue que los delitos que se pudieran considerar de características terroristas deben ser imputados a organizaciones o asociación ilícita terrorista. Esta nueva figura indica que las organizaciones deben buscar "subvertir el orden democrático y constitucional" o "arrancar las decisiones de la autoridad" a través de hechos violentos. Además, estas agrupaciones deben tener alguna mínima capacidad de recursos para poder operar. En ese sentido, la legislación va a perseguir a los responsables de financiar estas actividades.
Otro de los puntos que traería la propuesta es que no será requisito el número de integrantes de la asociación terrorista, mientras cumpla con ser un grupo constituido y que haya durado en el tiempo. Podría bastar con que sean dos personas.
No obstante, el documento también incluiría una cláusula de actos individuales, que también podrían ser catalogados como terroristas. Esto se haría pensando, precisamente, en la instalación de bombas. Se informó que esto obedece a que Chile es parte de un tratado internacional sobre el uso de artefactos explosivos, donde se indica que basta con poner en peligro la vida e integridad de las personas para que entren en esta categoría.
Por otra parte, el concepto de "ánimo de causar temor en la población" será un componente para configurar delito terrorista y no su causa basal, como lo es en la actualidad para invocar la ley.
El debate sobre las modificaciones comenzó el 30 de mayo y se extendieron durante 20 sesiones, donde los juristas analizaron en profundidad distintas propuestas de cómo ajustar la normativa de excepción a los estándares internacionales. Fuentes ligadas a la mesa de trabajo comentaron que los cambios se inspiraron en la normativa alemana y en las observaciones de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las decisiones de los tribunales chilenos, principalmente ligados al conflicto en La Araucanía.
