La sanción de una ley que autoriza la toma de muestras biológicas para determinar si una persona es hija de desaparecidos, aún cuando se niegue, abre un debate sobre la colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la verdad: ¿quién tiene más derechos, las familias a recuperar aquellos niños robados o esos hoy adultos a negarse a saber la verdad?

La ley, impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, establece que "serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas" para determinar la identidad de una persona.

La norma, aprobada por 58 votos de 72 senadores, recibió fuertes reparos por la compulsividad que implica: si el presunto hijo de desaparecidos se niega a dar sangre y someterse a un análisis genético, dice la ley, un juez "podrá ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal".

La ley "vulnera en forma absoluta el derecho a la intimidad biológica... Nadie tiene derecho a saber lo que tengo dentro de mi cuerpo. Eso me pertenece exclusivamente a mí, puedo cederlo voluntariamente, pero no me pueden obligar a entregarlo", dijo el constitucionalista Gregorio Badeni.

Para la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, no implica compulsividad.

"Cuando se ponga en práctica la ley, con seguridad va a facilitar el encuentro de la identidad de los nietos que estamos buscando hace tantos años", dijo la titular de la organización que desde 1977 busca a unos 500 niños hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Desde entonces, ha logrado identificar a 98.

"No se violenta para nada el cuerpo ni la intimidad", agregó.

Desde el inicio del debate la norma generó controversia.

Según la titular de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, la ley fue impulsada con el objetivo de perseguir a Ernestina Herrera de Noble, propietaria del grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios y principal enemigo de la presidenta Cristina Fernández y su esposo y antecesor Néstor Kirchner.

Herrera de Noble mantiene una disputa judicial por la identidad de sus dos hijos adoptivos quienes las Abuelas sospechan podrían ser hijos de desaparecidos. Los jóvenes se han negado a someterse a exámenes genéticos.

La ley "se justifica en menores, pero si una persona mayor de edad no quiere y se niega a investigar su origen hay que respetarlo", declaró días después Julio Strassera, uno de los fiscales del juicio contra los jerarcas de la dictadura militar (1976-1983).

Para Horacio Pietragalla, que recuperó su identidad en 2003, no todos los adultos están en condiciones de decidir si desean conocer la verdad sobre su origen.

"El Estado no puede dejar en manos de un joven, criado por un militar, manejado por la culpa, la decisión de saber su identidad", dijo.

Tal fue el caso de Evelyn Vázquez, que salió a la luz en 2001 cuando se negó a someterse a un análisis para evitar que la revelación de su origen biológico se usara como prueba en contra de su padre adoptivo, el ex marino Policarpo Vázquez, acusado del robo de bebés durante el régimen de facto.

La Corte Suprema le dio la razón al fallar que se debía proteger su derecho a la intimidad.

En 1999 el ex marino había admitido que la joven no era su hija, que en 1978 se la habían ofrecido para adoptar sin papeles y que desconocía si sus padres biológicos eran desaparecidos. Cuando Vázquez y su esposa pidieron su absolución argumentando que el único elemento para condenarlos era su confesión --según la ley nadie está obligado a declarar contra sí mismo--, una jueza ordenó allanar la casa de Evelyn y recolectar material genético alternativo.

Personal del Banco de Datos Genéticos se llevó su cepillo de dientes y ropa interior. En 2008, la joven se enteró que era hija de dos militantes de la organización armada Montoneros desaparecidos en 1977.

¿Qué sucedería si luego de un examen genético compulsivo, como estipula la nueva ley, un presunto hijo de desaparecidos descubriera que no lo es?

En 2007, el ex juez Primitivo Gutiérrez y su hijo adoptivo Roberto Gutiérrez denunciaron a una jueza por mal desempeño. El joven supo que era adoptado cuando en el juzgado le comunicaron que intentaban obtener su patrón genético para establecer si era nieto de Carlotto. Hasta entonces, se había creído hijo biológico de sus padres adoptivos.

Las pruebas genéticas revelaron luego que no era nieto de Carlotto ni de otras familias de desaparecidos.

"Me habían obligado a descubrir circunstancias sobre mi identidad que... hubiera preferido no conocer o, por lo menos, que sean mis padres adoptivos y yo quienes pudiéramos decidir aquello", se lamentó entonces el joven.

"El derecho a la verdad está fuera de discusión, pero no es un derecho absoluto. Las Abuelas tienen el derecho a defenderlo siempre que no lesione otro derecho", concluyó Badeni.