Luego de más de un año de análisis y discusiones entre 10 ministerios e instituciones ligadas a sectores de la economía y los derechos humanos, el gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de migración y extranjería, que busca reemplazar al actual texto legal, que data de 1975.
Uno de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo -que será vista por la comisión de Gobierno Interior y Regionalización- es agilizar el flujo de extranjeros, a través de una nueva "institucionalidad", asumiendo, según detalla el mismo documento, "que la inmensa mayoría de quienes optan por la radicación es por motivos laborales".
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, afirma que el texto "actualiza la normativa en base a los acuerdos internacionales, amplía las categorías migratorias para adecuarlas a un país con las características de Chile y crea un cuerpo normativo que permita sancionar a aquellos que infringen la norma chilena".
En la fundamentación de la iniciativa, el gobierno sostiene que "la tendencia al alza (de la inmigración) es sostenida: el año 2001, 27 mil personas recibieron un permiso de residencia temporal. En 2012, la cifra alcanzó los 100 mil, 3,8 veces más".
El proyecto propone que las actuales visas (temporarias y sujetas a contratos) sean reemplazadas por dos nuevas categorías generales: permisos de permanencia transitoria y, en segundo término, permisos de residencia oficial, temporal y definitiva.
La primera categoría tendrá una duración de 90 días prorrogables y -por primera vez- incluye a artistas, deportistas, técnicos, conferencistas y casos especiales de habitantes de zonas fronterizas.
Sin embargo, el mayor cambio radica en las residencias temporales, que ahora abarcarán un gran número de subcategorías.
Se cuentan, entre ellas, a personas ligadas a Chile por lazos sanguíneos, trabajadores con contrato, estudiantes, extranjeros bajo custodia de Gendarmería y a otros que lleguen por razones humanitarias.
"Todo esto transparenta los motivos de ingreso, que se producen en un país inserto en una economía global", agrega Ubilla.
TOPE A TRABAJADORES
En momentos en que algunos sectores de la economía han evidenciado un déficit de mano de obra, un aspecto vital de la iniciativa legal es el que propone una flexibilización del límite de 15% de trabajadores extranjeros, en empresas locales.
"El proyecto excluye de dicho límite a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía de menos de un año y no permita postular a la residencia definitiva", dice el texto.
En éste se añade que "el objetivo de esta modificación legal es facilitar la incorporación de personal foráneo en aquellos sectores de la economía que presentan gran estacionalidad en su demanda de mano de obra. Ello es principalmente característico del sector agrícola".
Consultado sobre este tema, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostiene que "el proyecto va en línea con la reforma enviada recientemente al Congreso en los Estados Unidos. A modo de ejemplo, esa reforma propone que los extranjeros dedicados a labores agrícolas legalicen su estatus sin esperar a la certificación de la seguridad fronteriza. Esto facilitaría el acceso a mano de obra para trabajos específicos, al igual que lo hace el proyecto nuestro".
VALIDACION DE TITULOS
Otro aspecto novedoso del proyecto es que establece una forma más amplia y simple para el reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en el extranjero.
En el texto se afirma que "el Ministerio de Educación adquiere la atribución de definir universidades determinadas o carreras específicas, que podrán optar al reconocimiento automático. Ello permitirá favorecer la incorporación de profesionales de las mejores instituciones educacionales del mundo".
El documento recalca que, sin embargo, "no hay modificaciones en caso de que exista un convenio internacional de reconocimiento. Ello continuará en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores".
Acerca de quiénes podrán validar los títulos obtenidos en el extranjero, se asevera que -sin perjuicio del marco legal actual, que le entrega la tuición de esta materia a la Universidad de Chile-, "se abre la atribución de reconocimiento a todas las universidades acreditadas por más de seis años, grupo hoy conformado por ocho" planteles.
El proyecto también recuerda que el Estatuto Administrativo vigente dispone que, para ingresar a la administración del Estado, es necesario ser ciudadano, salvo en casos de excepción.
"El proyecto elimina dicha restricción y señala que los requisitos a cumplir, son ser ciudadano extranjero con permiso de residencia".
