En marzo, tras un acuerdo de los distintos comités del Senado, el proyecto de ley que busca endurecer la fiscalización a parlamentarios sufrió un inesperado destino: pasar de la Comisión de Probidad y Transparencia -donde fue aprobado en general- a la Comisión de Constitución.
En esa instancia de la Cámara Alta -corporación que se ha visto envuelta en una pugna con la fiscalía por la investigación sobre la contratación de asesorías externas- la iniciativa no ha registrado avances desde el 7 de marzo, es decir, hace más de seis meses.
El proyecto -que se encuentra en su primer trámite- fue ingresado por cinco senadores en 2015. Y fue, además, una de las medidas en que la comisión asesora anticorrupción liderada por Eduardo Engel propuso avanzar. La iniciativa contempla 13 puntos, incluyendo la creación de un ente independiente dedicado a la fiscalización de los legisladores. El órgano, denominado Dirección de Ética y Transparencia, de ser aprobado, estaría compuesto por especialistas elegidos mediante Alta Dirección Pública y con atribuciones para investigar hechos constitutivos de alguna infracción legal o reglamentaria a la probidad.
Según la historia de su tramitación, el proyecto incluiría un sitio web con denuncias ciudadanas que podrían ser investigadas por ese órgano, así como los reparos producto de auditorías. O tras la simple revisión de, por ejemplo, las declaraciones de intereses y patrimonio.
Actualmente, los parlamentarios poseen a las comisiones de Ética de cada cámara -integradas por los propios legisladores- para tramitar los reparos del Comité de Auditoría. Esto ha sido un foco de críticas, dado el bajo desempeño en materia de sanciones que han demostrado. Por ejemplo, pese a ser desaforado por la justicia, la Comisión de Ética del Senado aún no se pronuncia respecto al caso de cohecho y fraude al Fisco que afecta al senador Jaime Orpis.
La iniciativa también incluye cambios en la normativa respecto al uso de información privilegiada y el ejercicio del lobby, entre otros aspectos, así como prohibir la contratación de familiares de parlamentarios o empresas que tengan relación con ellos.
En este contexto, Engel -cuya comisión dio vida a un nuevo marco normativo para la probidad- resiente que este proyecto se haya estancado en el Senado.
"Ese proyecto estaba avanzando bien. Había salido de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado y, en lugar de ser enviado a la sala para ser votado, fue enviado a la Comisión de Constitución, donde se encuentra desde marzo sin mayores avances. Creo que es el momento que esa comisión haga su trabajo para que se vote en sala lo antes posible", dice el economista.
A su vez, el senador Hernán Larraín (UDI), promotor del proyecto, pero también de su derivación a la Comisión de Constitución, explica que el compromiso es tener aprobada la iniciativa este año. "La Comisión de Constitución no lo ha podido ver porque el Ejecutivo le ha puesto urgencia a muchas otras iniciativas, lo que nos ha obligado a postergarlo", dice. Sin embargo, agrega que "el compromiso nuestro es que este proyecto quede despachado dentro de esta legislatura".
Larraín explica que no recuerda por qué fue enviado el proyecto a la Comisión de Constitución, en vez de votarse inmediatamente en sala.
Según los informes de tramitación, el senador realizó observaciones respecto a las facultades de esta Dirección de Ética. Esto, en relación a que esa entidad pueda conocer como "órgano de primera instancia" los hechos constitutivos de alguna infracción legal por parte de un parlamentario y los reparos u objeciones relativos al uso de los fondos públicos formulados por el Comité de Auditoría.
En la historia de la tramitación del proyecto, se describe que Larraín "abogó por fortalecer el carácter consultivo de la Dirección de Ética y Transparencia, la que deberá operar como una entidad asesora de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria, mediante la entrega de la información obtenida de las investigaciones que hubiere realizado".
