Una defensa cerrada de la cuestionada nueva Ley de Estacionamientos hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmando que el incremento de los precios que se han vivido en muchos de estos servicios es responsabilidad de los empresarios del gremio y no de la nueva normativa, vigente desde hace tres semanas.
La nueva norma, creada para evitar abusos, determinó la forma en que las empresas de estacionamientos pueden cobrar, pero no las tarifas, que siguen siendo resorte individual. El proyecto que finalmente se aprobó estableció el cobro por minuto usado, o por tramos con media hora gratis, lo que en la práctica ha significado para los consumidores un desembolso mayor.
Por ejemplo, en la Terminal Los Héroes antes de la ley se pagaba $ 1.000 la media hora, pero hoy esa misma media hora cuesta $ 1.500 al aplicarse la tarifa por minuto, que allí es de $ 50. "Es una frescura, no sé quién se beneficia con esto. Me estaciono en varias partes durante el día, y en muy pocos los precios son más baratos después de la ley", señala Patricio Tapia, usuario habitual del estacionamiento.
El ministro Valdés indicó hoy, en medio de un seminario, que el daño está siendo provocado por una pequeña fracción de empresas de estacionamientos "que aprovechó la entrada de la nueva ley para hacer un aumento significativo de tarifas". Precisó que el aumento de precios "no tuvo nada que ver con la ley. Fue una 'subida por el chorro' que agrede la confianza de la ciudadanía", y defendió la postura del gobierno de modificar la propuesta original que incluía media hora a todo evento, y que luego fue desechada en el Senado y ratificada en comisión mixta. "El gobierno, a través del ministro de Economía, se jugó por aprobar una ley equilibrada, contrarrestando cambios que eran muy populares. Con muchas horas gratis, pero dañinos para la inversión. El Senado nos acompañó responsablemente en esto", precisó Valdés.
Las declaraciones del ministro no pasaron inadvertidas, especialmente para los diputados DC Marcelo Chávez y Fuad Chahín, autores del proyecto original, quienes ya habían anunciado una ofensiva a partir de marzo para modificar la ley con la presentación de una nueva iniciativa en los próximos días.
Chahín aseguró que tras los aumentos de precios y reclamos de usuarios en las últimas semanas, "lo que buscamos es reponer lo que teníamos en el proyecto original para generar tramos de gratuidad inicial".
Según Chávez, el nuevo proyecto que está afinando la bancada busca mejorarlo en tres puntos. "Separar los estacionamientos cuyo giro es ese de los que son accesorios y asociados a la entrega de otro servicio; volver al concepto de gratuidad con media hora a todo evento, y de dos horas con presentación de una boleta que compruebe la compra de un bien o servicio; y finalmente, que se establezca la responsabilidad objetiva del proveedor de estacionamiento en casos de robos", precisó Chávez.
José Manuel Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, declinó referirse a una eventual modificación de la ley. "Cuando conozcamos una propuesta concreta, un proyecto de ley que podamos estudiar, nos vamos a referir", manifestó.
En tanto, el senador Alejandro Navarro (MAS) anunció que el próximo martes también presentará un proyecto para modificar la actual normativa, la que votó en contra en su momento, y que considera "una traición a la ciudadanía". A su juicio, somete a los usuarios al arbitrio de los administradores de estacionamientos, ya sea en espacios privados o públicos. "Voy a presentar un proyecto de ley que restablece la idea matriz de gratuidad. El proyecto propone dos horas de gratuidad, más una tercera hora gratuita con la presentación de una boleta superior a 10 mil pesos en el caso de centros comerciales. Y algo muy relevante, en caso de daño, devolver el peso de la prueba al administrador", explica Navarro. "Es incomprensible que la ley se haya aprobado así, en que los usuarios fueron por lana y salieron trasquilados".
El senador Eugenio Tuma (PPD), quien estuvo a favor de la ley tal como se aprobó, dice que sólo es posible fiscalizar el cumplimiento de la ley, pero no su reformulación para controlar los precios. "No podemos juzgar una ley, si es buena o mala, en función de los precios. Aunque cambiemos la ley, los precios no los podemos intervenir".
