A partir de hoy, comprar un celular en nuestro país será un proceso mucho más informado, gracias a la nueva ley de Homologación Multibanda -o de etiquetado de celulares-, la que obligará a las compañías y tiendas a informar si los equipos que traen son compatibles con todos los proveedores para así facilitar el proceso de portabilidad entre empresas.
Funcionará a través de dos sellos: uno indica que el teléfono funciona con cualquier compañía y soporta todas las redes, mientras que el otro marcará con que redes el celular no es compatible.
Esta nueva ley generará una base de datos, que tendrá información técnica del aparato, será responsabilidad de quienes distribuyen los productos, pero ¿qué pasará con quienes traen sus equipos desde el extranjero para uso personal?
Una de las características de la nueva regulación, es que funciona como una forma de acreditación certificando que el teléfono es compatible con las redes y operadores chilenos.
Y un teléfono que carezca de esta "acreditación de homologación" no pueden ser comercializados en el país. Así mismo, los teléfonos comprados en el extranjero de forma personal, no contarán con esa certificación.
La ley exige que el registro y proceso de certificación necesarios para que el teléfono opere en el país se realice de manera personal por el cliente en una empresa avalada por Subtel. El proceso de registro no solo velará por la funcionalidad del teléfono en las bandas, sino que también requerirá otro datos como la inscripción del IMEI, el sistema operativo con el que viene y la versión de este mismo.
Eso si, la medida no empezará a ser efectiva hasta el 1 de julio de este año. Todos los celulares que se compren antes de esa fecha, no deberán pasar por el proceso de acreditación.
Actualmente, en el sitio de la Subtel existen solo 6 empresas certificadoras, todas ellas ubicadas en Santiago. En la mayoría de los casos, la inscripción puede realizarse de manera remota.
El costo de este proceso es lo más controversial, ya que la ley estipula que cada empresa certificadora sólo estará obligada a realizar este trámite de manera gratuita para los consumidores en un límite máximo anual de un 2% del total de sus ingresos a la base de datos.
Esto se condice con la cantidad de teléfonos importados y validados por personas naturales a nivel anual, pero pasada esa cuota, el trámite tendrá un costo que dependerá de cada empresa.
