Un inédito anuncio hizo la Presidenta Bachelet en materia de políticas públicas antidiscriminación al firmar este lunes en La Moneda el proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia por discriminación. De aprobarse la iniciativa, promover públicamente la agresión contra integrantes de las minorías, será un delito penado con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de 30 a 50 UTM ($ 1.400.790 a $ 2.334.650). "¿Y cómo lo hacemos (evitar estas situaciones)? Incorporando un nuevo artículo al Código Penal, que castigará a quienes inciten directamente de forma pública o a través de medios que puedan ser difundidos, a la violencia física en contra de una persona o un grupo de personas, en base a su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias", señaló Bachelet. Para la Presidenta, no solo es necesario impedir actos de este tipo, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza, de manera que "difundir mensajes odiosos y sembrar la división entre los miembros de nuestra sociedad" debe ser sancionado.

Pese a que no se conoce aún el texto de la iniciativa, el gobierno informó que también se condenará a penas entre 541 días a tres años, y de 50 UTM para los funcionarios públicos que cometan este delito, y considera que las personas jurídicas también podrán ser responsables.

Para el abogado Rodrigo Reyes "en materia penal, la ley Zamudio incorporó una agravante en la conducta penal, pero no contemplaba un delito especial como sucede ahora. Con ella (nueva ley) podría calificarse como incitación a la violencia la campaña que existió hace algunos años y que se llamaba a eliminar a los "flaites"".

Para el ministro de Justicia Jaime Campos, esta norma responde también a compromisos internacionales, y "un llamado a la concordia, a la erradicación del odio, el fanatismo, del dogmatismo, que son males que le causa mucho daño a la sociedad y que nos impiden vivir de una manera civilizada".

En tanto, Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, manifestó que ésta "puede ser iniciativa adecuada, pero creo que lo fundamental está de la mano de la educación. Más que normas, lo que necesita toda la ciudadanía son actitudes distintas".

Con el nuevo proyecto reemplaza y elimina la norma de la Ley de Prensa que castigaba con multa a quienes promoviera el odio y hostilidad a través de los medios. "Durante el trabajo prelegislativo hicimos hincapié en que se separara explícitamente la responsabilidad penal de quien emite estos comentarios, del medio de comunicación que lo transmite, Los medios no pueden ser responsables de las opiniones de terceros y no queremos que se vea debilitada la libertada de prensa ni la libertad de expresión", dijo Francisco Moreno, secretario general de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Ante estas aprehensiones, el abogado Ciro Colombara señaló que "es claro que la libertad de expresión admite límites y uno de estos límites justamente está en los discursos de odio".

La iniciativa del Ejecutivo recoge elementos de propuestas anteriores de parlamentarios: una liderada por la senadora Lily Pérez en 2010, y otra por diputados socialistas. Ambas apuntaban a lo mismo, en su esencia: tipificar la incitación a la violencia como un ilícito, y disminuir así la escalada de actos racistas. "Tenemos el caso del haitiano que fue acuchillado por un chileno en el terminal pesquero. Ese fue un crimen de odio, y estos son antecedidos por la incitación a la violencia. Por eso era tan importante tipificarlo y así proteger y conservar un ambiente de no agresión", señaló el diputado Leonado Soto (PS). La senadora Lily Pérez (Amplitud) por su parte, sufrió en 2009 ataques físicos por su origen judío durante su campaña, y por primera vez se logro sancionar al autor de los ataques racistas, con multas, invocando la ley de prensa (por la difusión de los mensajes en redes sociales) al no existir en ese momento ley Zamudio, ni menos la incitación a la violencia como delito.

Apoyo de la sociedad civil

Para Edward Sultant, presidente de fundación An Nou Pale que trabaja con comunidades extranjeras, y que participó en el proyecto de ley del PS, la propuesta del Ejecutivo " es un avance ante las crecientes amenazas contra los migrantes, especialmente por redes sociales. Es importante entender que la migración llegó para quedarse y que podemos ser un aporte. Educar a la ciudadanía es vital", dijo Sultant.

Rolando Jiménez, vocero del Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual), cree que de aprobarse esta ley "los discursos y campañas de odio, como los del pastor Soto, que hoy gozan de total impunidad, podrán ser sancionados, lo cual es un paso hacia el respeto y la igualdad plena de derechos".

Juan Enrique Pi presidente de Fundación Iguales, cree que en paralelo a esta norma, hay que avanzar en las reformas pendientes de la Ley Antidiscriminación, "que son crear una institucionalidad para prevenir la discriminación, mejorar aspectos procedimentales de la ley y aumentar las sanciones".