El 1 de marzo del año pasado entró en vigencia la Ley de Inclusión, que tiene como objetivo eliminar el copago, la selección y el lucro en los colegios que reciben fondos públicos.
Para lograr este objetivo, la norma estableció que los recintos que quieren continuar siendo subvencionados deben constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro antes del 31 de diciembre de este año. Además, la ley miscelánea aprobada en enero modificó el plazo para que los sostenedores informen su decisión, trasladándolo de marzo a junio de 2017.
Así, ad portas de que ese plazo se venza, distintos colegios ya han enviado sus notificaciones al Mineduc. Según una respuesta de transparencia del organismo, a la cual tuvo acceso La Tercera, un total de 113 recintos particulares subvencionados han solicitado su cierre en el año escolar 2017.
Por otra parte, 466 establecimientos solicitaron transformarse en sin fines de lucro y, por lo tanto, continuarían recibiendo la subvención que entrega el Estado.
El documento de gobierno, que confirma entregar los datos en el contexto de la Ley 20.845 o de Inclusión, consigna que "las cifras antedichas tienen carácter preliminar, pudiendo aumentar e incluso presentar desistimiento de las mismas" de aquí a que se venza el plazo.
Según la Ley de Inclusión, los colegios deben informar la decisión de cierre a la comunidad y a las autoridades antes de marzo del año anterior del año para el que se programa la clausura.
José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociación de la Educación Particular Subvencionada (Conapas), aseguró que le sorprendieron las cifras. "De la globalidad de colegios particulares subvencionados, que en su gran mayoría por efectos de la errada Ley de Inclusión Escolar han solicitado cambios en su financiamiento o estructura para este año 2017, un 32% no continuaría en el sistema subvencionado, ocasionando un grave daño a las familias más vulnerables y de clase media del país".
En Chile existen 5.742 establecimientos subvencionados y, de ellos, 4.698 tienen fines de lucro, según información proporcionada por el Mineduc a la Comisión de Educación, a fines del año pasado.
"Tan solo estamos a 65 días para dar aviso a las familias de nuestra continuidad en el sistema, 16,5% de las solicitudes que han llegado es de cierre. Este indicador podría extrapolarse a la totalidad de los colegios que deberán comunicar sus decisiones, generando un daño inimaginable al sistema", dijo Valdivieso, quien subrayó que la solución preliminar es "postergar el plazo del 31 de diciembre y analizar caso a caso qué se puede hacer. La ley obliga a comprar, pero no obliga a vender. Una inmobiliaria o un dueño que arriende a un tercero que es un sostenedor, ¿por qué estaría obligado a vender?".
Desde el Mineduc el encargado de la Ley de Inclusión, Andrés Palma, señaló que "la información definitiva sobre el tema recién se conocerá después del 30 de junio. No es posible confirmarla antes, porque, por una parte, no se han cumplido las formalidades legales y, por otra, hay sostenedores que cambian su decisión una vez que evalúan correctamente la situación".
Según Palma, no todos los establecimientos han oficializado su decisión: "De acuerdo a nuestros registros, sólo una parte de dichos establecimientos ha formalizado ante sus comunidades y ante el ministerio la decisión de renunciar a la subvención".
Según el diputado Jaime Bellolio (UDI), el Mineduc no ha entregado estos datos a la comisión, pese a que se le solicitó hacerlo. "Si proyectamos la tasa , del total de colegios que ya tomaron una decisión, de cada cinco colegios, cuatro se transformaron y uno pasó a particular pagado o cerró. Son cifras graves".
"El gobierno debe abandonar el absurdo de la exigencia de autocompra y reconocer que ha cometido un error con esta ley", añadió Bellolio.
