Ayer ingresó al Congreso el proyecto que introduce cambios a la Ley de Inclusión, y que según lo que esperaban los sostenedores, principalmente apuntaría a flexibilizar los arriendos de edificios para el funcionamiento de los colegios y facilitar la transformación de establecimientos en fundaciones o corporaciones.
En el mensaje del proyecto de la llamada ley miscelánea se indica que los dueños de colegios que no se transformen en entidades sin fines de lucro, en el plazo establecido por la Ley de Inclusión, es decir el 31 de diciembre de 2017, pueden hacerlo con posterioridad y se da un plazo de seis meses, "suspendiendo el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que se materialice la transferencia de la calidad de sostenedor".
Según los sostenedores, este artículo no les entrega la posibilidad de ampliar el plazo para sumarse a la Ley de Inclusión, sino que "intenta quitar a los colegios un derecho adquirido que es la subvención y obligarlos a transformarse en gratuitos al 31 de diciembre de este año". A juicio de Hernán Herrera, presidente de Conacep, "la arbitrariedad de este gobierno está al máximo".
La senadora Ena von Baer (UDI) señaló que "evidentemente el traspaso a la gratuidad ha sido un fracaso y el Ejecutivo quiere ejercer una presión indebida para que los recintos particulares subvencionados se traspasen a gratuitos".
Otro de los puntos que incluye el proyecto es que las entidades relacionadas pueden arrendar los edificios para el funcionamiento de los establecimientos a un valor comercial, pero no indefinidamente como esperaban los sostenedores. El plazo, según el proyecto, vence en 2023 o 2027, según corresponda de acuerdo al calendario de venta.
