El Ministerio de Salud enviará el próximo mes al congreso el proyecto de ley que crea un fondo para fármacos de alto costo, más conocido como "Ley Ricarte Soto", que tiene como objetivo financiar medicamentos para enfermedades catastróficas.

El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explicó que el anteproyecto -que aún está en discusión con la cartera de Hacienda- contempla un costo anual de alrededor de $ 180 mil millones.

La autoridad aseguró que Fonasa administrará la lista de pacientes y los recursos necesarios para la adquisición de productos farmacológicos, alimenticios y dispositivos para tratamientos. El modelo de Salud indica que será la Central de Abastecimiento (Cenabast) la que comprará los insumos para los beneficiarios.

El gobierno definirá cuándo un producto es de excesivo valor para las familias. "El proyecto de ley establece que los ministerios Salud y Hacienda fijarán un monto de alto costo, así como se establece el de la Prima Ges, también cada tres años", dijo el subsecretario Burrows.

Agregó que será un beneficio universal: se ayudará independientemente si la persona tiene un seguro de salud público, privado o de Fuerzas Armadas, situación que están unas 20 mil personas en Chile. Hoy, Fonasa brinda apoyo a 2.400 personas que requieren financiamiento para tratarse.

La autoridad manifestó que se espera actualizar el decreto con nuevos remedios cada tres años. También habrá un directorio que encabece la iniciativa, donde participarán las asociaciones de enfermos y un comité que analizará la calidad y respuesta de los fármacos.

Se espera que el costo de este plan será entre $150 a $180 mil millones por año, recursos que aumentarán progresivamente.

Las organizaciones y familias de los afectados solicitan al Ejecutivo participar en la elaboración de la ley y urgen por una solución. Ximena Romo, representante de los pacientes que sufren de vasculitis -enfermedad que deteriora los tejidos progresivamente-, dijo que "el costo por mis medicamentos biológicos es de $ 3,5 millones al mes, pero no lo puedo pagar". En tanto, Piga Fernández, presidenta de la Fundación GIST, sostuvo que en caso de los afectados por un tipo complejo de cáncer gastrointestinal, "el tratamiento mensual parte de $ 1,8 millones y sube si no responden los remedios". Añadió que los pacientes "viven de la donación que hace un laboratorio. Es algo que no debe ocurrir".

Debate

Los senadores de la Comisión de Salud acordaron pedir al Ejecutivo que la iniciativa ingrese por la Cámara Alta, para acelerar el trámite. El senador Francisco Chahuán (RN) dijo "que (es necesario que) las familias participen en la implementación del fondo, porque son ellos los que conocen mejor que nadie sus necesidades".

La senadora Carolina Goic (DC) afirmó que "no hay justificación para no avanzar en este proyecto con celeridad. Hay personas que requieren respuesta pronto, esto debe ser prioridad legislativa". Sostuvo que espera que esté aprobado en diciembre de 2015.