El Congreso despachó ayer la Ley de Reconstrucción y Emergencias de Telecomunicaciones, para su promulgación por parte del Ejecutivo. Esta iniciativa crea un sistema de alerta temprana de vanguardia mundial, siguiendo las mejores prácticas implementadas en Estados Unidos y Japón, para informar precisa y oportunamente a la población cómo actuar en casos de catástrofe.

Debido a las fallas en las telecomunicaciones que se evidenciaron tras el terremoto del 27 de febrero, esta medida legal corrige las insuficiencias, aumentando las exigencias a las empresas telefónicas y de Internet, especialmente en materia de respaldo energético de las redes, calidad de los servicios de comunicación e indemnización a los usuarios ante fallas o interrupciones.

El Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, indicó que con esta medida "todos los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán derecho a ser indemnizados ante cortes o interrupciones en el suministro, y no sólo para la telefonía local como era hasta hoy, también los usuarios de telefonía móvil e Internet, incluyendo los clientes de prepago".

En esta misma línea, la nueva ley otorga tratamiento de servicio público a Internet y establece descuento automático y pago de indemnización en caso de suspensión, interrupción o alteración del servicio telefónico y de Internet.

Por su parte, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, señaló que "esta Ley es fruto de un trabajo parlamentario transversal, lo que se reflejó en su aprobación unánime en menos de cinco meses y nos permitirá enfrentar las situaciones de emergencia en el campo de las Telecomunicaciones con mejores herramientas tecnológicas y protocolos normativos a la altura de los países más desarrollados".

Adicionalmente, permitirá el despliegue en el país de nuevas inversiones en esta materia, al crear la figura concesional del operador de infraestructura, que favorecerá un desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Actualmente, son tres las empresas internacionales que ya ingresaron al mercado chileno para acogerse a este nuevo marco legal, generando fuertes planes de inversión en el sector.