La peor crisis política en 40 años de democracia en España sigue profundizándose. A más de dos semanas de que se realizara el referéndum de independencia en Cataluña del 1 de octubre, aún no existe claridad sobre qué es lo que sucederá.
El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont compareció el 10 de octubre frente al Parlamento regional, donde dijo "asumir" los resultados del referéndum -donde un 90% votó por el Sí, aunque con un 43% de participación- y dio una confusa declaración en la que no estableció si se llevaría a cabo el divorcio con España. Algo que consternó a muchos catalanes y al gobierno español, que le exigió claridad.
Tras su declaración, la semana pasada el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy le dio un ultimátum al líder secesionista para que definiera en un plazo máximo de cinco días sus palabras, plazo que se cumplió este lunes. Y le dio hasta máximo el jueves para rectificar su posición.
Pero Puigdemont eludió responderle a Rajoy si es que declaró o no la independencia. Antes de que finalizara el plazo otorgado, el líder catalán le envió una carta donde evitó pronunciarse sobre el tema y le pidió al gobierno un plazo de "dos meses" para dialogar y negociar una salida política.
Puigdemont señaló que "la prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo" y lanzó dos peticiones. Por un lado, le solicitó a Rajoy que "revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña" y que se concrete "lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos". "Nuestro principal objetivo es emplazarlo a dialogar", le dice al líder español en la misiva.
A la vez, afirmó que los efectos del "mandato político surgido de las urnas del 1 de octubre" están "suspendidos", porque la "voluntad" es encontrar "la solución y no el enfrentamiento".
La respuesta de Rajoy no se hizo esperar. También a través de una carta, dijo que no podía "aceptar de modo alguno la existencia de eso que usted denomina 'conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña'" y agregó que "nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática".
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió al jefe catalán que diera una respuesta "clara" antes del jueves para acabar con la "incertidumbre" de los ciudadanos. "Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados", dijo.
Ahora, si no existe una respuesta que satisfaga al gobierno español el jueves, Rajoy ha dicho que aplicará el artículo 155 de la Constitución, que lo faculta para asumir directamente las competencias que hasta el momento ejerce el gobierno catalán. El artículo se aplica cuando una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actúa de forma que atente al interés general de España. El recurso permite destituir cargos e incluso disolver el Parlamento catalán. Rajoy advirtió este lunes que Puigdemont será el "único responsable" de la activación de ese artículo.
Durante estos días, Puigdemont ha estado bajo presión. No sólo el primer partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) respalda al gobierno, sino que este lunes por segunda vez el jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, tuvo que declarar frente a la Audiencia Nacional (ver recuadro). Dos líderes de asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también tuvieron que testificar. Todos son investigados por presunta "sedición".
Además, desde el 2 al 11 de octubre 540 empresas decidieron sacar sus bases de Cataluña. Codorníu Raventós, una empresa que producía vino en esa región desde 1551, también decidió trasladar su sede.
