En un día clave para el futuro de Cataluña, decenas de periodistas y curiosos esperaron hoy desde temprano al ex líder del gobierno regional Carles Puigdemont, en la sede del gobierno en Barcelona. Se trató del primer día laboral desde que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, adoptara el viernes una serie de medidas -amparadas en el Artículo 155 de la Constitución- que permiten tomar el control de esa región. Ese día, el gobierno de Madrid convocó también a unas elecciones que se realizarán el 21 de diciembre, por lo que todas las miradas estaban enfocadas en el ex líder catalán por si se resistía a abandonar su cargo.
Pero Puigdemont, que fue destituido junto a su Parlamento, nunca apareció. Horas más tarde, la televisión española mostró imágenes del ex presidente almorzando en un restaurante en Bruselas y fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que Puigdemont, junto a cinco ex consejeros de su gabinete, viajaron a la capital belga desde Marsella, Francia, hasta donde llegaron en automóvil. Las fuentes, que fueron citadas por la agencia EFE, no especificaron las razones del viaje. Sin embargo, la "desaparición" del ex líder de Cataluña sucedió con un timing que alimentó los cuestionamientos.
Horas antes, el fiscal del Estado español, José Manuel Maza, anunció una querella por rebelión, sedición y malversación contra el pleno del gobierno regional, así como otra querella en el Parlamento autónomo. El delito de rebelión en España está penado con entre 15 y 30 años de prisión y el de sedición con hasta 15 años.
Según los diarios El País y El Mundo, Puigdemont contrató al abogado Paul Bekaert, quien desde los años 90 defendió a varios miembros del grupo terrorista ETA. El propio Bekaert dijo que el ex líder catalán lo contrató como asesor legal.
El gobierno de Rajoy y los secesionistas catalanes se encuentran enfrascados en una de las mayores crisis de la historia moderna española desde que Puigdemont declarara la independencia de
Cataluña, amparado por un referendo que fue realizado el 1 de octubre. "El muy honorable presidente de la República exiliado (...) nos mantiene la dignidad del 1 de octubre", aseguró a través de Twitter el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach.
Desde la tarde del domingo que se tenía conocimiento que la querella de la fiscalía llegaría hoy, por lo que se especula que Puigdemont podría formar una suerte de gobierno desde el exilio. Bélgica es uno de los pocos países europeos que tiene previsto un procedimiento de asilo para ciudadanos de otros Estados.
El secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA sugirió a través de Twitter que Puigdemont podría solicitar "asilo político" si así lo quisiera. Sin embargo, el primer ministro belga Charles Michel se desmarcó de esa posición al pedir a Francken "que no eche leña al fuego".
Francken ha protagonizado varios episodios polémicos desde su nombramiento como secretario de Estado. Uno de ellos fue la negativa, en noviembre de 2016, a otorgar visados a una familia siria de Alepo, después de que una familia belga aceptara acogerla.
Según explicó el portal Eldiario.es, Puigdemont tiene en Bélgica "uno de los sistemas judiciales más garantistas de Europa. Es uno de los pocos países -con Alemania, Holanda y Reino Unido- donde una orden europea de detención y entrega puede ser recurrida en los tribunales del país entrando en el fondo del asunto: en los delitos de los que se le acusa. Así, sus abogados podrán argumentar que no hay un delito de rebelión ni de sedición, y será un juez belga quien tenga que decidir si es así. Puigdemont, con bastante razón, cree que tiene más opciones de librarse de la cárcel si pleitea desde allí".
A su vez, en Cataluña todo transcurrió hoy con "normalidad".
