Con el objetivo de introducir mayores grados de competencia en el sistema previsional y dar cobertura a sectores vulnerables de la población, la Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de ley que crea la AFP estatal, entidad que, según el gobierno, operará bajo las mismas reglas con las que hoy funcionan las administradoras de fondos de pensión privadas.

El proyecto, que ingresaría hoy al Congreso vía Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, forma parte de los 56 compromisos para los primeros 100 días de gobierno y, según Bachelet, se enmarca entre las "tareas pendientes" del país y ante el "descontento" en materia previsional.

"Sabemos que esta no es una solución al problema de fondo, sin embargo, representa un avance relevante", dijo la Mandataria, quien agregó que la entidad "permitirá introducir más competencia en este mercado, que las AFP se esfuercen en reducir sus costos de administración, mejorar la calidad del servicio y aumenten los beneficios para sus afiliados".

Pese a ello, el gobierno no precisó cuál será el valor concreto de la comisión que cobrará la AFP estatal por la gestión de las inversiones de sus afiliados, aunque la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, explicó que tendrá una "comisión competitiva".

"Es difícil pensar que estemos hablando de comisión cero. Pero, claramente, queremos inyectar competencia al mercado, porque aún tenemos espacio importante para ese 60% de comisiones que post reforma 2008 no se vieron afectadas", dijo la ministra, en referencia a las AFP que no han modificado sus cobros, pese a las licitaciones de nuevas carteras de afiliados.

En ese ámbito, el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, explicó que la entidad podría participar de licitaciones de cartera si así lo decide su directorio.

"En una futura licitación habría que ver cuál es el porcentaje de comisión de la entidad que se la adjudica y, en ese sentido, una AFP estatal podría contribuir a mejorar esa competencia", dijo Barraza.

Desde la oposición, sin embargo, calificaron la medida como "innecesaria", ya que no creen que ayude a generar más competencia en el sector.

"El mejor ejemplo que tenemos es el BancoEstado, que se ha convertido en un banco más, que no contribuye a regular la competencia y, por lo tanto, no aporta en absoluto con lo que se busca hoy día con una AFP estatal", dijo Hernán Larraín, senador de la UDI.

S.A. BAJO EL ALERO DE CORFO

La AFP estatal, que aún no tiene nombre, se constituirá con un capital social aportado en 99% por Corfo y 1% por el Fisco, a lo que se agregarán los activos y pasivos que adquiera con motivo de su ejercicio comercial.

Blanco precisó que la entidad pública será una sociedad anónima, muy similar a cómo operan otras empresas del Estado, como Codelco o Metro, y que "se va a regular por las reglas del mercado", igual que el sistema privado, que actualmente lo hace bajo el Decreto Ley 3.500.

Según fuentes de gobierno, el carácter de sociedad anónima no tiene relación con incluir a socios privados en su propiedad. La idea, aseguran, es darle la posibilidad de acceder al mercado crediticio y de endeudamiento, por si lo requiere para financiarse.

Asimismo, la entidad pública tendrá a su disposición la red nacional del Instituto de Previsión Social (IPS) para desplegar sus sucursales a lo largo del país y así llegar a las zonas extremas, que hoy no cuentan con suficiente cobertura.

La entidad estará sometida a la triple fiscalización de las superintendencias de Valores y Seguros (SVS), de Pensiones (SP) y Contraloría General de la República, y tendrá un régimen de inversión supervisado por el Consejo Técnico de Inversiones de la SP, al igual que el sector privado.

Si bien su régimen de inversión será similar al de las otras AFP, tanto en supervisión como gestión de los recursos se le permitirá invertir en sociedades relacionadas, como otras empresas del Estado, lo que implica una excepción al artículo 47 bis del DL 3.500, que regula esta materia para el sector privado. Para subsanar eventuales problemas de transparencia con lo anterior, se le impondrá que disponga de la publicación mensual de sus estados contables y financieros.

Su gobierno corporativo, en tanto, contará con siete directores, todos designados por el gobierno, aunque cuatro de ellos deberán ser propuestos por el consejo de Corfo. Según Bachelet, esto asegura que su estructura de gobierno corporativo sea "seleccionada, evaluada, remunerada y removida, siguiendo las mejores prácticas de los países desarrollados". En esa línea, la Mandataria explicó que el gobierno busca con esto "garantizar que su administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de decisiones, superior al estándar de las AFP privadas".