Pablo Longueira y Patricio Contesse se estrecharon la mano recién al final de la audiencia que los reunió este miércoles en el Centro de Justicia. El ex senador y el ex gerente general de SQM entraron y salieron de la sala del Octavo Juzgado de Garantía sin hacer declaraciones y por un acceso reservado para evitar -tal como señalaron sus defensas- agresiones en la explanada del recinto, ubicado en la avenida Pedro Montt.
Ambos llevan más de un año y medio vinculados al caso SQM, luego de que la fiscalía le imputara al ex ministro de Economía, bajo el presunto delito de cohecho, supuestas gestiones respecto del royalty minero, mientras que al ex ejecutivo de la minera se le imputó el presunto delito de soborno.
El Ministerio Público ha sustentado su imputación al asociar esas gestiones a la red de emisores de boletas a SQM que, en su totalidad, estarían vinculados al ex senador gremialista. Según cifró la fiscalía, por concepto de facilitación de boletas presuntamente falsas y donaciones a fundaciones de Longueira (Chile Justo y Fundación Web), Contesse le proporcionó desde SQM la suma de casi $ 720 millones entre noviembre de 2007 y abril de 2013. Esto, tras sumar los montos vinculados a hechos ya formalizados en junio de 2016 -ligados a cohecho y la Ley de Royalty y delitos tributarios- y la incorporación que durante la jornada se hizo ante el tribunal respecto de cinco emisores más.
Código de Aguas
Así, Longueira y Contesse enfrentaron una nueva formalización durante la mañana de este miércoles, también por presuntas gestiones en beneficio de la minera, pero esta vez en relación a modificaciones al Código de Aguas.
Según describió el fiscal Claudio Revecco, los hechos imputados ocurrieron así: "En el mes de noviembre de 2010, Patricio Contesse, en su calidad de gerente de SQM, en el contexto de pagos y beneficios económicos ya descritos, requirió de Pablo Longueira, entonces senador, sus oficios y ejercicios de influencia ante el Poder Ejecutivo para que este (...) instara por la presentación de un proyecto de ley redactado por abogados de la empresa, destinados para fortalecer el proceso de fiscalización de la Dirección General de Aguas, objetivo perseguido por SQM S.A. y sus filiales, para hacer frente a los conflictos suscitados con otras empresas por usurpación de aguas subterráneas que afectaban sus faenas".
Sin embargo, el proyecto de ley -tal como detallaron los fiscales- finalmente no se concretó.
Durante la jornada, la fiscalía además formalizó a ambos imputados porque, según la investigación, una vez ungido como ministro, Longueira incluyó en la agenda de competitividad que activó su cartera un reimpulso a la industria chilena del mineral no metálico litio, lo que para los investigadores significó un "asunto preponderante para la empresa SQM y sus filiales", según aseguró el persecutor.
Respecto de los presuntos beneficios económicos, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, recalcó que "no hay ningún peso de SQM que haya ido a parar al patrimonio" del ex parlamentario, dijo, señalando, además, que "absolutamente ninguna persona ha declarado que don Pablo Longueira le solicitó por sí o por interpósita persona la emisión de alguna boleta o factura a SQM".
En ese sentido, la fiscal Paola Castiglione hizo hincapié en la audiencia acerca de que, según el levantamiento de cuentas, la ruta del dinero apunta a que Longueira ordenó destinar parte de los fondos para las campañas de candidatos de la UDI.
"Parte importante de los dineros asociados a las boletas de honorarios ya individualizadas, cuyos montos fueron pagados por SQM S.A., fueron transferidos o depositados en distintas cuentas corrientes de Carmen Luz Valdivielso (ex jefa de gabinete de Longueira), desde donde, más tarde por instrucciones de Pablo Longuiera, se realizaron aportes o depósitos a distintos candidatos de la UDI", señaló la fiscal.
Además, indicó que el ex ministro solicitó un préstamo de $ 100 millones a Copra S.A., cuyos pagos también fueron saldados a través de los fondos obtenidos desde SQM.