"Jamás presenté ni gestioné proyecto de ley ni iniciativa alguna que tenga relación con la materia". Con esas palabras el ex senador y ex ministro de Economía, Pablo Longueira, se defendió de los antecedentes revelados por La Tercera hoy, los que dan cuenta de una serie de correos electrónicos entre él y el abogado de SQM, Matías Astaburuaga, sobre cambios al Código de Aguas.
En el intercambio, que data de noviembre de 2010, el representante de la minera le sugiere al entonces parlamentario modificaciones al cuerpo legal. Tal como explicó Astaburuaga el 30 de mayo pasado -día en que fue citado a declarar ante la fiscalía- SQM buscaba que un nuevo marco legal "dotara a la Dirección General de Aguas (DGA) de facultades de policía y fiscalización".
Esto, porque según relató el abogado, SQM tenía problemas producto de la extracción ilegal de aguas subterráneas.
"Todos los parlamentarios y las autoridades reciben y solicitan a diario opiniones de la ciudadanía, de gremios, sectores empresariales y sindicales, pero ello no significa, como se quiere insinuar, que ello importe una infracción a la independencia y objetividad en el ejercicio de la función pública", enfatizó hoy Longueira a través de un comunicado.
Del mismo modo, desde su defensa explican que no existe vinculación alguna del ex presidente de la UDI con cualquier modificación al Código de Aguas, expresando, además, que según los antecedentes que manejan, el Ministerio Publico tiene agotada esa arista de investigación.
El proyecto que existe
Exactamente un año y dos meses después del intercambio de correos entre Longueira y Astaburuaga, el entonces Presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de Justicia, Teodoro Ribera; de Obras Públicas, Laurence Golborne y de Medio Ambiente, Ignacia Benítez, presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley titulado: "Modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones".
Según el mensaje número 029-359, presentado el 10 de enero de 2012 el proyecto "pretende introducir ciertas modificaciones al marco regulatorio que rige a las aguas, con la finalidad de aumentar las sanciones por extracciones no autorizadas de aguas".
El abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, aseguró que el entonces ministro de Economía tampoco tuvo participación en la elaboración de este proyecto.
Entre las modificaciones que solicitaba SQM a Longueira en 2010, se sugiere que la nueva ley facultara a la DGA para paralizar las extracciones de aguas subterráneas ilegales. Esto a través de cambios al artículo 299 del Código.
"La inhibición de la Dirección General de Aguas debe concluir. Para ello, es necesario reforzar sus facultades de policía y de vigilancia con respecto de tales aguas subterráneas modificando y perfeccionando algunas de las normas del Código de Aguas con el propósito de dotarla de atribuciones que le permitan poder inmediatamente paralizar la extracción ilegal de aguas subterráneas", se lee en la propuesta que envió Astaburuaga al senador.
En el proyecto de Ley, en tanto, se señala que "la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, podrá ordenar la paralización y el cegamiento de un pozo en caso de acreditarse fehacientemente la extracción de aguas en un punto no autorizado por ella".
Del mismo modo, Astaburuaga reclamaba en el mismo texto que la DGA "no goza de las mismas facultades" que tiene sobre las aguas superficiales como con las aguas subterráneas, argumento que acompañó con la siguiente exclamación: "¡Dicha dicotomía no puede subsistir!".
En el proyecto de 2012 se sugieren modificaciones. "El delito de usurpación de aguas no hace referencia expresa a las aguas subterráneas, lo que en cierta medida ha generado dudas en cuanto a la aplicación de esta norma respecto de aquellas". Al final del proyecto se sugiere agregar a la frase "para aguas superficiales o subterráneas".
El proyecto, sin embargo, aún está en trámite en el Congreso y ha sufrido varias modificaciones.
