Cronómetro en mano, el agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman, y los coagentes Alfonso Silva y María Teresa Infante medían el tiempo exacto que duraba la lectura de cada uno de los alegatos que expondrán los abogados extranjeros ante los jueces de la Corte Internacional de La Haya el jueves 22 y el viernes 23 de marzo, cuando le toque a Chile defender sus argumentos en el juicio abierto por Bolivia para definir si existe una obligación de negociar una salida soberana al mar.
Cada minuto extra significaba un pequeño gallito entre los agentes y los abogados extranjeros que defienden a Chile, reunidos el domingo 21 y lunes 22 en las oficinas que posee el estudio Freshfields en París, al momento de definir el orden y los nombres que representarían al país en estrados en la fase final del juicio, los que de todas formas quedaron ya preestablecidos. Pero el verdadero debate se generó al interior del equipo a la hora de discutir los énfasis que debían adoptar los alegatos. En la preparación de los textos, aseguran fuentes de la defensa, se tomaron en cuenta múltiples detalles, incluso, las conclusiones de dos estudios sicológicos que se realizaron para ayudar a definir los elementos que podían impactar con más fuerza sobre cada uno de los 17 jueces que conformarán ese día el tribunal. Para ello hubo tiempo.
En octubre pasado, menos de un mes después de que Chile entregó la dúplica en la corte, se había fijado esta cita en París para escuchar por primera vez la presentación de los borradores de los alegatos chilenos. Era la única fecha en que coincidían las agendas de los expertos extranjeros contratados por Chile: Daniel Bethlehem, Ben Juratowitch, Jean-Marc Thouvenin, Kate Parlett, Harold Koh, Mónica Pinto y Sam Wordsworth.
Juntar a estos abogados, que representan simultáneamente a muchos países en distintos tribunales internacionales, no es fácil. Por esa razón, aseguran en el edificio Miraflores -sede del equipo chileno de la defensa-, no se impugnó la fecha fijada por la corte el pasado 17 de enero para la realización de la audiencia oral. Pese a que se adelantaban los planes en casi cinco meses de lo presupuestado originalmente, entre el 19 y el 28 de marzo ninguno de los abogados extranjeros que representan a Chile tenía algún impedimento para asistir a La Haya.
La estrategia jurídica que se sigue ante la corte es clara: cerrar uno a uno los flancos que presenta la contraparte paceña para demostrar a los jueces que Chile siempre ha estado dispuesto a conversar con Bolivia, pero nunca lo ha hecho sobre la base de una obligación de ceder soberanía.
Es más, desde que se recuperó la democracia, en 1990, ninguno de los intentos por avanzar en una solución a la aspiración marítima boliviana consideraba el tema de soberanía. Por lo mismo, Chile pondrá especial énfasis en los alegatos en explicar a los magistrados lo que fueron las negociaciones del llamado Acuerdo de Charaña, entre los gobiernos de los generales Pinochet y Banzer, a partir de 1975, cuando se avanzó en la idea de un corredor con soberanía por el norte de Arica, y cómo estas conversaciones finalizaron tres años después en un estrepitoso fracaso, en buena parte por el rechazo boliviano a compensar a Chile con un canje territorial.
En las oficinas de Freshfields en París, además, los abogados extranjeros y los agentes chilenos aventuraron lo que podrían ser los ejes centrales de los alegatos de la contraparte boliviana. Nada de lo que se dirá en los alegatos es nuevo, todos los argumentos y las pruebas ya están contenidos en los documentos escritos que Chile y Bolivia entregaron a la corte durante la primera fase del litigio y que se harán público al inicio de las audiencias.
Sólo en situaciones excepcionales, tras el conocimiento y la anuencia de la contraparte, el tribunal acepta que se incorporen documentos o pruebas nuevas en la fase de los orales. Por eso, lo que se busca en los alegatos es principalmente reforzar ante los jueces determinados hechos, favorables a la causa que esgrime el país, y construir un relato que dé consistencia a los argumentos chilenos.
Pero a la hora de anticipar escenarios de lo que podrían ser los énfasis que colocará Bolivia en sus alegatos, hubo distintas visiones, señalan en el equipo chileno. Algunos abogados se inclinaban porque los demandantes buscarían remarcar en estrado la idea de que Chile está obligado a conseguir el consentimiento de Perú, según la cláusula del acuerdo complementario del Tratado de 1929, un tema que Chile preferiría soslayar, otros sospechan que el foco de los alegatos paceños estaría en los actos y conversaciones que sostuvieron Chile y Bolivia en los últimos 30 años, y otros, por el contrario, que el acento estaría en los hechos del siglo XIX.
Otro de los escenarios que se previeron por la defensa chilena es la urgencia de Bolivia por enfatizar ante la corte que su demanda trata sobre la obligación de negociar con resultados concretos, luego del duro golpe que les propinó el tribunal en el fallo de objeción preliminar, cuando limitó los alcances de la controversia. Frente a cada posibilidad, los agentes chilenos encomendaron a los abogados la redacción de nuevos textos, que serán revisados a fines de febrero en una segunda reunión del equipo en París, para tenerlos listos en caso de que sea necesario incorporarlos durante las audiencias orales, según lo que haga Bolivia el 19 y 20 de marzo, cuando le toque abrir los alegatos.
Desde La Paz, ex cancilleres vinculados a la demanda aseguran, sin embargo, que su país no va a plantear en los alegatos que Bolivia busque una negociación sobre un resultado específico. "Bolivia ha pedido a la corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación", afirmó un ex canciller boliviano -que pidió mantener su nombre en anonimato- a Reportajes, tras participar el martes 24 de una reunión de ex ministros de Relaciones Exteriores con el Presidente Evo Morales, en Palacio Quemado, en la que se analizó la etapa oral del litigio. Según la misma ex autoridad paceña, los énfasis de los alegatos bolivianos estarán puestos en el alcance de la obligación, el tema de la buena fe y en los plazos para que esta negociación se lleve a cabo.
En Bolivia, el trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretón, para convencer al Presidente Evo Morales de bajar el tono con Chile y evitar disputas y declaraciones ofensivas contra autoridades chilenas.
"Hay que crear las condiciones para retomar el diálogo", señaló en marzo el jurista español que asesora a Bolivia en la demanda, palabras que fueron reiteradas en septiembre pasado por Rodríguez Veltzé, en medio del deterioro de las relaciones entre Chile y Bolivia. "Hoy está en manos de los políticos y la diplomacia abrir una oportunidad que permitirá tender puentes y volver a sentarnos, mirarnos y buscar soluciones posibles con afecto, amplitud y generosidad, incluyendo las preocupaciones de todas las partes, incluso las del vecino Perú", dijo en esa ocasión a Reportajes el agente boliviano ante La Haya. Y en noviembre, en un foro académico, el ex canciller Fernández llamó a "crear las condiciones" para una negociación.
En los últimos meses, pese a la crisis política que atraviesa el mandatario boliviano, Morales no ha vuelto a tuitear contra autoridades chilenas.
Según fuentes bolivianas vinculadas al caso, los abogados extranjeros encabezados por Ramírez Bretón, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile. Según la visión de este grupo, este es un proceso largo, que va a tomar tiempo, y en el que hay que evitar los reduccionismos que terminen por bloquear las negociaciones. "No se trata de blancos y negros, hay que buscar aproximar, se pueden encontrar soluciones a medio camino", señalan varios de ellos.
El día después
Algo que evitó el equipo de la defensa de Chile en la reunión de París fue adelantar escenarios de lo que podría ser el fallo de la Corte de La Haya. Todos los cálculos indican que el tribunal dictará sentencia a fines de este año, y aunque falta poco para eso, en Chile no se ha discutido a fondo sobre qué hacer con Bolivia el día después del fallo.
Los expertos que han trabajado en el caso presumen que será una sentencia más bien breve, algunos creen que de no más de 100 páginas, y con una parte resolutiva concisa.
Para el equipo jurídico chileno, el ideal es que la corte sentencie que no existe una obligación jurídica de negociar. Eso es lo medular de la estrategia chilena, y allí han puesto todos los esfuerzos. Si el tribunal determina eso, se caería por sí misma la segunda petición de la demanda boliviana: "Que se declare y juzgue que Chile ha incumplido dicha obligación".
Sea cual sea el resultado del fallo, afirman fuentes ligadas a la defensa de Chile, el consenso que se ha ido construyendo, al menos a nivel de élites políticas, es que Chile no dará a Bolivia una salida soberana que implique romper su unidad territorial. Como tampoco se cree viable que Perú -en uso de la cláusula que le concede el acuerdo complementario al Tratado de 1929- vaya a estar dispuesto a aceptar que se entregue a Bolivia un corredor soberano por el norte de Arica. Pero Bolivia tampoco cejará en su pretensión marítima, sea cual sea el resultado que obtenga en la corte, afirma el embajador en misión especial para el tema de La Haya, Gabriel Gaspar (ver entrevista).
