Ayer comenzó su tramitación legislativa, el proyecto que pretende fortalecer la labor del Ministerio Público y que fue calificado por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera como "la reforma orgánica más importante destinada a la persecución criminal de los últimos 12 años".

Las iniciativas trabajadas en una mesa técnica entre el propio órgano persecutor y los ministerios de Justicia, Interior y Hacienda, buscan la creación de una fiscalía dedicada a los delitos de alta complejidad, la optimización en el trabajo de causas de menor y mediana cuantía, el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos, y el impulso a la carrera funcionaria, que hoy estaba restringida sólo a los concursos públicos.

Los proyectos sumarán más de 70 fiscales y 300 profesionales y funcionarios destinados no sólo a las labores investigativas propias, sino que también a mejorar los flujos de atención y gestiones administrativas al interior del Ministerio Público, con especial atención en los delitos que terminan en la salida de archivos provisionales, principalmente por no tener imputado conocido.

LOS CINCO PUNTOS CLAVES DEL PROYECTO SEGUN EL GOBIERNO
1. Creación de una fiscalía de alta complejidad que contempla una reforma constitucional para igualar a su fiscal jefe a un fiscal regional en materias de designación y destitución. Esta fiscalía podrá intervenir en todo el país en causas vinculadas al tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y lavado de activos, entre otros delitos.

2. Tramitación de causas complejas y menos complejas: La idea del Ejecutivo es que casi 14 mil casos puedan ser resueltos bajo mejores estándares, principalmente en las etapas preliminares de la investigación. Este eje contempla la creación y funcionamiento piloto por 3 años de 4 unidades de análisis criminal y focos investigativos (2 en Santiago y otras 2 en regiones) que permitan diseñar planes de persecución penal estratégica, especialmente en delitos contra la propiedad que significan el 80 por ciento de las denuncias recibidas. Todas serán medidas para identificar su real impacto en la población.

3. Fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos: Se integran 104 funcionarios técnicos con esencial énfasis en casos de violencia intrafamiliar, agresiones sexuales y aquellos delitos en donde se ven involucrados niños y jóvenes.

4. Creación de las figuras de "subrogación" y "suplencia" de los fiscales adjuntos en todo el país, lo que permitirá, en el primer caso, la participación como titular de un ayudante de fiscal perteneciente a la misma región durante un máximo de 30 días; y en el segundo, la suplencia de un fiscal adjunto por otro o por uno asistente cuando el cargo se encontrare vacante, por un periodo máximo de 180 días.

5. Sentar las bases de una carrera funcionaria que impida la migración constante de profesionales altamente calificados al sector privado en busca de mejoras salariales o de desarrollo.