Dentro de las modificaciones que trajo consigo la reforma laboral, que entró en vigencia en abril, uno de los temas que ha generado más debate ha sido la calificación de los servicios mínimos en caso de huelga, proceso que, según la nueva normativa, debe definirse al interior de las empresas 180 días antes de que termine la vigencia del instrumento colectivo más próximo a vencer.

En este sentido, si bien desde el Ejecutivo insisten en que este proceso "ha logrado aplicarse sin mayores contratiempos", varios expertos advierten que esta nueva figura agregó "conflictividad" a las relaciones laborales, y de paso, añadió una carga de trabajo no menor a la Dirección del Trabajo (DT).

Según plantea la nueva normativa legal, los servicios mínimos son aquellas funciones que "deben ser atendidas durante el desarrollo de una huelga, cuando resultan estrictamente necesarias para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes; garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población, incluidas aquellas relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios".

Balance y críticas

Según el último balance de la reforma laboral realizado por el gobierno el 3 de octubre, de 2.177 firmas sólo 410 han solicitado la calificación de servicios mínimos, lo que corresponde al 18,8%. De dicha cifra, en 158 firmas se han producido acuerdos entre las partes, lo que equivale al 38,6%, mientras que en el 61,4% restante ha debido intervenir la Dirección del Trabajo.

"Indudablemente, le agregó conflictividad a las relaciones entre trabajadores y empleadores, porque no es un tema en el que existan muchos acuerdos (...) Además, ha primado una visión muy restrictiva por parte de la DT en la calificación de servicios mínimos", sostuvo Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo.

Por su parte, la también y ex titular de la DT, María Ester Feres, afirmó que "la reforma establece y regula los servicios mínimos de manera muy amplia, a lo que hay que sumarle lo complejo y enredado de los procedimientos para su calificación. De ese modo, es evidente que se trata de una gran carga de trabajo adicional para la DT".

A juicio de los expertos la banca ha sido uno de los sectores económicos en los que ha sido más "complejo" calificar los servicios mínimos. Prueba de ello, según afirmaron, es que la Superintendencia de Bancos (SBIF) ha criticado las últimas resoluciones de la DT.

"Las diferencias de opinión entre el director del Trabajo (Christian Melis) y la SBIF han demostrado que la DT ha sido muy restrictiva. De los casos que se han judicializado varios son de la banca", criticó Álvaro Pizarro, ex director del Trabajo.

En este sector, algunas entidades que ya zanjaron este tema han sido BancoEstado, Banco de Chile, Banco Ripley y Banco Santander.

En otras áreas, las firmas que han definido los servicios mínimos son Masisa, Walmart, Tottus, Minera Escondida, Soprole, Carozzi, entre otras.

Diferencias de criterios

Cabe recordar que los servicios mínimos pueden ser calificados mediante un acuerdo directo alcanzado entre el empleador y las organizaciones sindicales. De no lograrse, es la Dirección Regional del Trabajo la que debe determinar los servicios mínimos, a la que se puede apelar a la DT nacional. "Sin acuerdo entre los sindicatos y los empleadores, el criterio de definición queda en manos de la DT y en esta materia ha tenido un criterio bastante restrictivo", sostuvo el asesor de Sofofa, Luis Lizama.

Albornoz agregó que en las calificaciones realizadas por las direcciones regionales tienen grandes diferencias con las calificaciones que ha realizado el director nacional, Christian Melis.

"En la Dirección Nacional hay un análisis mucho más profundo y mucho más técnico de lo que está pasando en la direcciones regionales, se evidencia que se toma en cuenta a la hora de definir las recomendaciones de los órganos reguladores. Algo que es totalmente contradictorio, porque las direcciones regionales cuentan con mucho más información y con mucho más tiempo", dijo Albornoz.

En las próximas semanas, algunas de las empresas que deberán iniciar las conversaciones en torno a este tema son: Chile Tabacos, Komatsu Chile, Sopraval, Correos de Chile, entre otras.