Los contratos parlamentarios al filo de la Constitución

"Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado (...) la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte".

Aunque la redacción del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile sobre inhabilidades de los parlamentarios es bastante clara, en la práctica ha sido letra muerta. No hay registro de que alguna vez se haya aplicado dicha disposición, que data de los años 40, y en el Congreso muchos de sus miembros parecen desconocer los alcances de la prohibición de hacer negocios con el Estado. Según abogados constitucionalistas, esta norma no se ha utilizado debido a que para hacerlo se requiere que al menos 10 legisladores presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra uno de sus pares, lo que de acuerdo a los expertos es difícil de cumplir (ver página 4).

Sin embargo, la inhabilidad constitucional podría finalmente comenzar a hacerse realidad este año gracias a la nueva Ley 20.880 de Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés, que obliga a los parlamentarios -así como al presidente, ministros, subsecretarios y jefes de servicio- a enajenar o renunciar a "su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado".

La Tercera indagó la participación en sociedades de los 120 diputados y 38 senadores, tanto las que informan en sus declaraciones de patrimonio e intereses como las que figuran inscritas en el Diario Oficial. Luego, con los RUT de estas sociedades, se revisó en el portal de Mercado Público si estas empresas han suscrito contratos con el Estado en fechas posteriores a que asumieran sus cargos en el Congreso. Resultado: al menos una decena de parlamentarios registran, a través de sus sociedades, vínculos comerciales con organismos estatales.

Arriendos y avisos radiales

Entre los casos de contratos que suman más de $ 10 millones se cuentan, por ejemplo, el del senador PPD Eugenio Tuma y su hermano el diputado PPD Joaquín Tuma, ambos representantes de La Araucanía. Ellos, como dueños de la empresa familiar Flamingo S.A., desde 2008 arriendan un inmueble a la Seremi de Transportes de Temuco. El contrato, por un monto de 960 UF al año ($ 25.440.000), se renueva anualmente a través de documentos firmados por el subsecretario de Transportes y por María Soledad Tuma Fagres, representante legal de Flamingo S.A. e hija del diputado Joaquín Tuma.

Eugenio Tuma además figura como principal propietario de Inmobiliaria e Inversiones Nuevas Raíces S.A., de la cual tiene un 92,5% de los derechos, según su última declaración de patrimonio de 2016. A través de esta sociedad controla desde hace una década el 50% de Radio Las Colinas, emisora que registra desde 2013 a la fecha contratos con la Municipalidad de Carahue, para emitir programas de información comunal, por $ 11.400.000 al año. La radio también vende espacios de difusión a otros organismos del Estado, como a la Subsecretaría de Salud Pública y al Gobierno Regional de la Araucanía. En 2014 y 2015 registra contratos con estas entidades por un total de $ 7.463.742.

Otra empresa en que Tuma tiene participación a través de Nuevas Raíces es Forestal Monte Raíces, de la que es dueño en un 50%. Esta sociedad tiene contratos en 2010 y 2011 para venta de madera y leña con la Dirección de Vialidad de la IX Región por $ 17.516.326 en total, otro con la Municipalidad de Freire por $ 5.434.400 y uno con la Subsecretaría de Salud por $ 1.870.000.

El senador Tuma asegura que el año pasado se desprendió de su participación en Nuevas Raíces, Forestal Monte Raíces y Flamingo S.A. para cumplir con la nueva ley de probidad. "No podemos participar en sociedades que tienen contratos con el Estado. Yo no tengo ninguna participación en ninguna sociedad que tenga contratos con el Estado. Ninguna. Es más, no tengo ninguna participación en ninguna sociedad", afirma. Dice que este mes actualizará su declaración de patrimonio para mostrar que se desprendió de esas empresas.

Sin embargo, hasta el minuto, en el archivo del Diario Oficial no se registra que haya vendido su participación en esas sociedades, salvo un movimiento del 6 de enero de 2017, cuando Nuevas Raíces S.A. transfirió sus acciones en Radio Las Colinas a Samia Zeidan, esposa del senador.

Lácteos y cecinas

Otro caso de vínculos con proveedores del Estado es el del diputado PPD Enrique Jaramillo. Él declara en su informe de patrimonio e intereses su participación en la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada (Colun). En dicha cooperativa tiene $ 525 millones, según su declaración. Se trata de una empresa enorme con innumerables contratos con organismos estatales. Por ejemplo: solo en la primera semana de marzo de este año registra 80 contratos con el Estado por más de $ 20 millones.

Sobre el impedimento constitucional a tener sociedades de este tipo, el legislador PPD aseguró que "no hay ningún conflicto en esto, porque mantengo estas cuotas de participación hace más de 50 años. Si hubiese conflicto, ya me habrían echado de mi cargo o habría tenido que venderlo o disfrazarlo, como lo hacen otros". Jaramillo también mantiene participación minoritaria en la cooperativa Cooprel, que entre 2011 y 2016 registra contratos por $ 31 millones con las municipalidades de Río Bueno y La Unión, por instalaciones eléctricas.

Otro parlamentario relacionado con una gran empresa que gana licitaciones con el Estado es el diputado de Amplitud Pedro Pablo Browne. Tras asumir en el Congreso el 2010, y utilizando como vehículo terceras sociedades, mantuvo su participación en la constructora Brotec S.A., cuyo directorio preside su padre, Pedro Browne Covarrubias. Si bien se desprendió del 3,15% de la propiedad de Brotec que mantenía mediante Asesoría e Inversiones Cerro La Cruz, aún es dueño del 16,6% de Inversiones y Asesorías B.U. Ltda., sociedad que comparte con sus cinco hermanos. Esta sociedad compró en diciembre de 2014 el 68,18% de los derechos de Inmobiliaria e Inversiones Los Peumos Ltda. por $ 11.750 millones. Los Peumos, a su vez, es dueña del 15% de Brotec.

En Mercado Público, Brotec Constructora, uno de los brazos de Brotec S.A., registra estos últimos años contratos con el Estado por $ 43 mil millones. Obras de envergadura, por ejemplo, la construcción del nuevo edificio institucional del Ministerio Público, proyecto que adjudicó el MOP el 2013 por $ 13.840 millones o el parque fluvial Renato Poblete, adjudicado el 2012 por $ 14.269 millones.

Consultado por esta participación, el diputado Browne descarta que tenga incompatibilidades entre los contratos de su empresa y su rol de parlamentario. "Yo tengo del orden del 1,76% (de Brotec). Pero no como persona natural, sino a través de las sociedades. Lo que los abogados siempre me plantearon, yo lo pregunté en algún minuto, es que yo no tengo una relación directa, yo soy dueño de una sociedad y esa sociedad participa en otra sociedad y esa es accionista. Entonces los abogados me dijeron que no aplicaba (la inhabilidad)". Browne explica que tendrá que revisar la nueva ley para ver si tiene que desprenderse de sus acciones, pero que, en cualquier caso, este es su último año como diputado.

Quien afirma que sí se deshizo de su participación empresarial es el diputado y precandidato presidencial José Antonio Kast (ex UDI). A través de la sociedad Cecinas Bavaria Limitada, mantuvo desde 2007 más de 300 contratos con el Estado. Kast ingresó como socio a su empresa familiar en 1988 con una participación del 20%. De ahí en adelante, él y su hermano, Christian Kast, son quienes aparecen en los registros del Diario Oficial como los dueños de la empresa. Aunque siempre registraba una participación como persona natural cercana al 0,1%, Kast, quien es diputado desde 2002, mantuvo cerca del 10% de la propiedad a través de otras sociedades como Empresa e Inversiones Bavaria Limitada de 2004 y Empresa e Inversiones Bavaria S.A, creada el 2005. Luego, esta última compañía fue traspasada a una empresa llamada Foods & Merchandising Investments Inc. También creó con su hermano Distribuidora Buin Limitada.

En el Diario Oficial figura que el 29 de diciembre de 2015 cedió su 0,1% como persona natural a su sobrino Cristián Kast Prett. El diputado afirma que también se desprendió de la participación indirecta para cumplir con la nueva legislación: "De todas las sociedades que digan relación con Cecinas Bavaria me retiré el año 2015", afirma Kast. Sobre los posibles conflictos que puedan surgir con el artículo 60 de la Constitución, el diputado dice que deben ser analizados en detalle: "La interpretación que yo he mirado siempre y que ha estado vigente, al menos para mí, es que no había ninguna incompatibilidad".

Escuela de negocios IEDE

Un último ejemplo es el del diputado DC Pablo Lorenzini, parlamentario desde 1998 y quien según su declaración de patrimonio participa en Inmobiliaria e Inversiones Las Cibeles Chile S.A. Se trata del otro nombre de la escuela de negocios IEDE creada en 1995. En 2004 Lorenzini registra junto a varias personas la creación de Inmobiliaria Las Cibeles S.A., otra sociedad vinculada al centro de estudios. El organismo durante 2006 vendió cursos de capacitación a entidades del Estado por $ 24 millones en total. Este instituto, a través de otros RUT, pero con igual domicilio comercial, mantiene contratos vigentes con el Estado.

A fines de 2006 se venden los activos a Laureate Chile, holding que controla las universidades Andrés Bello, Las Américas y el Instituto AIEP. Las Cibeles Chile mantiene en arriendo a Laureate la sede de IEDE en calle General del Canto en Providencia. Según explica Lorenzini, IEDE fue un proyecto que tuvo como académico, pero que tiene sólo un 1,4% de la sociedad y que no ha encontrado la oportunidad para vender.