Ayer comenzó la discusión del primer paquete de la reforma educacional que busca terminar con el lucro en colegios con aportes públicos, financiamiento compartido y la selección en el sistema escolar. Hasta el momento se habían esbozado cifras aproximadas de cuánto podría costarle al Estado implementar una de las más grandes reestructuraciones del sistema. Sin embargo, el informe financiero confeccionado por el Ministerio de Hacienda fija cifras más concretas. Así, por ejemplo, se establece que terminar con el financiamiento compartido en el país le significará al Estado más de $ 520 mil millones anuales (US$ 950 millones), cuando la reforma esté en régimen, es decir, al año 11. Asimismo, el documento de cuatro páginas cifra en $ 233.192 millones (US$ 424 millones) anuales el gasto máximo en que podría incurrir el Ejecutivo por concepto de compra de infraestructura a aquellos sostenedores que decidan vender sus establecimientos. En este caso, el Estado cuenta con un plazo de 12 años para cancelar el monto pactado. Una cifra que al cabo del período establecido podría alcanzar a un máximo de US$ 5.000 millones. 

Al respecto, Rodrigo Roco, asesor del ministro Eyzaguirre, explica que "el marco jurídico chileno nos obliga a establecer distintas opciones a los sostenedores, pero no quiere decir que todos le tengan que vender al Estado. Hay mucha mitología avivando un incendio que no es tal. También te puedes salir del sistema y obtener una rentabilidad mayor. La inversión que ha hecho el sostenedor del colegio particular subvencionado se ha pagado con cargos a la subvención, el Estado las ha pagado; entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es transparentar algo que ya está ocurriendo, pero además, el sostenedor se está llevando una retribución por esa inversión extra", explica.

Roco señala que, "a nosotros nos interesa que aquellos sostenedores que tienen vocación por los proyectos educativos, porque consideran que aportan algo singular, se mantengan".

FIN AL COPAGO

Los dineros calculados por el gobierno para terminar con el financiamiento compartido contemplan el reemplazo de los recursos aportados por las familias a la educación de sus hijos, que anualmente alcanzan US$ 560 millones, y dos nuevas subvenciones: aporte a la gratuidad y la ampliación de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a la clase media.

La actual administración se fijó una meta para terminar con el sistema mixto de 10 años. Tras este plazo, no existirán colegios subvencionados que cobren y que hoy suman 2.171 establecimientos.

La inyección de dineros se hará de manera gradual. En el primer año, por ejemplo, proyectan desembolsar un total de $ 281.107 millones y en el segundo, un poco más de $ 354 mil millones (ver infografía).

Según el académico y economista de la U. Diego Portales Felipe Salazar, en estricto rigor, el desembolso que hace el Estado para terminar con el financiamiento compartido se lo adjudica al aporte de gratuidad que son $ 335.653 millones al año 11. "El cálculo que hace el gobierno no es peso por peso, son más de los necesarios para cubrir sólo el copago de los papás. Lo que está diciendo es que reemplazaremos ese gasto y entregaremos recursos extras, uno de ellos es asumir el descuento que se les hace a los colegios con copago en la subvención". El experto agrega que los dineros calculados "alcanzan y se está inyectando más dinero a la educación".

Un cálculo distinto tiene la investigadora del Centro de Estudios Públicos Sylvia Eyzaguirre: "El Estado se compromete con mil millones de dólares para terminar con el copago y esto sale US$ 4.500 si uno quiere que ningún alumno salga perjudicado. ¿Y la diferencia?, se espera que de alguna manera se invierta en la medida en que se suba la subvención regular, pero ese incremento no está comprometido en el gobierno y queda a voluntad de los gobiernos de turno".

En Chile, 1,3 millones de alumnos están matriculados en un colegio que cobra mensualidad a las familias. De ellos, 65% asiste a un colegio que cobra menos de $ 20 mil, monto que cubrirá el aporte de gratuidad más la subvención para la clase media y que permitirá que se extienda la gratuidad en casi el 80% del sistema. Sin embargo, precisa Eyzaguirre, "el resto de los estudiantes, que son 411 mil alumnos, se verán perjudicados, porque asisten a un recinto que cobra más del aumento de dineros que propone el gobierno".

Para que esto no pase se deberían "aumentar $ 60 mil adicionales a la subvención de gratuidad", dice la investigadora del CEP y agrega que el "problema es que si no se comprometen estos recursos, las familias ni sostenedores sabrán si serán afectadas o no".

FIN AL LUCRO

El proyecto del gobierno apunta a terminar con el lucro y para esto exige que una vez que entre en vigencia la ley, los sostenedores que persiguen lucro (3.470) se transformen en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Además, si el sostenedor lo prefiere, el Estado estará dispuesto a comprarle la infraestructura y terreno a un precio de hasta 105 UF por alumno.

El problema de esto, a juicio de Salazar, es que "muchos recintos preferirán venderle a un mejor postor o se harán particular pagado. Es probable que el gobierno tenga que invertir aún más, por ejemplo, en construir nuevos colegios para esa matrícula".